La Iglesia se aferra al paraíso español de la enseñanza concertada

agosto 4, 2018

La “demanda social” como criterio rector de oferta educativa, que el Gobierno quiere quitar de la Lomce, estrecha el margen para limitar el avance de la red católica

Comisión Permanente, junio 2018 / Flickr, CEE

Ángel Munárriz, InfoLibre, 4 de agosto de 2018

“Vuelve la dictadura totalitaria“, ha clamado el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz. “Con su habitual liberticidio intervienen nuestra libertad. Tienen miedo de la verdad que nos hace libres de veras, y por eso la quieren controlar, expulsando a los padres de la educación de sus hijos e imponiendo ellos una ética de Estado”. Las apocalípticas manifestaciones invitarían a pensar que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) ha decidido acabar de sopetón con la escuela concertada, católica en más del 60% y a la que el Estado dedica más de 6.000 millones de euros anuales. Pero no. Ni mucho menos tiene previsto ir tan lejos. La ministra de Educación, Isabel Celaá, se ha limitado a anunciar, tras declarar que la concertada no tiene “nada que temer”, que eliminará la asignación de plazas en razón de la llamada “demanda social” recogida en la Lomce. La Plataforma Concertada, que agrupa a las organizaciones CECE, Cofapa y Escuelas Católicas, ha puesto el grito en el cielo. Y hasta la Conferencia Episcopal ha emitido una nota expresando su “profunda preocupación” e invocando la “libertad” de los padres.

¿Están justificadas las suspicacias? La respuesta sólo puede ser afirmativa con la lógica de la defensa de un marco actual privilegiado, pero no porque exista una amenaza al modelo de doble red. La concertada no depende de la Lomce. Ya era sólida antes. Lo que hace es estrechar aún más los márgenes para que gobiernos progresistas intenten limitar su ascenso. “Las familias son las primeras responsables de la educación de sus hijos y por ello el sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones”, señala la ley. Es decir, lo que hace la Ley Wert es consagrar legalmente la interpretación constitucional sobre la pugna entre derecho a la educación y libertad de elección más favorable a la Iglesia, que ya disponía desde antes de un paraíso para el desarrollo de su propia red. Una red generosamente financiada por el Estado.

El dinero público dedicado a la concertada en España ha subido más de un 40% en la última década. En 2016, según el Ministerio de Educación, el Estado gastó en conciertos 6.000 millones, la cifra más alta de una serie que arranca en 1992. En cambio, la enseñanza pública sigue por debajo de los umbrales previos a la crisis. En 2016 la inversión alcanzó los 41.500 millones, todavía 6.400 millones menos que en 2009. España es el quinto país la UE que más ha recortado en educación desde el inicio de la crisis, dedicándole un 4,1% del PIB, sólo por delante de Rumanía, Irlanda, Bulgaria e Italia, según Eurostat. Y lejos de Dinamarca, Suecia, Finlandia, Estonia y Portugal. Lee el resto de esta entrada »