Este acuerdo permitirá la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática, actualmente en tramitación parlamentaria, en la que se declarará ilegal el franquismo y se investigarán sus crímenes hasta 1982 con la oposición de la derecha.
Fuentes: El País (Javier Casqueiro) / Naiz: (Imanol Intziarte), 28 de junio de 2022
El Gobierno quiere reactivar y aprobar definitivamente antes de las vacaciones de verano en un pleno especial del Congreso la nueva ley de memoria democrática que aprobó el Consejo de Ministros hace un año y que llevaba varada en el trámite de enmiendas en el Parlamento desde octubre. La ponencia que debe enviar el texto retocado a la comisión, y luego al pleno, se ha reunido este martes y ha alcanzado un acuerdo entre los partidos que sostienen al Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, y las formaciones nacionalistas y en especial con EH Bildu y el PNV.
La portavoz de EH Bildu en el Congreso español, Mertxe Aizpurua, ha anunciado un acuerdo con los partidos que conforman el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, que permitirá la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática. Bildu ha sido el primero en anunciar el acuerdo tras la aceptación de algunas de sus enmiendas para extender la aplicación de la norma de 1976, como estaba previsto, a 1983 y para formar una comisión independiente que indague sobre la “conculcación de los derechos humanos” durante el franquismo. La suma de Bildu ha presionado la negociación para que ERC también se agregue a este pacto con su abstención.
El Gobierno ha asumido una quincena de enmiendas de esos grupos nacionalistas a las 30 que habían ya cerrado en su momento entre el PSOE y Unidas Podemos. La enmienda más destacada de las pactadas entre el PSOE y Unidas Podemos fue la redacción del nuevo párrafo 3 del artículo dos de la nueva ley de memoria democrática: “Todas las leyes del Estado español, incluida la Ley 46/1977, de 15 de octubre, de Amnistía, se interpretarán y aplicarán de conformidad con el Derecho internacional convencional y consuetudinario y, en particular, con el Derecho Internacional Humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la consideración de imprescribibles y no amnistiables”.
La nueva norma ha superado la fase de ponencia, donde se han introducido varias enmiendas que el PSOE y Unidas Podemos han pactado con EH Bildu, PNV, PDeCAT, Más País y Coalición Canaria, y ante las que ERC y Junts se han abstenido. PP, Vox y Ciudadanos mantienen su rechazo.
El próximo lunes, 4 de julio, la propuesta será debatida en la Comisión Constitucional con la intención de que quede aprobada por el Pleno de Congreso la segunda semana de julio para su remisión al Senado.
Acuerdo con EH Bildu
La portavoz de EH Bildu en el Congreso español, Mertxe Aizpurua, ha anunciado un acuerdo con los partidos que conforman el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, que permitirá la aprobación de la nueva Ley de Memoria Democrática. En una comparecencia ante los medios, Aizpurua ha explicado que en su negociación ha alcanzado «cinco avances importantes. Medidas que tendrán reflejo en una ley más completa, más ambiciosa y más respetuosa con los derechos humanos».
De este modo, se constituirá «una Comisión independiente con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de las violaciones de derechos humanos durante la dictadura franquista mediante la recepción de testimonios, información y recopilación de documentos».
Esta comisión contará con «personas de reconocido prestigio académico en el ámbito de los Derechos Humanos» y se encargará de «elaborar un informe» y posteriormente «emitirán conclusiones y harán recomendaciones para garantizar el reconocimiento oficial y la reparación de las víctimas».
Otro punto acordado será la declaración de «la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales franquistas constituidos a partir del golpe de estado de 1936, así como la nulidad de todas sus resoluciones y condenas».
Además, la norma se aplicará más allá de 1978 y se prolongará hasta 1983, con el objetivo de perseguir vulneraciones de derechos humanos durante el postfranquismo, unas víctimas «abandonadas y olvidadas por las instituciones hasta ahora». La portavoz soberanista ha subrayado que «las consecuencias del franquismo se mantuvieron» en el tiempo y «esto debería verse reflejado» en la redacción de la Ley.
El acuerdo también contempla convertir el Fuerte de San Cristóbal, en el monte Ezkaba, cerca de Iruñea, en un espacio para la memoria que recuerde a las 207 personas fusiladas en la fuga masiva de 1938. Se hará a través de un convenio de colaboración con el Gobierno de Nafarroa, que podrá hacer uso del edificio y su entorno. A día de hoy, 150 presos siguen en paradero desconocido.
Además el Palacio de la Cumbre, en Donostia, donde entre otros fueron torturados en 1983 Josean Lasa y Joxi Zabala antes de ser enterrados en cal viva por los GAL, pasará a ser de propiedad municipal en el plazo máximo de un año, una vez que la ley entre en vigor.
Este edificio fue sede del Ministerio español de Asuntos Exteriores durante las estancias veraniegas de Franco en el barrio de Aiete, y posteriormente fue la residencia del Gobernador Civil de Gipuzkoa.
Aizpurua ha destacado que ambos edificios, el Fuerte San Cristóbal y La Cumbre, son lugares «de gran simbolismo y significado histórico para la ciudadanía vasca, que suponen un paso adelante en el reconocimiento y la construcción de una memoria compartida».
PNV y PdeCAT
El portavoz del PNV, Aitor Esteban, destacó de sus acuerdos cerrados en la noche del lunes con el Ejecutivo que dejará de estar en vigor el artículo 57 de la ley de patrimonio histórico que hasta ahora se usaba como “obstáculo o tapón” para no permitir el acceso a determinados archivos históricos relacionados con la dictadura y el franquismo.
Aitor Esteban, ha indicado que han pactado varias enmiendas relacionadas con el callejero y con la consulta de documentos del patrimonio documental español para evitar el «tapón» que ejerce en la actualidad la ley del Patrimonio Histórico.
En el caso de PdeCAT, su portavoz en el Congreso, Ferran Bel, ha destacado que el texto de la ley ha incorporado enmiendas relacionadas con el reconocimiento de víctimas pertenecientes a «las comunidades de las lenguas y culturas catalana y vasca, cuyos hablantes fueron perseguidos».
