Violencia machista: la ola de negacionismo que puede acabar con el Convenio de Estambul

Cuando se cumplen diez años del nacimiento del único instrumento jurídico para luchar contra la violencia machista a escala europea, los países de Europa Central, azuzados por la ultraderecha, están dando pasos atrás retirándose del tratado.

Concentración contra las violencias machistas en Lavapiés , Madrid. / Álvaro Minguito

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Sara Plaza Casares, El Salto, 25 de noviembre de 2021

“Es una deuda, un compromiso que se arrastra desde hace años y que vamos a llevar a cabo desde el año próximo”. El pasado 19 de noviembre la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, anunciaba un cambio en el conteo de casos de violencia machista. A partir de ahora, y en el marco de la campaña “Juntas”, que el Ministerio de Igualdad ha diseñado de cara al día de hoy, 25N, Día Internacional contra la Violencia Machista, los asesinatos realizados por hombres que no son pareja ni expareja de la víctima entrarán en las estadísticas. Un reconocimiento que nos acerca a los compromisos recogidos en el Convenio de Estambul, que España ratificó en 2014.

Pero aún falta un paso: que sea ley. En este sentido, la aprobación de la norma contra la violencia sexual, conocida como ley de ‘Sí es sí’, que aún no ha concluido con sus trámites parlamentarios, supondrá un antes y un después en el reconocimiento de la violencia de género en este Estado. Pero, ¿qué sucede en el resto de Europa?

Diez años del Convenio de Estambul

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Se cumplen 10 años del nacimiento del Convenio de Estambul, o, lo que es lo mismo, el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Así, el 11 de mayo de 2011 nació un nuevo instrumento jurídico para luchar contra la violencia machista a escala europea.

Según los datos recopilados por Amnistía Internacional en Europa una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física y o sexual desde los 15 años de edad y el 74% de la población cree que la violencia contra las mujeres es común en su país. Esta organización ha analizado la situación en 31 países y sólo 12 tienen leyes que definen como violación las relaciones sexuales sin consentimiento.

El Convenio contempla como delito todas las formas de violencia contra la mujer: la violencia física, psicológica y sexual, incluida la violación; la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso, el aborto forzado y la esterilización forzada.

Hasta la fecha lo han firmado 46 países y lo han ratificado 34. Para estos últimos países es vinculante, es decir, se debe de incorporar en la legislación estatal. Entre estos está España, Albania, Andorra, Austria, Bosnia y Herzegovina, Dinamarca, Italia, Montenegro, Portugal, Serbia, España y estaba Turquía… Hasta este año.

El gobierno de Ankara, el país anfitrión donde nació el Convenio, y el primero en firmarlo ha anunciado que retira su adhesión. Sectores ultraconvervadores presionaron al gobierno de Tayyip Erdogan para abandonar el compromiso bajo el argumento de que su objetivo es “acabar con la familia tradicional“ ya que, en algunos de sus artículos, habla de “personas convivientes” en lugar de matrimonio. Marija Pejčinović Burić, secretaria general del Consejo de Europa aseguró que la retirada es un ”gran revés“ y ”amenaza la protección de las mujeres en Turquía, en toda Europa y más allá”.

El negacionismo de Hungría y Polonia

Turquía no es el único país que ha dado malas noticias en estos últimos años. Principalmente en Europa Central, donde la ola de negacionismo de la violencia machista liderada por la ultraderecha está haciendo estragos.

Así, el Parlamento de Hungría aprobó en mayo de 2020 una declaración pidiendo al gobierno que no ratificara el Convenio, ya firmado en 2014. Además, esta declaración insta a buscar apoyos en la Unión Europea (UE) en contra del texto. El Gobierno del primer ministro Víktor Orban, un ultraderechista que lucha contra lo que considera la “locura de género”, nunca llegó a ratificar el convenio del Consejo de Europa que firmó en 2014, y ha prohibido los estudios de género en las universidades del país.

Polonia, por su parte,  también tiene un plan para abandonar el Convenio de Estambul porque es “nocivo por sus elementos de carácter ideológico”. El gobierno polaco había ratificado el tratado en 2015, pero el partido ultraderechista Ley y Justicia, que hoy gobierna el país le ha puesto la zancadilla a esta protección contra las mujeres.

En julio de 2020 el ministerio de Justicia pedía al departamento de Familia que iniciara los trámites para el que el país abandone la convención. El viceministro de Justicia, Marcin Romanowski, dijo que la ratificación de este tratado había sido un “acto apresurado” que había abierto las puertas a un “caballo de Troya” de la izquierda. Romanowski aseguraba que la convención “en muchos aspectos es no solo contraria al sistema de valores del sistema legal polaco sino también contraria a derechos fundamentales, como el derecho de los padres a criar a sus hijos de acuerdo con sus creencias religiosas”. 

Y no son los únicos países negacionistas. El Tribunal Constitucional de Bulgaria ya dictó sentencia contra la ratificación del Convenio por ser incompatible con su Constitución en 2018. Tampoco lo ha ratificado Eslovaquia, que lo había suscrito en 2011. La República Checa también rechazó ratificarlo en 2020 aunque estaba pendiente de hacerlo desde 2018.

El negacionismo en España

Y también tiembla España, donde el partido ultraderechista Vox está cuestionando la existencia de la violencia de género. En febrero de 2021 esta formación se quedaba sola en el Congreso defendiendo su proposición de ley contra la “violencia intrafamiliar”, como prefieren llamar a la violencia machista.

La diputada ultraderechista, Macarena Olona, insistía en la idea de su partido de que “hay víctimas de primea y de segunda categoría” y se preguntaba “por qué no se aplaude a los hombres asesinados a manos de sus mujeres o a los niños a manos de sus madres”. A su juicio, la ley de violencia de género es “una ley ideológica que solo sirve para crear una red clientelar” que además crea una profunda desigualdad y criminaliza al varón.

Mientras, el Estado da pequeños pasos para incorporar el Convenio de Estambul en nuestra legislación. España lo ratificó en 2014; no obstante, aún quedan aspectos pendientes para incorporar en nuestra legislación.

Por ejemplo, a día de hoy solo se considera violencia machista a la ejercida por la pareja o expareja de la víctima, como recordábamos al principio de este artículo. El pasado 7 de julio el gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos aprobó una nueva ley para cambiar esta situación. Es la conocida como ley de sí es sí e incluye la violencia sexual como violencia de género. La ley debe de superar aún el trámite parlamentario y aunque probablemente salga adelante, preocupa el mensaje que la formación ultraderechista está extendiendo entre la ciudadanía, después del triunfo del movimiento feminista situando la violencia contra las mujeres en primera línea política.

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