Por Atonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba y portavoz de la Coordinadora Recuperando
Antonio Manuel Rodríguez / Foto: Arbonaida. Ateneo Cultural Andaluz
InfoLibre, 27 de agosto de 2018
En el mes de abril de 2018, el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Palencia denegó la inmatriculación a favor de la Diócesis de la Iglesia de San Francisco, argumentando que, tras la derogación del privilegio franquista que equiparaba a la Iglesia con la administración, ya no basta con la sola palabra del obispo para que el bien acceda al registro y, teniendo en cuenta las alegaciones presentadas, “existen dudas de la propiedad que se pretende inmatricular, debiendo ser ésta declarada a través del juicio contradictorio pertinente”.
Esta resolución hubiera sido la regla general en la mayoría de las inmatriculaciones practicadas por la Iglesia católica de manera clandestina y sin aportar título alguno desde 1946, inconstitucionales desde 1978, y contrarias a los derechos humanos en virtud de varias sentencias del Tribunal de Estrasburgo. Pero no ocurrió así porque la Iglesia Católica, ella y solo ella, disponía de un favor exorbitante que la consideraba Estado a los efectos de inscribir bienes a su nombre sin contradicción, sin publicidad y sin más garantía que la sumisión de los Registradores a los autocertificados de los obispos. Ahora que no disponen de esta ventaja injustificable en un Estado aconfesional, los obispos no tienen más remedio que acudir al mostrador del Registro como un ciudadano más, promover un expediente de dominio, demostrar que les pertenece aquello que quieran inscribir, abriéndose a continuación un periodo de audiencia pública para que otros ciudadanos puedan probar lo contrario. Justo lo que no se hizo en las inmatriculaciones de la Mezquita de Córdoba, de la Giralda de Sevilla, de San Juan de los Panetes en Zaragoza, de las murallas de Artá en Mallorca, del cementerio de Cartagena, de plazas, garajes, frontones, videoclubs, bungalows, kioscos, locales comerciales, montes vecinales, barrios, caminos, solares, y así hasta 40.000 bienes de toda índole, según testimonio de la propia Conferencia Espiscopal.
Nos hallamos ante el mayor escándalo inmobiliario de la historia de España. Sin duda, ante la mayor descapitalización conocida del Estado, tanto por los numerosos bienes culturales de incalculable valor que han dejado de ser dominio público, como por los millonarios ingresos que generan y que tampoco declaran ni tributan para el sostenimiento de las arcas públicas, mientras que todas y todos seguimos contribuyendo en su rehabilitación y haciéndonos cargo de las ruinas. Un escándalo jurídico de dimensiones desconocidas, que implica un empoderamiento político y una apropiación económica sin precedentes, con una enorme trascendencia social para las generaciones presentes y futuras. ¿Y qué podemos hacer desde la ciudadanía? Lee el resto de esta entrada »
Escrito por asturiaslaica 
