Es un deber de las instituciones públicas velar por los bienes públicos. Lo contrario no es solamente dejadez de funciones sino podría incurrir en un delito de prevaricación… ¿Y la ciudadanía? ¿Quiere ser cómplice?
Paradigma, 29 de agosto de 2018
Foto: portada de El Salto. Junio 2017. Colaboración con Paradigma en ese número.
La Mezquita, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, título que fue elevado a “Bien de Valor Excepcional Universal” en junio de este año, corre el grave peligro de perder su “memoria histórica” y sus señas de identidad y valores andalusíes. Ello se debe no solamente al intento de “privatización” por la vía de los hechos consumados, su inmatriculación por el Obispado de Córdoba, sino también a la paulatina privatización de su gestión en manos del Cabildo de la Catedral. Esta gestión se caracteriza por una inadmisible arbitrariedad, sin que las Administraciones Públicas correspondientes impongan un marco regulador público garante de la conservación arquitectónica de esta singular joya del arte islámico. Constatamos en los hechos una inexplicable complicidad de las Administraciones Públicas, el Ayuntamiento de Córdoba, la Junta de Andalucía y el Gobierno de España.
Dejadez administrativa de la Junta de Andalucía
La Junta de Andalucía, como Administración titular del patrimonio histórico andaluz, ha ido mostrando una inaceptable dejadez de responsabilidad administrativa que – entre otros muchos indicadores a lo largo de los años – se ve reflejada en la ausencia de un Plan Director o ni siquiera un Plan de Uso y Gestión de tan singular monumento. Un Plan Director con el debido control ejecutivo desde lo público hubiera permitido ordenar sus usos culturales y turísticos y hubiera podido evitar su uso abusivo y arbitrario por el Cabildo desde una cosmovisión católica excluyente que intenta borrar la memoria de la “gran Mezquita Aljama”, monumento hispanomusulmán de excelencia y joya del arte islámico, de incuestionable identidad andalusí.
La Plataforma Mezquita Catedral denunció esta anomalía ante el Defensor del Pueblo Andaluz, que en respuesta a la misma constató “evidentes las actuaciones que contradicen la puesta de manifiesto de los valores andalusíes del conjunto”. La puesta en marcha de un Plan Director o Plan de Uso y Gestión, sin demora, es un evidente deber público y tiene que darse con un debido proceso de participación ciudadana. Es inconcebible que un monumento de valor excepcional como la Mezquita haya sido abandonado a la arbitrariedad del Cabildo como gestor privado sin la pertinente fiscalización pública y el control ejecutivo a los que obligan la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, el Real Decreto 111/1986 de desarrollo parcial de la Ley y el reconocimiento internacional de la UNESCO. Según se ha dado la conocer, la denuncia de la Plataforma Mezquita Catedral parece haber arrancado un compromiso institucional para la puesta en marcha de un Plan Director o Plan de Uso, y un órgano gestor de la Mezquita. Serían pasos de enorme transcendencia para el futuro del monumento. Read the rest of this entry »