Bolaños y el gobierno de Pedro Sánchez deberían atreverse a ir más allá y revocar el Concordato. Eso sí sería algo cercano a una verdadera reparación integral de las víctimas de los abusos clericales
A los obispos les ha causado malestar que las víctimas de abusos sexuales en el seno de la iglesia católica española se reúnan en la Moncloa con la Presidencia del Gobierno. Donde dice seno, léase sotana, léase al lado de la sotana, léase enfrente de la sotana, léase encima o debajo de la sotana. Donde dice seno, léase violación de menores.
Las asociaciones de víctimas de la violencia sexual de los obispos se reunirán el lunes en la Moncloa ante el hecho de que los obispos las hayan dejado fuera de la comisión que decidirá las indemnizaciones a las que el Plan de Reparación Integral para Víctimas de Abusos (PRIVA) obliga a los curas. La desfachatez de la Conferencia Episcopal no tiene límites. Seguro que los obispos se llevaron el sábado la mano libre a la cabeza y, como si fueran radfems con falda larga, llamaron pederastas a quienes se manifestaron por los derechos LGBTBIQ+. Hipócritas: en el borrador del Plan que presentarán el martes, cuya redacción se ha visto forzada por la investigación que ha llevado a cabo el Defensor del Pueblo, no atienden a las recomendaciones de éste ni a las peticiones de los supervivientes y sólo incluyen a las víctimas de los casos prescritos de su violencia y de aquellos donde no haya habido intervención judicial. Es decir, no habrá indemnizaciones para todas las víctimas.
Enfado “mayúsculo” de la Iglesia con el Gobierno: “Usa a las víctimas de abuso para su interés político”
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en los pasillos del Congreso durante el pleno extraordinario de este jueves / Fuente: Mariscal (EFE) _______________________
Sin embargo, el Gobierno se ha adelantado a la Conferencia Episcopal y, antes de que apruebe su plan, mantendrá un encuentro este lunes a las 12:30 h. con varias de las asociaciones de víctimas para escuchar sus reivindicaciones, asegurarles su apoyo y, en su caso, anunciar nuevas medidas. El encuentro tendrá lugar en el complejo de Presidencia del Gobierno, y ha sido convocado por la directora general de Libertad Religiosa, Mercedes Murillo.
El vicario del párroco de San Félix Africano, un testigo clave, confirmó todo antes de morir tras la denuncia de una víctima, a la que la diócesis ha ocultado la verdad durante más de un año
José Mariné Jorba, párroco de la iglesia de San Félix Africano de Barcelona, acusado de abuso de menores en los años setenta __________________
El arzobispado de Barcelona ha admitido un grave escándalo de pederastia oculto durante décadas en la iglesia de San Félix Africano, un caso desvelado por EL PAÍS tras una acusación de abusos al párroco, José Mariné Jorba, en los años setenta. Uno de sus antiguos monaguillos, Aurelio Álvarez, lo denunció en 2023 en el arzobispado, que ahora le ha informado de que la investigación canónica abierta ha desvelado un escenario de horror que describe una red de pederastia organizada en torno a los niños de la parroquia, situada en el barrio Ciutadella-Vila Olímpica: el cura disponía de un piso donde llevaba a los monaguillos para agredirlos sexualmente, una vivienda gestionada por otro cura más joven por donde pasaban otros adultos, que acudían incluso con una contraseña.
Así lo ha confirmado un testigo clave, el vicario parroquial, Pere Muñoz, que había guardado silencio hasta ahora tras asistir durante años a sus abusos ―Mariné, que antes pasó por Santa Coloma de Gramenet, fue párroco en este lugar hasta 1990―. El arzobispado ha permitido a Álvarez leer su declaración, según ha relatado a este diario.
Exalumnos del colegio de Jesuitas Casp en Barcelona consideran «imprescindible» que los Mossos d’Esquadra, la Fiscalía y las consellerías de Educación y de Justicia actúen de oficio ante los abusos sexuales cometidos por parte de religiosos del centro hacia menores que estudiaban en él. Y urgen a la orden a entregarles toda la documentación que tienen sobre las agresiones sexuales.
En un comunicado hecho público este pasado viernes, que ve la luz un año después de que saltasen a la esfera pública los abusos sexuales cometidos por religiosos hacia alumnos y alumnas en el centro de Jesuitas Casp, el colectivo –muy crítico con la investigación y el proceso de reparación que están llevando a cabo los jesuitas– también considera «imprescindible» que la policía catalana, el ministerio público y el Govern «actúen de oficio» ante los abusos cometidos en el colegio religioso.
En mayo de 2023, varios exalumnos del colegio se movilizaron, crearon un grupo de apoyo a posibles víctimas y 234 antiguos estudiantes del centro firmaron una carta pidiendo acciones más contundentes a los responsables del colegio ante las denuncias de abusos, y que se abriese la vía de la justicia ordinaria contra el religioso Francesc Peris, acusado de abusos sexuales a menores y que en las últimas semanas ha acabado reconociendo los hechos.
Sumar considera incompleto el documento porque cree que es la Iglesia la que debe pagar las indemnizaciones. La iglesia, señalaba en nota de prensa la CEE, «no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales». Las víctimas critican el «rescate a los obispos».
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la ministra Portavoz, de Educación, Formación Profesional y Deporte, Pilar Alegría en rueda de prensa posterior al Consejo de MInistros | Foto: EP _____________
Fuentes: SER (Adela Molina); El País (Julio Núñez-Íñigo Domínguez); El Plural (Roberto Ugena); El Diario (Natalia Chientaroli-Alberto Ortiz-Jesús Bastante); 23 de abril de 2024
El Gobierno ha aprobado este martes el Plan de Repuesta e Implementación del Informe del Defensor del pueblo sobre Abusos Sexuales en el Ámbito de la Iglesia Católica y el Poder de los Poderes Públicos, impulsado por el Ministerio de Presidencia y Justicia de Félix Bolaños.
El Consejo de Ministros ha dado luz verde al texto que tendrá vigencia hasta 2027 y que, entre otras cosas, contiene indemnizaciones a las víctimas, la organización de un acto público y una batería de medidas en materia de prevención, formación e investigación. Recoge así el guante que lanzó el Defensor del Pueblo, que en un informe que le pidió el Congreso sobre la cuestión calculó que el 1,13% de la población ha sufrido abusos en ámbitos relacionados con la Iglesia (unas 450.000 potenciales víctimas) y proponía que se creara un fondo para compensarlas económicamente.
Vista la “respuesta insuficiente” que la Iglesia está ofreciendo a las víctimas de pederastia, el Gobierno indemnizará a todas las personas que hayan sufrido abusos por parte del clero y cuyos casos hayan prescrito penalmente. “Las conclusiones del Defensor fueron claras y contundentes”, ha asegurado Bolaños en la rueda posterior al Consejo de Ministros, que ha señalado que “la Iglesia católica durante décadas no dio respuesta a esta situación” y que “como Gobierno queremos prevenir, reparar y tratar de saldar la deuda que tiene nuestra sociedad y democracia con las víctimas”.
El borrador del plan pendiente de aprobarse en el Consejo de Ministros, al que ha tenido acceso El Periódico de España, recoge la adopción de medidas, tanto legales como administrativas, para facilitar el reconocimiento y reparación a las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, durante su reunión con el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, el pasado jueves en La Moncloa. / CEE _______________
El Gobierno llevará al Consejo de Ministros en las próximas semanas el plan de choque sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para datar de un estatus jurídico a las víctimas y regular las indemnizaciones aún en los casos prescritos penalmente. El borrador del plan promovido por el ministerio de Presidencia y Justicia, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, recoge la adopción de medidas, tanto legales como administrativas, “para permitir el reconocimiento y reparación de las víctimas de abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia católica en los casos en que, por prescripción del delito u otra causa, no hubiera sido posible el ejercicio de la acción penal”.
Para las compensaciones económicas, el Gobierno impulsará diferentes modificaciones legales con el objetivo de que “la extinción de la responsabilidad penal por la prescripción del delito en los casos de abusos sexuales a menores no limite el ejercicio de la reclamación de la responsabilidad civil conforme a la regla general”. Concretamente, iniciando el cómputo del plazo de prescripción de la acción civil, siempre que no se haya renunciado a su ejercicio, una vez que el delito haya prescrito.
La lista secreta que revela la gestión de los casos de órdenes y diócesis descubre más de un centenar de sentencias y resarcimientos económicos. En algunos casos, los obispos adelantan la suma y la descuentan del sueldo del sacerdote
El cardenal Juan José Omella, presidente de los obispos cuando estalló el escándalo de pederastia, en una foto de archivo de una celebración de Semana Santa / Matthias Oesterle (Zuma Wire/DPA – Europa Press) __________________
Íñigo Domínguez, Julio Núñez, El País, 8 de abril de 2024
La Conferencia Episcopal (CEE) y la Iglesia católica española nunca han querido revelar cuántas condenas judiciales han tenido por casos de pederastia del clero ni las indemnizaciones que han pagado, tanto en los tribunales como en acuerdos particulares. Son datos, como otros, que siempre han ocultado, pero sobre él arroja algo de luz la lista secreta con la gestión de los 806 casos admitidos por la Iglesia, revelada por este periódico y que se puede consultar en formato PDF al final de este artículo. Es la relación de denuncias reconocidas por diócesis y órdenes que redactó y filtró a los obispos Alfredo Dagnino, el topo de la CEE en la auditoría del bufete Cremades & Calvo-Sotelo, luego despedido por ello. En ese informe, que recortaba el número de casos y dejaba fuera más de 300 ya reconocidos, se citan más de un centenar de condenas e indemnizaciones.
Su interés estriba en que son referencias para las futuras compensaciones que se ha comprometido a pagar la CEE, aunque no ha aclarado de momento qué baremos utilizará. Hasta ahora, cada orden o diócesis va por libre, según su criterio. Toda esta información, recopilada en el trabajo de Dagnino, desapareció del informe Para dar luz que la CEE publicó luego, el pasado mes de diciembre. El documento de los obispos, en realidad, asumió tal cual toda la contabilidad de casos del letrado y copió literalmente casi todo su texto, hasta las erratas, pero dentro de la opacidad habitual en la Iglesia española, ocultó todos los detalles relevantes sobre cada caso.
Miguel Hurtado solicita 150.000 euros por las secuelas sufridas y el monasterio, que ahora apela a la presunción de inocencia del monje Soler, mantiene que la responsabilidad civil está prescrita
Miguel Hurtado, víctima de pederastia en la Iglesia, solicita crear una Comisión de la Verdad ______________
Patricia Martín, El Periódico, 5 de febrero de 2024
El Monasterio de Montserrat rechaza pagar una indemnización de 150.000 euros a Miguel Hurtado, el denunciante que destapó los abusos sexuales en la abadía, escándalo que se ha saldado con tres monjes acusados y alrededor de una quincena de víctimas localizadas.
La abadía se niega a indemnizar a Hurtado porque considera que la responsabilidad civil extracontractual derivada del abuso sexual, cometido entre 1998 y 1999, está prescrita, tanto penal como civilmente. Asimismo, defiende la presunción de inocencia del monje Andreu Soler, fundador y responsable del movimiento ‘scout’ del monasterio durante 40 años.
La CEE remarca que en el caso de que la víctima tenga que recibir una indemnización, la deberá pagar el agresor, y si ha fallecido, lo hará la diócesis o la orden religiosa a la que pertenezca como responsable civil subsidiaria
Los obispos españoles crearán “una comisión nacional de arbitraje” para estudiar las denuncias de abusos y reparar a las víctimas de los casos que hayan prescrito judicialmente, incluso si el acusado ha fallecido. Así lo ha avanzado este jueves el secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el obispo César García Magán, durante una rueda de prensa en Madrid. La comisión permanente de los obispos —uno de los órganos de decisión de la CEE— se ha reunido este martes y miércoles para debatir sobre uno de los puntos claves del escándalo de la pederastia en la Iglesia: la reparación de las víctimas y cuál será el modelo para pagar las indemnizaciones.
De momento, los prelados tienen un borrador de un plan integral de reparación —no solo económica, también psicológica y espiritual— del que no dan muchos detalles y que se presentará para su aprobación en marzo ante la plenaria de todos los purpurados españoles. Pero su secretario y portavoz ya ha informado sobre las líneas principales que van a seguir. Esta comisión nacional se apoyará en otra que se encargará de hacer un baremo de las indemnizaciones a pagar, siempre caso por caso. Ambos equipos, añade García Magán, estarán formados por expertos “reconocidos y con una pluralidad de procedencia” del ámbito jurídico, civil, canónico, médico y psicológico y solo analizarán los casos que no tengan recorrido en la justicia penal por prescripción o dentro de los tribunales eclesiásticos.
La auditoría dice que la Iglesia “debe asumir la responsabilidad” de compensar a las víctimas, reclama un fondo mínimo de 50 millones de euros e indemnizaciones de entre 6.000 y 100.000 euros, mientras la Conferencia Episcopal insiste en que el informe contiene “errores”
Omella recibe el informe de la auditoría encargada a Cremades & Calvo Sotelo / CEE __________________
“El Informe-Auditoría realiza básicamente una recopilación de casos aparecidos en estudios previos, sin realizar un estudio en profundidad de los mismos y comete errores de concepto como el de considerar como denuncias distintas las realizadas en las diócesis y las del Dicasterio que tienen su origen en las anteriores”. La Conferencia Episcopal, que ha gastado más de 1,3 millones de euros en un informe sobre abusos en la Iglesia encargado al bufete Cremades&Calvo Sotelo, considera ahora que dicho trabajo no es profesional y, de hecho (y frente a lo que se había anunciado), ha optado por no presentarlo en su integridad. Al menos, por el momento.
¿Qué han hecho los obispos? Rebajar su importancia. En realidad incorporar lo que han recibido del bufete para actualizar su propio informe que han titulado Para Dar Luz, en el que incorporan los datos y recomendaciones tanto de la auditoría como del Defensor del Pueblo, en un complejo informe de 1.031 páginas, que se han limitado a colgar en la web de la Conferencia Episcopal, sin mucha más explicación.
Posted by asturiaslaica 
