Entrevista a Juanjo Picó: «Si hay que ir al Vaticano es a defender la soberanía del Estado y poner fin a los privilegios»

El presidente de Europa Laica, organización que acaba de cumplir 20 años, lamenta el estigma de radicalidad que aún pesa sobre una causa que constituye «una auténtica defensa de lo público»

Juanjo Picó, presidente de Europa Laica

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Ángel Munárriz, Infolibre, 18 de diciembre de 2021

Europa Laica acaba de cumplir 20 años, celebrados con una fiesta en el Círculo de Arte de Toledo. Pero que haya fiesta no significa que el balance de su causa dé para muchos brindis, como explica su presidente, Juanjo Picó (Valencia, 1950), para quien en España todos los gobiernos democráticos, incluidos los de la izquierda, han incumplido los mínimos exigibles de separación Iglesia-Estado. Dos reclamaciones sobresalen en el catálogo de Europa Laica: la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede y una «ley de libertad de conciencia» que acabe con el trato –a juicio de Picó– «privilegiado» que recibe la religión, en particular la católica. Ingeniero de telecomunicaciones jubilado, al que sólo hay que escuchar para comprobar que vive con indignación la falta de avances en neutralidad del Estado, Picó cree que el laicismo en España continúa estigmatizado, tratado como una causa menor, sin verdadera trascendencia, propia de radicales. «Nos dicen de todo: comecuras, quemaiglesias… Pero que nadie piense que el laicismo es una persecución a la religión. Es una auténtica defensa de lo público, de lo que es de todos».

¿Veinte años remando a contracorriente?

Sí, la verdad. En 2001, el tema de la laicidad del Estado casi ni se conocía, ni desde luego estaba organizado. El arranque fue un esfuerzo voluntarista. Una vez dados los primeros pasos conceptuales y organizativos, empezó la extensión geográfica y la articulación de propuestas políticas, que caían en saco roto. Bueno, siguen cayendo en saco roto. Pero en esta, digamos, travesía del desierto hemos logrado marcar a Europa Laica como referencia inexcusable de la lucha por la laicidad. Es un tema por descubrir en España. A veces tenemos que ir en plan Quijote. A diferencia de otros temas, como el ecologismo, que se ve más cercano, queda mucho recorrido. En los partidos políticos hay mayor conciencia, pero al final se guarda en los cajones en la acción política diaria.

¿Por qué cree que es importante la laicidad del Estado?

Es una manera de entender la convivencia y la diversidad ideológica en defensa del interés público. La convivencia no se puede articular en base a ideologías particulares. El esquema de mayorías-minorías no tiene sentido aquí. El valor que tiene sentido es la libertad de conciencia, que permite a cada uno tener su cosmovisión. La laicidad ofrece las herramientas para una convivencia que respeta la libertad de conciencia. Viene de la Ilustración, con la ruptura entre el trono y el altar, entre el poder civil y el divino. El Estado debe ser imparcial, sin dar privilegios a ninguna opción de conciencia. Todos somos iguales en la res publica en un Estado laico. En España hay vulneraciones de la libertad de conciencia y faltas en la neutralidad del Estado. Hay rémoras del nacionalcatolicismo.

Se suele oponer que España no es un Estado laico, sino aconfesional.

No hacemos caballo de batalla de ese debate, que me parece academicista. Un Estado aconfesional sería un Estado sin confesión religiosa, en el que la neutralidad estaría garantizada. Pero en España está en entredicho. En cuanto rascas, aparecen los privilegios de las confesiones religiosas y especialmente de la Iglesia católica.

¿Qué vulneraciones de la libertad de conciencia denuncia?

¿Ejemplos? La libertad de conciencia se vulnera cuando la escuela pública tiene la obligación de ofrecer adoctrinamiento confesional católico en virtud de los Acuerdos con el Vaticano. En cuanto a la neutralidad, basta con ir de nuevo a los Acuerdos de 1979. Está en todo: en la educación; en la financiación de la Iglesia, que es un expolio de lo público; en la simbología… La simbología está impregnada de nacionalcatolicismo, con elementos que llegan a insultar a la inteligencia, como las vírgenes nombradas alcaldesas perpetuas, las rogativas de las corporaciones municipales para que desaparezca el paro. O como cuando el Ayuntamiento de Madrid, ¡con todos los colores políticos!, celebra el voto de la Villa. Son insultos a la inteligencia.

¿Ve inadecuada la reunión de Yolanda Díaz con el papa Francisco?

Desde nuestra independencia política y partidaria, por la que no entramos en las creencias de nadie, no le vemos sentido a que un gobierno que se dice de progreso se reúna con el papa y se queden en la puerta todos los grandes temas bilaterales.

¿Cuáles?

Los Acuerdos con la Santa Sede, la relación Iglesia-Estado, las inmatriculaciones, que son un problema al que se ha dado una salida en falso… No entendemos qué tiene que ver el papa con la reforma laboral y la precariedad. Es una conversación baldía, mientras ahí tenemos a la Iglesia católica española enrocada en las inmatriculaciones o en la pederastia. Ha sido una ocasión perdida. Cualquier persona es muy libre de reunirse con quien quiera, pero esto ha sido una veleidad mediática. Parece que incluso las fuerzas de progreso aún necesitan una legitimación confesional para ofrecerse y presentarse en sociedad. Hay que pasar por el Vaticano para obtener el espaldarazo.

¿No reconocen al papa, en contraste con la jerarquía española, un ánimo reformista?

Ni valoramos ni dejamos de valorar lo que dice el papa. Sus pronunciamientos no nos competen. Es más, si tuviéramos que valorar algo, diríamos que las loas al papa desde la izquierda son inexplicables porque olvidan que es el representante máximo de una institución misógina, responsable del expolio de las inmatriculaciones, denunciadas incluso por colectivos cristianos de base. Estas visitas al Vaticano constituyen una pleitesía legitimadora.

¿Pleitesía?

Hay una cuasisubordinación, porque no se hace valer la soberanía. Si hay que ir al Vaticano es para, con toda la educación y la cortesía del mundo, defender la soberanía del Estado y poner fin a los privilegios.

¿Qué expectativas tiene de las negociaciones entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal sobre educación, fiscalidad, inmatriculaciones…? ¿Esperan un avance o son escépticos?

El tema de la educación está cerrado. Durante la tramitación de la Ley Celaá, Europa Laica presentó enmiendas razonables, incluso admitiendo los Acuerdos con la Santa Sede, que obligan a ofrecer Religión católica. ¡Y ya es admitir! Sólo pedíamos que saliera del horario escolar. Pero no hay voluntad de avanzar. Tampoco con los profesores de Religión, elegidos por los obispos, ni con los currículos de la asignatura, que van de la Conferencia Episcopal al BOE. Eso está cerrado. Con las inmatriculaciones, el Gobierno ha aprobado una amnistía registral tras una negociación sin transparencia. Tiene muy mala salida, porque la Iglesia jamás va a soltar el patrimonio inmatriculado.

¿No ve posibles más avances con las inmatriculaciones?

Esto es mi opinión: creo que es posible que haya un lavado de cara, resarciendo con algún caso puntual, tras un acuerdo en mesa camilla, porque da demasiada vergüenza que las cosas queden así. Esperamos alguna medida de lavado de cara.

¿Y en cuanto a los impuestos?

Puede haber algún cambio en relación con el pago del IBI en los edificios donde se desarrolla alguna actividad mercantil, quizás con alguna modificación de la Ley de Mecenazgo o una reinterpretación de los Acuerdos [con la Santa Sede]. Pero no será por voluntad de la Iglesia, sino por lo mismo que ocurrió con el IVA, cuando a punto estuvo la UE de multar a España por no cobrar el impuesto. [Con la exención del IBI] la corporación católica se está beneficiando de ayudas de Estado, penalizadas por la UE. Creo que el Gobierno y la propia Iglesia van a cuidarse de que les pongan otra vez la cara roja. Incluso la Europa de los mercados lo defiende [el fin de la exención del IBI en edificios sin uso religioso o social] porque distorsiona la competencia.

¿Se ha quedado corta la Ley Celaá también en terreno de la concertada?

Se supone que la ley intenta poner coto a algo que ya debería tener coto, que es el pago de cuotas para cubrir una parte del negocio, generando segregación. Porque hablamos de un negocio económico e ideológico para la Iglesia. Se suele decir que es como la educación pública, pero no lo es. No verás un colegio concertado en Macarrochos de Arriba, porque donde no hay negocio, no van. La prohibición de las cuotas debería ser taxativa, con inspección de verdad.

¿Cuál es su propuesta sobre los Acuerdos con la Santa Sede?

Denuncia y derogación. Taxativo. Sin chalaneos. El único compromiso de la Iglesia, ¡el único!, la autofinanciación, ni se ha cumplido ni se ha hecho cumplir. Podría haber una transición de un año, un año y medio, como último canto del urogallo de la buena voluntad, pero en una campaña de la renta más debería desaparecer la casilla del IRPF. Es lo lógico. La Iglesia católica es una organización privada de creyentes. Con todos sus derechos y todos sus deberes. Los acuerdos tienen que derogarse y la Iglesia pasar a regirse por la Ley de Asociaciones. Una ley de libertad de conciencia debe cubrir las convicciones de tipo religioso y no religioso, no como la actual Ley Orgánica de Libertad Religiosa. ¿Dónde quedan si no el resto de conciencias, por ejemplo ateas, agnósticas…? Hay una situación de privilegio y supremacía de lo religioso. La Iglesia debe ser tratada como una organización normal y estar sujeta al derecho común, aunque luego tenga sus relaciones de cooperación con el Estado en el marco del artículo 16.3 [de la Constitución]. Pero no con el truco del almendruco de los Acuerdos.

¿Qué truco?

El tablero de juego está trucado. Cuando se aprueba la Constitución del 78, las cartas están marcadas. Unos días después, se aprueban los Acuerdos, con privilegios en educación, fiscalidad, estatuto jurídico… Es un fraude. La cooperación mandatada por la Constitución en ningún caso debe ser en liturgia, culto o, como ocurre ahora, para pagar los salarios del clero. No tiene ningún sentido. Creemos que hay margen para avanzar dentro del marco constitucional, aunque nosotros seríamos partidarios de cambiar el 16.3 y el 27, que da pie a un privilegio educativo para la Iglesia.

El PSOE ha cambiado su promesa de derogación de» los acuerdos de la Santa Sede por la de revisión buscando el «consenso» de la Iglesia.

Es una vergüenza. Hubo un momento, cuando se entendió que los Acuerdos sobrepasaban ya el límite de la concordia de la Transición, en que empezó a explicitarse que debía haber una denuncia y derogación. Eso estaba en el programa de partido, pero no de gobierno. Y se nos decía: «Una cosa es el partido y otra el gobierno». Las famosas prioridades… Ahora, en cambio, es que el programa del partido ya no habla de derogación, sino de revisión con consenso. ¿Consenso? ¿Dónde queda la soberanía del Estado? ¿Alguien cree que la Iglesia va a soltar esa perita en dulce? La Iglesia católica jamás va a soltar la perita en dulce de sus privilegios con el dinero y la enseñanza. Tiene que hacerlo el Estado.

¿Ha sido este gobierno una decepción?

¿Decepción? Sí. Este y el anterior, y todos los anteriores.

Arrancó con un gesto de modernidad del presidente, Pedro Sánchez, con la toma de posesión sin símbolos religiosos.

Hemos felicitado al Gobierno por esa toma de posesión, el funeral de Estado [por las víctimas del covid-19] y por los avances en libertad de conciencia, como la Ley de Eutanasia, la igualdad afectivo-sexual… Sin embargo, en los temas económicos, de educación y de separación Iglesia-Estado, ahí no se toca. Y lo decimos. Ahí falta avanzar.

¿Dónde más?

En el mercado de la caridad. Hay una demolición paulatina de los servicios públicos, no sólo la educación y la sanidad, también la asistencia social, que sirve a la Iglesia para ocupar parcelas de poder. Son áreas que quedan huecas por falta de presupuesto y aprovecha la Iglesia para su negocio político e ideológico. Es una cuestión de gran importancia política, porque hay una deriva a nivel planetario, que viene hacia Europa, con una simbiosis entre los fundamentalismos confesionales y las políticas de ultraderecha, todo ello en detrimento de lo público y exacerbando las diferencias por sexo, etnia, origen… Lo vemos en Hungría, en Polonia y en fuerzas de ultraderecha aquí en España. Ante el retroceso de lo público, avanza la extrema derecha y el fundamentalismo confesional, capturando grupos de población desasistida. Aquí el fenómeno aún no tiene la virulencia de Brasil, pero está en progreso. Por eso hacen falta gobiernos democráticos laicos que sean fuertes que no caigan en la tentación de la multiconfesionalidad, con la extensión de los privilegios de una confesión al resto. Ojo, la imparcialidad no significa que los privilegios de una parte se extiendan a los demás. Esa no es la respuesta. Tampoco hay imparcialidad con la libertad de expresión, mediatizada por el artículo 525 del Código Penal, el de la ofensa a los sentimientos religiosos.

Al mismo tiempo que usted hace este diagnóstico, los datos de secularización de la sociedad española son inequívocos.

Una cosa son las sociedades, otra los gobiernos y los partidos, que están abducidos y hacen políticas antilaicistas. Es cierto que la sociedad está altamente secularizada, pero falla el comportamiento de las instituciones y de muchos cargos públicos.

¿Qué papel asigna al Opus Dei en la posición de la Iglesia en España?

Durante el nacionalcatolicismo, tuvo un planteamiento de búsqueda no sólo de las almas, sino de posiciones de poder, con una fuerte implicación en la política y la economía. Ahora hay un repliegue. No están tan expuestos, pero siguen sotto voce, por ejemplo en la judicatura. Además, existen otras organizaciones ultramontanas que compiten por influencia, con los neocatecumenales, NEOSHazte Oír, Vox…

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