
Plenario Conferencia Episcopal Española / EFE
Ana Pardo de Vera, Público, 3 de octubre de 2021
No sé si nuestros gobernantes y políticos son tan ingenuos como parecen a veces o simplemente, se lo hacen. Tampoco sé qué es peor de las dos cosas, porque si hablamos de ingenuidad, entramos en la incapacidad de ser conscientes de las cuestiones de fondo de los problemas que atañen al país, y si nos referimos a hacer la vista gorda, el cinismo rayano con la crueldad resulta insoportable hasta para quienes estamos curados de espanto.
Hace unos días, gracias al preciso y valiente testimonio de Marta Vigara en la Ser, contando su experiencia sobre un aborto por un embarazo de riesgo, pudimos conocer en toda su dimensión y muy bien ilustrada la distancia que existe entre aprobar leyes que amplíen derechos y libertades y la garantía de que se cumplan. El testimonio de la médico Vigara, víctima de una despiadada violencia institucional y obstetricia, inauguró un camino informativo con el que llevamos ya varios días. Por desgracia, además, la espita que abrió Marta es una fuente inagotable de casos abocados al dolor y al sufrimiento, porque en España no se garantizan los derechos al aborto y a la eutanasia. Entre otros, sin duda, como el de la cobertura de la dependencia, la vivienda digna, la salud mental, etc. etc.
Todos estos derechos básicos se recogen en leyes meridianamente claras, aprobadas por mayoría de la voluntad popular representada en las Cortes e, incluso, en muchos casos, plasmados en la Constitución Española de 1978, manoseada para las cosas de hiperventilados (banderas, unidad territorial, himnos y monarcas) e ignorada para estas otras del vivir que cito.
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