La Justicia tumba la resolución del Consejo de Transparencia: el Gobierno no tendrá que entregar el listado de los más de 30.000 bienes inmatriculados por la Iglesia

Juan Carlos Campo, Ministro de Justicia, y Pedro Sánchez

Maldita.es, 24 de diciembre de 2020

El Gobierno no tiene que entregar el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia Católica, que consta, por lo menos, de más de 30.000 templos y fincas. El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid ha dado la razón al Ministerio de Justicia y, por lo tanto, queda anulada la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que instaba al ministerio a darle una copia Maldita.es de la lista con las fincas y edificios que la Iglesia registró como propios desde 1998 sin tener que demostrar los derechos de propiedad sobre esos bienes.

Maldita.es solicitó ese listado elaborado con la información del Colegio de Registradores que el Gobierno debía entregar hace tres años al Congreso, cosa que aún no ha hecho, a pesar de que el Gobierno de Pedro Sánchez dice que lo está realizando desde 2018. El Ministerio de Justicia decidió no hacerlo público, pero el Consejo de Transparencia estimó que sí debían entregarlo a este medio de comunicación. Ahora el juzgado ha dado la razón al Ministerio de Justiciaque recurrió la resolución del CTBG.

FALLO

1.-Estimo la demanda rectora de esta Litis y, en consecuencia, anulo la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno aquí impugnada por ser contraria a derecho.
2.-Impongo al Consejo de Transparencia y buen Gobierno el pago de las costas procesales.

Fuente: Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid sobre el recurso interpuesto por el Ministerio de Justicia contra la resolución del Consejo de Transparencia.

La sentencia del juez Luis Alfredo de Diego falla, dando la razón a lo que argumentó la Abogacía del Estado, que la información solicitada por Maldita.es está en curso de elaboración y que, por lo tanto, no puede ser entregada.

El magistrado también señala que cuando el estudio sobre estos bienes esté terminado será remitido a la Cámara Baja y publicado en el boletín de las Cortes Generales, ya que lo solicitó el propio Congreso. La sentencia interpreta que debido a eso el listado de bienes debe ser considerado información en curso de publicación, otra de las causas de inadmisión de las solicitudes de información que recoge la Ley de Transparencia.

Tres años de retraso para realizar el estudio sobre los bienes inmatriculados a pesar de las promesas de PSOE y Podemos

El Congreso de los Diputados instó al Gobierno a elaborar un estudio en abril de 2017, a propuesta del PSOE y bajo el mandato de Mariano Rajoy. Ese estudio debía recoger todos los bienes inmatriculados desde 1998 por la Iglesia Católica y se debía entregar como tarde en noviembre de 2017. Pero el Gobierno de Rajoy nunca llegó a entregar la lista de bienes inmatriculados.

“El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el plazo improrrogable de seis meses desde la aprobación de esta Proposición no de Ley, elabore un estudio en el que se recojan todos aquellos bienes que desde 1998 han sido inmatriculados a favor de la Iglesia Católica, y proceda a reclamar la titularidad del dominio o de otros derechos reales inmatriculados a favor de la misma, si dicha inmatriculación se hizo  sin la necesaria existencia de un título material y previo que justifique la titularidad del derecho real sobre el bien inmueble que se trate, o cuando el mismo sea o haya sido un bien no susceptible de propiedad privada por ser de dominio público, aún en el supuesto de que esté catalogado formalmente como tal, si históricamente gozó de esa presunción o tratamiento”

Fuente: Proposición no de ley del 4 de abril de 2017 aprobada por la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados a petición del grupo parlamentario socialista en la que se insta al Gobierno a elaborar un estudio en el que se recojan todos los bienes inmatriculados por la Iglesia.

A pesar de que la proposición no de ley se aprobó a instancias del grupo parlamentario socialista, el Gobierno de Pedro Sánchez tampoco ha hecho público el estudio con ese listado de bienes. Unidas Podemos ha llegado incluso a pedir en distintas ocasiones que se cancelen estas inmatriculaciones. Pedro Sánchez, por su parte, decía que había que “acabar con las inmatriculaciones de la Iglesia”. Así lo defendió en un acto en abril de 2017 en Córdoba, la ciudad, precisamente, donde hay uno de los bienes inmatriculados más conocidos: la Mezquita-Catedral de Córdoba.

El propio Ejecutivo de coalición recogió en su acuerdo de Gobierno que harían “las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros”.

El Gobierno ha dicho al juzgado que aún no ha terminado el estudio con el listado de todos los bienes

Aún con esas promesas de PSOE y Podemos, el Gobierno asegura que aún no ha terminado el estudio. Así lo certificó Sofía Puente, la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, en un documento que la Abogacía del Estado utilizó para reclamar a la Justicia que se desestimara la resolución del Consejo de Transparencia.

Así se acredita a través del certificado aportado por la Abogacía del Estado como documento número 1, suscrito por la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública con fecha 20/02/2020;

No existe en el Ministerio de Justicia un estudio definitivo o provisional sobre los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia Católica desde 1988 en cumplimiento de la Proposición no de Ley  del Congreso de los Diputados de 4 de abril de 2017

Fuente: Sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid sobre el recurso interpuesto por el Ministerio de Justicia contra la resolución del Consejo de Transparencia.

Debido a ello el juzgado considera que la información aún no está terminada y que, por lo tanto, no se le puede exigir el estudio al Gobierno. El juez también asegura que las comunicaciones entre el Ministerio de Justicia y el Gobierno, que publicamos en Maldita.es, tampoco son un motivo de peso para que el departamento de Juan Carlos Campo deba entregar la información con la que cuenta.

En esos oficios se puede ver como en julio de 2018 Francisco Javier Gómez, por aquel entonces director general de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia, pidió al Colegio de Registradores que modificara el listado de bienes inmatriculados que les habían entregado medio año antes “a los efectos de contestación a las preguntas surgidas sobre esta cuestión a través del Portal de la Transparencia”. A pesar de ello, el ministerio no entregó nada y recurrió la resolución del Consejo de Transparencia ante la justicia, que ahora les ha dado la razón.

El juez considera que esos datos aún no estaban completos, ya que la primera vez que el Colegio de Registradores envía la información al ministerio, en diciembre de 2017, sólo incluía los bienes inmatriculados de los que habían informado 829 registradores, pero seguían faltando los de otros 254. Por ello, y porque “en cualquier caso, esa información requería posteriormente un tratamiento, una depuración para su inclusión en el estudio”, el juez considera que la información que recibe el ministerio no está terminada y que es auxiliar contradiciendo claramente lo que interpretaba el Consejo de Transparencia.

Este es uno de los principales argumentos de la sentencia, aunque el juez cita más causas para desestimar la resolución del Consejo, como que la información solicitada es de carácter abusivo o que parte de ella se somete a un régimen de acceso propio, como sería el caso de la información catastral. El Gobierno, incluso, llegó a defender que a la Iglesia Católica no se le había dado la oportunidad de alegar en el proceso como tercero afectado. Pero el juez ni siquiera entra a fallar sobre este punto, ya que no considera necesario hacerlo en este caso al haber desestimado ya por el resto de la argumentación la resolución del Consejo.

El Consejo de Transparencia no ha recurrido la sentencia, pero aún queda otro caso en los juzgados

La sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Madrid es firme. El Consejo de Transparencia ha confirmado a Maldita.es que no la ha recurrido y, por lo tanto, la resolución de este órgano encargado de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia ha quedado desestimada.

Pero aún queda pendiente otra sentencia sobre el listado de bienes inmatriculados. La periodista Elena Sevillano, de El Paíspidió la misma información y el Consejo de Transparencia también estimó su reclamaciónAquel caso también acabó recurrido por el Ministerio de Justicia, pero aún no ha habido sentencia.

La Iglesia inmatriculó casi 35.000 templos y otro tipo de edificios y fincas según el Colegio de Registradores

A pesar de la sentencia, lo que sí conocemos es que entre 1998 y 2015 la Iglesia registró sin tener que demostrar los derechos de propiedad por lo menos un “total de 34.984 fincas”, según el Colegio de Registradores. La comunicación en la que los registradores entregan el listado de estos bienes al ministerio de Justicia dice que “18.535 se refieren a templos de la Iglesia o dependencias complementarias a los mismos y 15.171 a fincas con otros destinos”según pudo comprobar Maldita.es a través de la petición de acceso a la información pública que dio lugar a este caso judicial. Estos son los únicos datos seguros a día de hoy sobre el listado que, al menos por ahora, no se va a hacer público.


Vía Europa Laica
Texto de la sentencia

 

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