El milagro de transmutar un convento en un hotel en un santiamén

La jerarquía católica utilizó el nombre de diferentes congregaciones religiosas para inmatricular todos los conventos de clausura ubicados en el centro histórico de Sevilla. Sin embargo, el listado oficial del Gobierno solo recoge la inmatriculación del Convento de Santa Inés.

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Hospedería Luna de San Marcos, ubicada dentro del Convento del Socorro / JUANJO G. MARÍN

Juanjo G. Marín, El Salto, 15 de junio de 2021

Se estima que existen en todo el mundo más de 3.500 monasterios católicos de clausura que, en su inmensa mayoría, acogen a órdenes religiosas femeninas. Tan solo en el Estado español, y si nos atenemos a los datos proporcionados por la propia Iglesia Católica en 2016, hay exactamente 907 conventos o monasterios dedicados a la vida contemplativa. Sin embargo, en los escasos cuatro kilómetros cuadrados que conforman el casco histórico de Sevilla, se agolpan hasta 15 edificios de estas características, lo que según Guillermo Casellas, portavoz de la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Sevilla, convierte a la capital hispalense “en la segunda ciudad de Europa, solo por detrás de Roma, en número de conventos”.

El trabajo de investigación realizado por esta misma plataforma ha permitido constatar, pese a las enormes trabas con que se han encontrado sus integrantes, que la propiedad de estos inmuebles, tras haber sido inmatriculados irregularmente por la jerarquía católica, figura a nombre de congregaciones religiosas como las Agustinas Ermitañas, las Madres Dominicas, las Hermanas Descalzas o las Monjas Cistercienses. Sin embargo, como explica el propio Casellas, “la Conferencia Episcopal juega con dos barajas”, ya que “estas congregaciones son simples asociaciones públicas cuyos bienes, en caso de disolución y según el propio derecho canónico, pasarán a manos de la jerarquía de la Iglesia católica”. No se trata de un dato irrelevante, sobre todo si tenemos en cuenta la falta de vocaciones a que se enfrentan estas comunidades religiosas y que la edad media de las monjas de clausura en el conjunto del Estado se elevó, ateniéndonos a los datos proporcionados por Comisión Episcopal de Vida Consagrada, hasta los 75 años en 2016.

“Estas congregaciones son simples asociaciones públicas cuyos bienes, en caso de disolución y según el propio derecho canónico, pasarán a manos de la jerarquía de la Iglesia católica”

Así, por ejemplo, en el otoño de 2018 se anunciaba el “cierre temporal” del Monasterio de Santa María del Socorro, ubicado en la céntrica calle Bustos Tavera. Las pocas hermanas concepcionistas franciscanas que aún residían en el convento hubieron de trasladarse a un edificio que la misma orden posee en Mairena del Aljarafe. Sin embargo, en el mismo espacio físico que ocupaba el convento, llevaba en funcionamiento al menos desde el año anterior la Hospedería Luna de San Marcos, un negocio que publicita en Internet sus ocho habitaciones a precios bastante atractivos (de 32 a 35 euros por noche). Sin embargo, como denuncia Guillermo Casellas, a día de hoy no es posible conocer si el inmueble sigue perteneciendo a la Orden de la Inmaculada Concepción, a la Archidiócesis de Sevilla o si ha pasado a formar parte de un grupo empresarial. La razón es que “el Registro de la Propiedad número 15 de Sevilla se niega a darnos estos datos, que deberían ser públicos, alegando que no somos parte interesada”.

No es el único caso, puesto que el mismo Registro de la Propiedad nº 15 de Sevilla también se niega a facilitar los datos relativos al Convento de Santa Paula, donde, según la información suministrada por el Arzobispado al diario ABC en 2019, también se quería instalar una hospedería. En cualquier caso, hay un dato objetivo que muestra la falta de transparencia de los registradores de la propiedad de Sevilla: en el listado oficial del gobierno —elaborado por los propios registradores— solo figura el Convento de Santa Inés como bien inmatriculado, a pesar de que la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Sevilla ha comprobado y puede demostrar que todos los conventos de clausura sevillanos fueron inscritos irregularmente por parte de la jerarquía católica.

¿Hospederías o pisos turísticos?

La Hospedería Luna de San Marcos, ubicada en el Convento de Santa María del Socorro, está aparentemente gestionada por una empresa privada o, al menos, por personas ajenas a la Congregación de las Hermanas Concepcionistas Franciscanas. Su director responde al nombre de José Manuel Ferrari Roca y explica en plataformas de reserva como Booking.com en las que interactúa con los clientes frecuentemente, que su negocio logra “cumplir con un fin social”, ya que “parte de los beneficios se destinan al monasterio”.

No obstante, ya con anterioridad funcionaban en Sevilla al menos otros dos establecimientos de similares características que se ubican en el interior de conventos de clausura y que sí parecen estar gestionados por las propias órdenes religiosas. Por un lado, en la calle Cardenal Spínola 8 se ubica la Hospedería Convento de Santa Rosalía, que funciona en régimen de albergue y en la que se puede pernoctar por el módico precio de 25 euros la noche. Por otra parte, en la Calle Reposo 9 se sitúa la Hospedería del Real Monasterio de San Clemente y que, sin embargo, permanece cerrada desde el inicio de la pandemia. No obstante, la Archidiócesis de Sevilla anunciaba hace escasamente dos años su intención de abrir al menos otros cuatro negocios similares en el mencionado Monasterio de Santa Paula —cuya información bloquea el Registro de la Propiedad número 15 de la ciudad—, así como en los conventos de San Leandro, Santa Inés y Madre de Dios.

El portavoz de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla, Guillermo Casellas, denuncia que “estos establecimientos funcionan sin pagar impuestos, estando exentos incluso de pagar el IBI” y apunta que, “por su propio funcionamiento y características, se parecen mucho más a pisos turísticos que a hoteles”.

Bienes expoliados, rehabilitación con fondos públicos

Casellas explica que la plataforma de la que es portavoz “no quiere echar a las religiosas a la calle o que no se respete el culto contemplativo que practican”, aunque recalca que “no es de recibo que esos bienes públicos hayan sido expoliados por la jerarquía católica y que, pese a ello, el Ayuntamiento de Sevilla siga invirtiendo fondos públicos millonarios para su restauración”. Y es que todos y cada uno de los conventos que se ubican en el centro de Sevilla, al haber sido construidos antes de 1869 —fecha en la que la Iglesia católica adquiere por primera vez entidad legal para poseer bienes inmuebles—, deberían ser propiedad pública.

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Uno de los laterales del Convento de Santa Rosalía, donde funciona una hospedería en régimen de albergue / JUANJO G. MARÍN

Todos y cada uno de los conventos que se ubican en el centro de Sevilla, al haber sido construidos antes de 1869, deberían ser propiedad pública

Es en el siglo XIX cuando se abre en el Estado español, al igual que en el resto de Europa, un importante debate sobre cómo poner fin al modelo confesional existente y separar definitivamente Iglesia y Estado. Será en la Constitución de 1931 cuando se aclare la cuestión patrimonial: templos y monasterios edificados antes de 1869 adquieren la condición de monumentos y son, por tanto, patrimonio público. No obstante, la misma Constitución de 1931 establece que los usos religiosos de esos espacios monumentales serán protegidos y garantizados, a pesar de que la propiedad recaiga en el Estado. Sin embargo, la dictadura de Franco retornó a un modelo confesional, en el que no existía separación entre Iglesia y Estado y en el que, además, a obispos y arzobispos se les reconocía la condición de fedatarios públicos, lo que les equiparaba a notarios.

El gran problema es que la Constitución de 1978, pese a definir España como un Estado aconfesional, ni revirtió las inmatriculaciones que se produjeron durante el Franquismo ni cerró la puerta que permitía a la jerarquía católica seguir inmatriculando inmuebles a su favor. Aznar, ya en 1998, reformó la Ley Hipotecaria y reforzó aún más la posición de obispos y arzobispos. Entre 1998 y 2015, fecha en la que se derogó la reforma, la Iglesia Católica inmatriculó a su favor —en la inmensa mayoría de los casos sin ninguna documentación acreditativa de propiedad— 35.000 bienes inmuebles como mínimo. No obstante, como ya contamos en un reportaje anterior, la cifra real de inmatriculaciones podría ser hasta tres o cuatro veces mayor.

El portavoz de la Plataforma para la Defensa del Patrimonio de Sevilla lamenta “el mal estado de conservación de la mayor parte de estos conventos, a pesar de que quien dice ser su propietario, en este caso la Archidiócesis de Sevilla, tiene una economía muy saneada”. Las cifras hablan por sí solas: en 2019 la Catedral de Sevilla y la Giralda recibieron aproximadamente 2.300.000 visitas, que debieron proporcionar a las arcas eclesiásticas más de 20 millones de euros, exentos de impuestos.

El Ayuntamiento de Sevilla, sin embargo, sigue decidido a invertir ingentes fondos públicos en la restauración de estos inmuebles. Hace escasamente siete meses, el Consistorio presidido por Juan Espadas anunció una nueva inversión de más de 280.000 euros destinada a los conventos de Madre de Dios, San Leandro y Santa Inés, en los que, junto al Convento de Santa Paula, la Iglesia prevé instalar nuevas hospederías. Parte de esa inversión, concretamente 75.000 euros, se destinará también a rehabilitar la capillita de San José, auténtica joya del barroco sevillano que, como recuerda Casellas, “aún no está inmatriculada por la Iglesia y, por tanto, el Ayuntamiento no debería desperdiciar esta ocasión para inscribirla como bien de dominio público”.

A las ocho habitaciones de que dispone la Hospedería Luna de San Marcos hay que sumar otras seis de la Hospedería del Monasterio de San Clemente y un número indeterminado de plazas para la pernoctación que se ofertan en la Hospedería del Convento de Santa Rosalía. No obstante, de momento la suma total de estas plazas parece quedar lejos de las 42 habitaciones de que dispone el Hotel Los Seises, de cuatro estrellas y ubicado junto a la Catedral de Sevilla en antiguas dependencias del Palacio Arzobispal, que desde 1992 ha sido ya gestionado por al menos tres grupos hoteleros diferentes que han abonado una importante renta al Arzobispado de Sevilla.

Pero, ¿qué sucederá el día de mañana con todo ese valioso patrimonio arquitectónico, cultural y antropológico que son los conventos de clausura de Sevilla? ¿Intentarán las Administraciones públicas revertir el expolio sufrido o, por el contrario, tendrá la jerarquía católica las manos libres para administrar a su antojo esos valiosos bienes? ¿Se convertirán los 15 conventos de clausura existentes en el centro de Sevilla en hoteles y hospederías? Lo que parece evidente es que el Arzobispado de Sevilla ha comprendido que el boom turístico experimentado por la ciudad en los últimos años le puede dar pingües beneficios, mucho mayores aún si están exentos de pagar impuestos. Y el negocio es aún más redondo si las Administraciones públicas siguen invirtiendo fondos públicos para la rehabilitación de edificios que han sido expoliados y que van a ser explotados económicamente por el Arzobispado de Sevilla. Con la Iglesia hemos topado.

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Lo que la Iglesia expolió: radiografía de las inmatriculaciones en Andalucía

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