Cuando Pepe Guisado escribió a EL PAÍS denunciado que un cura había abusado de él, no sabía que su historia la leería Ángel García, al que le había pasado lo mismo. Los dos fueron víctimas del mismo sacerdote cuando eran pequeños. Es un patrón: cada vez que se publica un testimonio llegan más.
1.594. Son las víctimas de abusos sexuales a menores en la Iglesia española que ha documentado EL PAÍS en casi cuatro años de investigación. Cuando el periódico publicó el testimonio de Pepe Guisado, Ángel García descubrió que no fue la única víctima del cura de su colegio. Una charla entre Íñigo Domínguez y Ana Fuentes, continuación del podcast ‘El silencio roto’
Adelantó en ella las tres líneas de actuación de la comisión y sus dudas acerca de la voluntad de los obispos de colaborar en la investigación sobre los abusos en la Iglesia(1)
Esta tarde, a las 17:00 horas, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha comparecido a petición propia en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para dar cuenta del «trabajo desarrollado hasta la fecha para la elaboración de un Informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, que le ha sido encomendado por el Congreso de los Diputados».
Durante su intervención en el Congreso, Gabilondo ha asegurado que la institución va a trabajar “con rigor, con seriedad, con determinación y con responsabilidad”. Así, el Defensor del Pueblo ha destacado que la encomienda aprobada por el Congreso de los Diputados, con una amplia mayoría, “es una llamada a la sociedad y a las instituciones, desde el dolor y la experiencia de las víctimas y de quienes vienen acompañándolas”.
Ángel Gabilondo ha afirmado que la institución asume la encomienda “sin ningún apriorismo y con una gran oportunidad de estudiar a fondo qué ha sucedido”. Según ha explicado, su objetivo es “recabar en un informe propuestas, medidas, cambios e iniciativas que logren resarcir a las víctimas e impedir que algo así vuelva a suceder”. A su juicio, “ningún país puede quedarse paralizado o avanzar sin reflexionar sobre cómo se ha tratado a sus menores, ni ninguna institución ni pública ni privada puede mirar a otro lado si ha tenido conocimiento de tan graves situaciones”.
El nuevo dosier de EL PAÍS entregado a la Conferencia Episcopal contiene acusaciones contra 244 curas, religiosos y seglares, que elevan el número total de víctimas documentadas a 1.594
Antonio Sánchez, víctima de abusos en 1957 en el hospital infantil madrileño San Rafael, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en una calle del barrio de Entrevías, en Madrid, este viernes / Samuel Sánchez
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La Iglesia española ha incorporado a la investigación de abusos de menores en el clero, iniciada en diciembre de 2021 a raíz de un informe de EL PAÍS, otros 278 testimonios de víctimas y testigos contra 244 clérigos y seglares que figuran en un nuevo dosier de este periódico, de 567 páginas. De ellos, 200 son nuevos acusados, desconocidos hasta ahora, y los otros 44, personas ya aparecidas en el primer estudio o en anteriores informaciones y que han hecho aflorar nuevos testimonios. En total, los relatos afectan a 282 víctimas —hombres en el 85% de los casos— que van desde 1941 a 2011. Una gran parte de los episodios sucedieron en los años sesenta y fueron cometidos en órdenes religiosas —un 86% del total—. Este segundo informe es una continuación del trabajo de investigación comenzado en 2018 por este diario, que parte del correo electrónico abierto entonces y al que han llegado ya más de mil mensajes de denuncia. De este modo, los casos que han salido a la luz en España se elevan a 840 acusados con al menos 1.594 víctimas, según la contabilidad que lleva este periódico, la única existente ante la ausencia de datos de la Iglesia. Figuran en una base de datos pública que se actualiza periódicamente. Las cifras se han disparado desde 2018, cuando solo se contaban 34 casos conocidos. En tres años y medio los números se han multiplicado por 25. La Conferencia Episcopal confirmó ayer que investiga las acusaciones y “ya ha puesto en manos de las autoridades competentes, estatales y canónicas, la información recibida”.
En este segundo informe hay nuevas órdenes y diócesis afectadas. En esta ocasión son 22 obispados, que si se suman a los del primer dosier, supone que 42 de los 70 que hay en España tienen acusaciones de abusos. En cuanto a las órdenes religiosas, que acumulan la gran mayoría de los casos debido a que gestionan y han gestionado colegios durante décadas, las que más denuncias suman en este informe son los salesianos (30 casos), los maristas (26), los jesuitas (25) y La Salle (22). También son las cuatro que más casos reúnen en el número total registrado.
Mientras las comunidades de religiosos plantean que hay que asumir las reivindicaciones de las víctimas, la Conferencia Episcopal rechaza formar parte de las pesquisas del Defensor del Pueblo e incluso ponen trabas a sus propias indagaciones
Asamblea de Confer, el órgano de coordinación de las congregaciones religiosas.
“Si no contamos con las víctimas, no hay nada que hacer”. La reflexión de un obispo muestra el pesimismo de buena parte del episcopado español respecto a las distintas investigaciones planteadas para intentar conocer la realidad de la pederastia clerical. Un pesimismo que, en buena medida, viene motivado por la falta de colaboración activa de la Conferencia Episcopal, y la aparente ausencia total de empatía con los supervivientes de los abusos.
“Pero, además, el problema no es solo no contar con las víctimas, que no lo hacemos, sino convencernos de que lo único que deberíamos hacer es lo que ellas nos pidieran. Las víctimas tienen que estar en el centro y a la cabeza de la solución”, añade el prelado, uno de los pocos que, en la pasada Asamblea Plenaria (celebrada a finales de abril), planteó que la reunión de todos los obispos hiciera un hueco para escuchar, de viva voz, los testimonios y las exigencias de las víctimas de abusos a menores en la Iglesia. Una petición que cayó en saco roto y que muestra a las claras cómo la mayor parte de los miembros de la Conferencia Episcopal “no nos tomamos en serio el problema o, como mucho, solo queremos plantearlo dentro de una realidad la de los abusos, que no se da solo en la Iglesia”.
El plan para investigar la pederastia en el clero prevé crear un equipo de 10 personas de escucha a los denunciantes y una comisión de asesores formada por expertos
El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ante la Comisión Mixta parlamentaria del Congreso de los Diputados el pasado marzo / ZIPI (EFE)
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Julio Núñez, Íñigo Domínguez, El País, 20 de mayo de 2022
El Defensor del Pueblo ya tiene definidas las líneas maestras de su hoja de ruta sobre la investigación de la pederastia en la Iglesia dos meses después de ser encomendada por el Congreso de los Diputados, según han adelantado a EL PAÍS fuentes cercanas al proceso. Ya tienen acordado el alquiler de un piso en Madrid donde, a partir de mediados de junio, se abrirá una oficina dedicada a la escucha de las víctimas. Se ha elegido un inmueble fuera de la sede oficial de la institución para garantizar la privacidad y la tranquilidad del proceso. El Defensor abrirá varias vías para que las víctimas y las personas que aporten información puedan ponerse en contacto con los investigadores. La principal será un buzón electrónico, accesible desde la página web del Defensor del Pueblo.
El trabajo se dividirá en dos equipos. Uno será una unidad integrada por 10 personas asalariadas a tiempo completo para atender a las víctimas. Todas ellas tendrán experiencia en este tipo de entrevistas. El otro será una comisión asesora, formada por entre 15 y 20 expertos de diversos ámbitos: psicólogos, victimólogos, historiadores, juristas, expertos en derecho canónico, informáticos… Se encargará de recopilar los testimonios recogidos, valorarlos y analizarlos, con el objetivo de elaborar un informe que refleje la dimensión real del problema de los abusos en la Iglesia y su encubrimiento. Ambos grupos de trabajo, matizan las mismas fuentes, serán flexibles y el número de los integrantes podrá variar conforme avancen los trabajos, incorporando perfiles que eventualmente vayan necesitándose.
El ministerio público estima en un informe remitido al Defensor del Pueblo que las comisiones para investigar la pederastia clerical deben ser independientes y ve “esencial” formar parte de la iniciativa oficial
El cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, durante la asamblea plenaria de los obispos, el 25 de abril / JAIME VILLANUEVA
La Fiscalía General del Estado desdeña que la propia Iglesia católica se investigue a sí misma sobre los casos de abusos a menores cometidos en su seno y su encubrimiento. Califica, además, “de escasa utilidad” el encargo de la Conferencia Episcopal Española (CEE) al despacho Cremades & Calvo-Sotelo para que lleve a cabo este cometido: “Deben descartarse y considerarse de escasa utilidad las auditorías o investigaciones parciales encomendadas por parte de la Iglesia a despachos de juristas privados, donde las víctimas adolecen del espacio seguro donde narrar su vivencia y se les insta a rellenar un formulario donde se refiere a ellas con el término ‘afectados”, precisa el ministerio público en un informe que remitió el martes al Defensor del Pueblo, en el que analiza desde su perspectiva el problema de los abusos y cómo afrontarlo. En el documento, al que ha tenido acceso este diario, advierte de que este tipo de comisiones deben ser independientes, y estima “esencial” la presencia de la Fiscalía en la investigación que el Congreso de los Diputados ha encargado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo.
El presidente de la Conferencia Episcopal anuncia que esta institución no participará en las pesquisas promovidas por Ángel Gabilondo para investigar la pederastia en las instituciones católicas. Mientras la Conferencia Española de Religiosos (Confer) y jesuitas, dejan la puerta abierta
El presidente de la Conferencia Episcopal (CEE), Juan José Omella, ha cerrado la puerta a la participación de los obispos en la comisión antiabusos liderada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. “Colaboraremos en lo que nos pidan, pero no podemos ser juez y parte”, ha destacado el purpurado durante un encuentro con presidentes de grandes grupos de comunicación, a quienes presentó, junto a Luis Argüello, la memoria de actividades de la CEE.
Omella avanza de esta forma su posicionamiento poco antes de reunirse con Gabilondo. Cierra así una puerta que otras instituciones eclesiales, como la Conferencia Española de Religiosos (Confer) y los jesuitas, han dejado abierta. De hecho, en la rueda de encuentros que Ángel Gabilondo está manteniendo con distintas instituciones y asociaciones de víctimas, casi todas le han confirmado que participarán y formarán parte, aunque los religiosos han preferido que su presencia sea discreta. “En petit comité”, han señalado fuentes cercanas a los encuentros.
Los periodistas de EL PAÍS que han destapado el escándalo de la pederastia en la Iglesia española cuentan cómo fueron los tres años de trabajo que finalmente llevaron a que por primera vez en la historia se haya abierto una investigación oficial
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Marta Curiel, Íñigo Domínguez, El País, 7 de mayo de 2022
El silencio roto es una miniserie sonora de tres episodios que permite conocer los entresijos de cuatro años de investigación periodística. Un trabajo del periódico que ha propiciado la primera investigación oficial sobre los abusos sexuales a menores en el seno de la Iglesia en España. Los periodistas de EL PAÍS que han destapado el escándalo de la pederastia en la Iglesia española cuentan cómo fueron los tres años de trabajo que finalmente llevaron a que por primera vez en la historia se abriera una investigación oficial del escándalo.
Un muro de silencio. El silencio roto, primer capítulo
Cuando Soledad Gallego Díaz llegó al periódico en 2018 para ocupar el cargo de directora lo hizo con una idea en la cabeza: investigar sobre la pederastia en el seno de la Iglesia española. Hasta el momento solo se habían publicado casos aislados en los medios de comunicación españoles. Todos estaban en una carpeta roja. Una carpeta que por su pequeño grosor daba cuenta de que era un asunto al que no se le había prestado mucha atención. Un viaje en autobús de un periodista que estaba empezando, la experiencia de otro que ya había destapado la trama Gürtel y la sorprendente llegada de cientos de testimonios de personas que habían sufrido abusos siendo menores hicieron que, por primera vez, comenzara a romperse el muro de silencio de la Iglesia sobre estos crímenes.
Relajado, contento, sin su rictus habitual de preocupación, y locuaz como siempre. Así se presentó Luis Argüello en la rueda de prensa de clausura de la Plenaria episcopal. Seguramente, porque ya sabe que Roma le va a proponer para saltar (en un buen salto) de obispo auxiliar a arzobispo residencial de Valladolid (más pronto que tarde).
Con lo que se convertirá en uno de los prelados ‘ascendentes’ del próximo futuro de la Iglesia española y dejará atrás el ‘cáliz’ de la secretaría de la CEE y de su portavocía. Cargos a los que, a pesar de sus sinsabores, tiene mucho que agradecerles, porque le permitieron pasar de un desconocido auxiliar de provincias a convertirse en poco tiempo en el ‘mirlo blanco’ de la Iglesia española.
En la rueda de prensa el secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha explicado que los obispos no formarán parte de la comisión de investigación sobre los abusos sexuales a menores acaecidos en el seno de la Iglesia católica que está conformando el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y ha advertido de la revictimización que puede suponer que se estén abriendo tantas investigaciones sobre este tema.
¿Qué investigación puede llevarse a cabo sobre los abusos en la Iglesia y cuál será su fiabilidad si las víctimas desconfían y se niegan a colaborar? “Es de sabios saber rectificar”, dice el cardenal Omella. Lleva razón. Está a tiempo de demostrarlo.
En el reciente encuentro de la cúpula de la Conferencia Episcopal Española (CEE), formada por los cardenales Juan José Omella, Carlos Osoro y monseñor Luis Argüello, en el Vaticano, el Papa les ha pedido expresamente que pongan en el centro de su atención a las víctimas de la pederastia y las acompañen.
No ha sido esa la actitud de los obispos españoles en el pasado y quizá no lo sea en el futuro a la vista de los pasos que están dando. La primera desviación del acompañamiento a las víctimas ha sido encargar la auditoría externa al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, cuyo presidente es miembro del Opus Dei, organización católica que no ha colaborado en la investigación de la pederastia en sus colegios, sino todo lo contrario: ha encubierto a los pederastas y persiste en defender la inocencia del abusador de un adolescente en el colegio Gaztelueta condenado en sentencia firme. ¿Puede llamarse externa una auditoria sellada por la alianza entre el Opus Dei y la cúpula de la CEE a través de la firma del presidente de la CEE y del presidente del despacho Cremades & Calvo Sotelo en la sede de este con un gran despliegue mediático?