Los colectivos Stop Desahucios, Alokairu e Inquilinos Azora han acusado este viernes a la Iglesia de dar «un nuevo pelotazo urbanístico» con «la construcción privada de 15 viviendas en los terrenos del convento de las Salesas» en el barrio de Intxaurrondo Zaharra.
Las tres plataformas consideran que este proyecto, que se debatirá en el pleno de este mes, constituye un «escándalo y una vergüenza» porque demuestra que la Iglesia «se está comportando como un fondo buitre más, especulando con la vivienda» en lugar de destinar sus edificios o inmuebles en desuso «a viviendas de uso residencial de alquiles social a precios asequibles» siendo «fiel y coherente con su doctrina».
El alcalde de San Roque acusa al ultraconservador Zornoza de intentar vender un edificio municipal y de tratar de “hacer dinero” con un solar sin mantener que el consistorio ha adecentado y asfaltado
El obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, durante las celebraciones del Corpus en junio de 2022, realizada en la Catedral de Cádiz, en una imagen distribuida por el Obispado de Cádiz / ALEJANDRO MORENO
Un anodino comunicado de prensa local está en el origen de la guerra de intereses inmobiliarios, acusaciones de compraventas confusas y pulsiones expropiatorias desatada en Cádiz. El pasado 26 de agosto, el Ayuntamiento de San Roque, de unos 30.000 habitantes, anunció el asfaltado y reurbanización de un solar que los vecinos de una barriada llevan décadas usando como aparcamiento improvisado para su centro de salud. Fue entonces cuando el conflicto larvado desde hace dos años entre el Consistorio y el Obispado de Cádiz estalló a la luz pública. La Iglesia gaditana denuncia que parte de ese solar es suyo y que el adecentamiento está “al margen de todo cauce legal”. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, le ha devuelto el golpe desvelando que, en 2019, descubrió que el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, estaba intentando vender un edificio municipal que solo tenía cedido.
La Universidad privada Nebrija alcanzó un acuerdo por el Arzobispado de Madrid en 2018 por 37 millones de euros. El caso, desvelado por EL PAÍS, está ahora en los tribunales y ha provocado la rescisión del contrato entre ambas partes
La parroquia de San Jorge y parte de la residencia de mayores de la fundación Santísima Virgen y San Celedonio / KIKE PARA
Un paso atrás para garantizar la viabilidad de más de un centenar de ancianos en una residencia de mayores de Madrid. Una fundación del Arzobispado de la capital y la Universidad Nebrija han firmado este miércoles un acuerdo para que todo vuelva a sus orígenes. Según el documento al que ha tenido acceso este periódico, tanto la residencia de ancianos de la Fundación Santísima Virgen y San Celedonio, ubicada en la calle Padre Damián, 22, a solo cinco minutos a pie del Santiago Bernabéu, como la parroquia de San Jorge con la que colinda ―cerca de 29.000 metros cuadrados― serán de nuevo gestionadas por la Iglesia madrileña tras su venta por 37 millones de euros en 2018.
“Estamos trabajando para mantener el patrimonio de las fundaciones y garantizar de nuevo sus fines fundacionales”, subraya un alto cargo del Arzobispado presente en las negociaciones. “Confiamos, al mismo tiempo, en que la justicia se pronuncie frente a los responsables”. El texto acordado con la universidad privada consta de siete puntos. Será enviado al juzgado de instrucción número 28 en las próximas horas para que levante parcialmente parte de las medidas cautelares ―Nebrija tenía prohibido la venta de la residencia y los terrenos tras llegar el caso a los tribunales—. Esta venta formaba parte de una trama urbanística que ha terminado con más de 30 imputados ―abogados, banqueros, interventores, empresas e incluso un exdirector de periódico― acusados de corrupción, falsificación documental, entre otros delitos.
Moción sobre inmatriculaciones presentada por Adelante-IU
Ayuntamiento Arahal
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Asturias Laica, 27 de mayo de 2022
Ya en octubre de 2021 la Asociación para Recuperar el Arramblado Patrimonio Común Inmatriculado (ARAPACI) había presentado al Ayuntamiento de Arahal (Sevilla) un escrito previo a una moción para que se muestren, si existen, las notas simples que avalen la propiedad de varias bienes inmatriculados por la iglesia mediante el procedimiento que el Gobierno de Aznar facilitó en 1998 resucitando una antigua ley franquista.
Por su parte gracias a los trabajos e investigaciones de la Plataforma en defensa del patrimonio de Sevilla se ha conocido la inmatriculación de hasta 27 inmuebles realizada por la Archidiócesis de Sevilla, de los cuales 22 son fincas rústicas, en el término municipal de Arahal, de las que cuatro han sido vendidas tras su inmatriculación. Con ello “la Archidiócesis se ha lucrado en más de 100.000 euros”. A todo esto, según denuncian desde la plataforma, habría que sumar “el rendimiento económico de más de 22 hectáreas de olivar durante todo este tiempo”.
La presunta red corrupta contaba con información privilegiada de dentro del Ayuntamiento de Valencia
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29 de abril de 2022
Público informaba de la trama Azud en la que que se investiga una trama de corrupción urbanística, pagó en dinero negro en efectivo más de siete millones de euros en comisiones a cargos públicos. El Ayuntamiento de València, encabezado por aquel entonces por Rita Barberá, habría adjudicado obras públicas a empresas que habrían realizado facturas supuestamente ficticias.
Lucas Marco, en El Diario, señala que la trama de corrupción alcanza también a una fundación del Arzobispado de Valencia:
Una fundación del Arzobispado de Valencia hizo pactos inconfesables con la trama de presunta corrupción masiva del ‘caso Azud’ para construir un hospital universitario privado, proyecto que finalmente no se llevó a cabo. Para la operación (iniciada a partir del 2011), el empresario Jaime Febrer y la Fundación Universidad Católica de Valencia, con el asesoramiento del conocido despacho de abogados Broseta, crearon una sociedad llamada Ética y Salud S. XXI SL que obtuvo documentación sensible de la adjudicación desde dentro del Ayuntamiento de Valencia. El letrado José María Corbín, cuñado de la alcaldesa Rita Barberá, cobró una comisión de 63.720 euros por un supuesto asesoramiento jurídico del cual los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no han encontrado rastro alguno.
Representantes de Ezker Anitza-IU Bizkaia han mantenido una reunión con el Obispado de Bilbo, a quien ha solicitado que le faciliten la relación de bienes inmatriculados en Bizkaia desde 1946, para completar los listados aportados por el Parlamento de Gasteiz y el Gobierno español.
Ermita de la Antigua de Zumarraga, otro de los miles de bienes inmatriculadospor la Iglesia en Euskal Herria / (Gotzon ARANBURU/FOKU)
«Creemos que debe ser la propia iglesia católica quien, en un ejercicio de transparencia, aporte los datos para conocer toda la verdad sobre las inmatriculaciones que se han realizado en Bizkaia», ha manifestado en un comunicado el coordinador territorial de Bizkaia y concejal en el Ayuntamiento de Bilbo, Xabier Jiménez.
Asimismo, los representantes de la formación de izquierdas aprovecharon la ocasión para pedir explicaciones sobre el caso de inmatriculación «indebida» de una ermita situada en el barrio de Las Barrietas de Sopuerta, denunciado en setiembre de 2021 por el secretario de organización de Ezker Anitza-IU Bizkaia y juntero en las Juntas Generales de Bizkaia, Israel Escalante.
Como habitante atea en un Estado aconfesional solo aspiro a que este derive, más pronto que tarde, hacia un laicismo (no fundamentalista) que no se inmiscuya en la multiplicidad de prácticas religiosas existentes entre la población, pero tampoco privilegie (legal, fiscal, judicial o financieramente) a ninguna de ellas.
Pablo Santiago
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Marisa Pérez Colina, El Salto, 8 de febrero de 2022
Cantabria, a finales de la década de 1970. Entre los 8 y los 10 años solía acompañar a mi abuela a rezar el rosario en la ermita de su pueblo, mi pueblo en vacaciones. Me gustaba ver a las mujeres acariciando una a una las cuentas de sus rosarios, escucharlas cantar, enredar mi mirada en los encajes de los pañuelos que cubrían sus cabellos. Un día que llevaba puesto un vestido de tirantes, mi abuela me dijo que para subir al rosario tendría que cubrirme con una rebequita. El vestido me gustaba mucho pero la rebeca picaba. Así que esa tarde no la acompañé a la iglesia. No volví más. Le cogí miedo a la cosa desconocida que quería verme los hombros. Las intuiciones infantiles son muchas veces asombrosas y qué duda cabe de que esa animadversión de las religiones en general y de la católica en particular por todo lo relativo a “la carne”, despierta, como poco, una desazonante inquietud.
El informe elaborado por la CEE en el que se reconoce que 965 bienes no son propiedad de la iglesia pone de manifiesto cómo algunas de esas propiedades, indebidamente inmatriculadas, fueron expropiadas o vendidas en algunos casos a las propias administraciones locales
Convento de San Diego, Ayuntamiento de Alaior / Fuente foto
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Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 26 de enero de 2022
Los trabajos realizados en el marco de la Comisión de Inmatriculaciones entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal han puesto de manifiesto parte de la intensa actividad comercial de la Iglesia Católica. Solo en las dos últimas décadas, la institución ha vendido más de un centenar de propiedades de las que inscribió a su nombre en base a un esquema jurídico que tiene su raíz en plena dictadura. En el listado de propiedades de las que se ha deshecho hay de todo. Desde edificios hasta huertos, pasando por viñas, olivares, templos o dependencias complementarias. Por el momento, se desconoce la tajada económica que sacó de todas estas ventas.
El Ejecutivo de coalición puso sobre la mesa hace casi un año 34.961 bienes inmatriculados por la Iglesia entre 1998, año en que entró en vigor una reforma legal impulsada por el Gobierno de José María Aznar, y 2015, cuando otra de Mariano Rajoy puso fin a esta práctica. Esta lista, que representa una parte pequeña del problema al no recoger las inscripciones anteriores a ese periodo –los colectivos hablan de 100.000 desde la Ley Hipotecaria de 1946– fue revisada por la propia Conferencia Episcopal, que detectó algo más de dos millares de incidencias, desde duplicidades hasta bienes inmatriculados o adquiridos a través de títulos anteriores al periodo objeto de análisis.
La Conferencia Episcopal admite ante el Gobierno que al menos 965 de los 34.961 bienes inmuebles que inmatriculó con la ley de Aznar no son suyos. Sus legítimos propietarios podrán reclamarlos, aunque 208 están ya en manos de otros titulares
Iglesia románica de San Andrés, en Berroya, Romanzado (Navarra) (1). Hacia 1200 / Fot. Garikoiatz Estornés Zubizarreta, 1995
La Iglesia sacó tajada económica de las inmatriculaciones que realizó en el marco de la ley que aprobó José María Aznar en 1998 al deshacerse de algunos de esos bienes inmuebles: vendió al menos 122 viviendas y fincas que puso a su nombre indebidamente, según ha asumido ante el Gobierno, y siete lugares dedicados al culto. Ahora tendrá que indemnizar a sus legítimos propietarios en caso de reclamación, según aseguran a elDiario.es fuentes gubernamentales.
Del cerca de millar de inmuebles que la Conferencia Episcopal reconoce haber inmatriculado indebidamente, 208 ya no están en sus manos. La mayoría son fincas que ha vendido y que ahora tienen titularidad pública o privada, aunque no ha identificado a la mayor parte de los nuevos propietarios en el marco de la negociación que ha mantenido con el Gobierno. Lo mismo sucede en el caso de las viviendas: de las 37 que puso a su nombre sin corresponderle, vendió 22, cedió tres, una le fue expropiada y once cambiaron de dueño sin que haya dado detalles.
El anteproyecto de reforma de la Ley del Patrimonio Histórico prevé impedir que la Iglesia privatice bienes de interés cultural (BIC), lo que hubiera imposibilitado la transacción mercantil del Monasterio de Casbas.
Aristóteles Moreno, Público, 7 de diciembre de 2021
La venta del Monasterio de Casbas en Aragón, Monumento Nacional desde 1979 y Bien de Interés Cultural, para transformarlo en una hospedería ha vuelto a reactivar el debate sobre el uso y protección del patrimonio histórico, particularmente de los edificios de carácter religioso, tras la polémica de las inmatriculaciones eclesiásticas. La transacción mercantil se produce además apenas seis meses después de que el Ministerio de Cultura hubiera presentado un anteproyecto de modificación de la Ley de Patrimonio Histórico que prevé prohibir el comercio de monumentos BIC. «Dichos bienes solo podrán ser enajenados o cedidos al Estado o a otras instituciones eclesiásticas», estipula el apartado 4, artículo 19, del anteproyecto, que se encuentra en tramitación, aunque eventualmente paralizado por orden del nuevo ministro de Cultura, Miquel Iceta.
El Monasterio cisterciense de Casbas, fundado en el siglo XII, fue vendido por las monjas en 2007, tres años después de que lo abandonaran, a la Fundación Progea, vinculada a un grupo empresarial del mismo nombre. Los nuevos propietarios, que compraron el Monasterio por 2,7 millones de euros, anunciaron un paquete de proyectos para reactivar el Monumento Nacional, la mayor parte de los cuales no fueron ejecutados. Es el caso de una polémica escuela taller prevista para su rehabilitación que nunca se llegó a poner en marcha. El Grupo Progea entró en proceso de liquidación en 2013 y la Fundación está en concurso de acreedores desde principios de 2020.
Posted by asturiaslaica 
