Si el CPEE (Centro Público de Educación Especial) “Cruz de mayo” de Hellín es de la JCCM… ¿Por qué aparece entre los bienes a nombre del Obispado de Albacete?
Fernando Cuartero Gómez, como coordinador regional de Europa Laica y este infrascrito miembro de la Coordinadora estatal de Redes Cristianas, en nombre de Recuperando, presentamos en la Casa Perona de Albacete, una solicitud dirigida al presidente regional de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, para que identifique y haga pública las inmatriculaciones de la ICAR en nuestra región que constan en los registros de la propiedad desde 1946 y no solo las ya incluidas en los 35.000 bienes reconocidos por la Iglesia y publicados por el estado.
Una solicitud que hicimos ejercitando nuestro derecho ciudadano de acceso a la información, fundamentada en el artículo 105.b de la Constitución Española, en la Ley 19/2013 de Transparencia y en la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, que garantizan el acceso a datos relevantes para procesos o actuaciones públicas, la transparencia en la gestión del patrimonio, favorecer su estudio y protección, y permite que la sociedad pueda conocer la situación registral de nuestros bienes de especial significación cultural e histórica.
La Coordinadora estatal RECUPERANDO ha escrito a todos los Grupos Parlamentarios Socialistas de los parlamentos autonómicos para que impulsen iniciativas similares a la aprobada en Navarra y para mantener reuniones que permitan analizar la situación en cada territorio.
Una iniciativa ya aprobada en Navarra
RECUPERANDO informa de que el 5 de febrero de 2026 el Parlamento de Navarra aprobó una moción defendida por el PSN-PSOE sobre las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica. La moción insta al Estado a anular la normativa que permitió inscribir bienes sin aportar título de propiedad y a promover medidas para la revisión, investigación y recuperación de los bienes afectados.
RECUPERANDO exige los datos secretos de las inmatriculaciones. «El Gobierno oculta los bienes de la Iglesia para que no se puedan reclamar». La Coordinadora «Recuperando» exige a todas las autonomías los datos completos de las inmatriculaciones de la Iglesia para defender el patrimonio público
La coordinadora estatal ha registrado peticiones formales a las presidencias autonómicas tras denunciar que el listado publicado por el Gobierno es insuficiente y no permite identificar los bienes. Critican la «desigualdad territorial» en el acceso a la información y amplían su reclamación a los datos desde 1946.
La Coordinadora Estatal RECUPERANDO ha elevado este martes su ofensiva por la transparencia patrimonial. Tras meses de reuniones con diversas Defensorías del Pueblo autonómicas, la organización ha registrado peticiones de información dirigidas a la presidencia de todas las Comunidades Autónomas para exigir el acceso detallado a las inmatriculaciones de bienes de la Iglesia Católica realizadas al amparo del certificado diocesano.
La Coordinadora Estatal Recuperando “en defensa de lo público” exige “transparencia democrática” al Gobierno de Aragón para “poder conocer e identificar las inmatriculaciones” de la entidad religiosa privada: “La información ya existe y debe entregarse” a las Cortes de Aragón
La Seo de Santa María de la Huerta de Tarazona | Foto: Patrimonio Gobierno de Aragón _________________
A juicio de la entidad “un listado sin detalles impide identificar bienes y proteger lo público. Lo que ya se conoce en Nafarroa, Euskadi o Asturies debe conocerse en todo el Estado”, por eso, la Coordinadora Estatal Recuperando “tras las reuniones mantenidas con distintas Defensorías del Pueblo autonómicas”, se dirige ahora “a las presidencias de los gobiernos autonómicos”, para exigir “el acceso y la transparencia a la información detallada de todas las inmatriculaciones” incluidas en el informe del Gobierno del Estado español titulado ‘Estudio sobre la inmatriculación de bienes inmuebles de la Iglesia Católica en el Registro de la Propiedad desde el año 1998 en virtud de certificación del diocesano’.
La información “ya existe” y debe entregarse a las Cortes de Aragón
El Parlamento de Navarra ha debatido, y aprobado, una moción por la que se insta al Gobierno de España a la anulación de la normativa estatal que posibilitó las inmatriculaciones de la Iglesia católica…
Parlamento de Navarra. Pleno 5 de febrero de 2026| Captura de pantalla ___________________________
El Pleno del Parlamento ha aprobado, con los votos a favor de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y los votos en contra de UPN, PPN, G-Mixto y no adscrita, una resolución por la que se insta al Gobierno de España a “promover una ley que declare la nulidad del artículo 206 de la Ley Hipotecaria desde la entrada en vigor de la CE y, solamente para la Iglesia católica, con su consecuente artículo 304 del Reglamento Hipotecario de 1947, así como de cualquier otro precepto concordante, que permitieron la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia católica mediante certificación eclesiástica administrativa”.
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se exhorta al Congreso de los Diputados a “aprobar las reformas legislativas necesarias para declarar la nulidad de pleno derecho de las inmatriculaciones realizadas al amparo de dicha normativa inconstitucional”.
La Coordinadora RECUPERANDO está manteniendo una ronda de reuniones con las Defensorías del Pueblo —autonómicas y estatal— para trasladar su denuncia sobre las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica y solicitar actuaciones concretas en defensa del patrimonio público y de la transparencia.
RECUPERANDO recuerda que, amparándose en el derogado artículo 206 de la Ley Hipotecaria, la Iglesia inscribió bienes a su nombre, en los Registros de la Propiedad, mediante una mera “certificación administrativa”, un mecanismo heredado del franquismo que la equiparó indebidamente a una administración pública. En la actualidad, se estima que podrían superar los 100.000 bienes inmatriculados en el conjunto del periodo en que se aplicó este procedimiento.
Según la Coordinadora, si ese mecanismo ya carecía de garantías suficientes, desde la entrada en vigor de la Constitución de 1978 el problema se agrava: con el principio de separación Iglesia–Estado, la Iglesia pasa a actuar como persona jurídica privada, sin potestad para emitir “actos administrativos” ni certificaciones con efectos equiparables a los de una administración pública. Por ello, RECUPERANDO sostiene que existe un problema generalizado de invalidez de estas inmatriculaciones.
Tal y como ha relatado en ‘La primera llamada del día’ de SER Navarra, Cristina Contreras, «es una reivindicación con un cierto sentido de humor, pacífica por supuesto, para decir que el tema de las inmatriculaciones no está terminado, no está arreglado y queremos la devolución de todo este patrimonio público que está en manos privadas».
El 6 de diciembre, aniversario de la Constitución, debería ser un día para reflexionar sobre ésta y otras anomalías que en ella se contienen y no se corresponden con la realidad
Acto día de la Constitución | Dani Duch _____________________
Cada 6 de diciembre España celebra la Constitución de 1978 como el pacto que cerró la etapa franquista y abrió un Estado social y democrático de Derecho. Sin embargo, bajo esa fachada de normalidad democrática perviven todavía muchas anomalías; una de ellas poco mencionada: decenas de miles de bienes han sido inscritos a nombre de la Iglesia católica en plena democracia gracias a un privilegio hipotecario heredado del nacional-catolicismo.
Estas inscripciones son las llamadas inmatriculaciones, la primera inscripción de una finca en el Registro de la Propiedad. Durante décadas, la Iglesia ha podido inmatricular no solo templos, sino también casas, huertos, cementerios, plazas e incluso bienes comunales mediante una figura singular: la llamada “certificación eclesiástica”, es decir, un documento firmado por el obispo que afirma que ese bien pertenece a la diócesis. Nada parecido ha existido para ninguna otra entidad privada.
En el día en que se celebra institucionalmente la Constitución española, la Coordinadora Recuperando explica el porqué de “los bienes inscritos al margen del marco constitucional por la Iglesia católica española gracias a un privilegio hipotecario”
a Seo de San Salvador de Zaragoza, inmatriculada por la Iglesia católica _____________________
Cada 6 de diciembre el Estado español, el Reino de España, celebra la Constitución de 1978 “como el pacto que cerró la etapa franquista y abrió un Estado social y democrático de Derecho. Sin embargo, bajo esa fachada de normalidad democrática perviven todavía muchas anomalías, una de ellas poco mencionada: decenas de miles de bienes han sido inscritos a nombre de la Iglesia católica en plena democracia gracias a un privilegio hipotecario heredado del nacional-catolicismo”, explican desde la Coordinadora Recuperando.
Estas inscripciones son las llamadas inmatriculaciones, la primera inscripción de una finca en el Registro de la Propiedad. Durante décadas, la Iglesia católica española ha podido inmatricular no solo templos, sino también casas, huertos, cementerios, plazas e incluso bienes comunales mediante una figura singular: la llamada “certificación eclesiástica”, es decir, un documento firmado por el obispo de turno que afirma que ese bien pertenece a la diócesis. Nada parecido ha existido jamás para ninguna otra entidad privada.
La Coordinadora RECUPERANDO insta al Gobierno a cumplir la PNL de 2017 sobre bienes inmatriculados. Pide a Pedro Sánchez una solución de Estado al expolio de los bienes inmatriculados
Imagen base, Religión Digital ____________________
El 30 de noviembre de 2025, la Coordinadora estatal RECUPERANDO ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trasladarle su preocupación por la apropiación masiva de bienes comunales y de dominio público inmatriculados por la Iglesia católica, y para reclamar una respuesta de Estado a este problema.
El escrito parte de los últimos avances en Navarra, donde una investigación impulsada por el Gobierno foral, en colaboración con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, ha dejado claro que la Iglesia ha inscrito a su nombre un número muy significativo de bienes de naturaleza comunal y pública.
RECUPERANDO subraya que no se trata de casos aislados, sino del resultado de un mecanismo legal e inconstitucional —la certificación eclesiástica— que durante décadas permitió registrar bienes sin título escrito y sin control imparcial.
Posted by asturiaslaica 
