La mayoría de las asociaciones de afectados por casos de pederastia en el clero da la espalda a la auditoría que los obispos encargaron al bufete Cremades & Calvo-Sotelo, pues no consideran imparcial a su presidente por pertenecer al Opus Dei
Miembros de la asociación ANIR se abrazan en el acto de recibimiento a víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia católica, en la sede de la Conferencia Episcopal Española, en marzo / Foto: ISABEL INFANTES (EUROPA PRESS)
La mayoría de las asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia advierte de que la auditoría que los obispos españoles encargaron el pasado febrero al despacho de abogados Cremades & Calvo-Sotelo es una investigación que “nació muerta” desde el momento en el que la Conferencia Episcopal Española (CEE) decidió poner al frente del equipo de trabajo a Javier Cremades, consejero delegado del bufete. “La decisión de la Iglesia de buscar la verdad nos parece un paso adelante. Lo que no nos parece un paso adelante es la persona en la que ha recaído esta investigación. Es un hombre muy relacionado con el Opus Dei, una prelatura que ha atacado directamente a las víctimas. No me parece el medio más adecuado para llevar a cabo una investigación que debería ser neutral”, explica Ana Cuevas, representante de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR).
Su hijo sufrió abusos de un profesor entre 2008 y 2010 en el colegio Gaztelueta (en Leioa, Bizkaia), un centro de enseñanza perteneciente al Opus Dei que aún no ha reconocido la culpabilidad del agresor pese a una condena judicial dictada por el Tribunal Supremo. “El mayor favor que puede hacer Cremades en esta causa es dimitir”, dice Cuevas. El líder del bufete siempre ha reconocido que es miembro del Opus Dei y ha subrayado que su pertenencia no influirá en el trabajo. “Me juego mi prestigio”, ha repetido en varias ocasiones. La madre que le acusa de no ser imparcial, insiste: “Lo primero que debería haber hecho es condenar el delito y la actuación de acoso del colegio contra mi hijo”.
El presidente de la Conferencia Episcopal pide perdón a las víctimas y anuncia que está dispuesto a llegar “hasta donde haga falta” en la investigación de la pederastia en el clero español
El cardenal Juan José Omella, durante la entrevista con EL PAÍS este jueves en el Pontificio Colegio Español de San José de Roma / ANTONELLO NUSC
Juan José Omella (Cretas, Teruel, 75 años), cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), baja las escaleras del Colegio Pontificio español, en el barrio romano de Monteverde, vestido ya de gris austero. Ha dejado en el armario el atuendo cardenalicio que llevaba en la visita al Papa hecha una hora antes junto al cardenal Carlos Osoro y al secretario de la CEE, Luis Argüello, para dar cuenta de distintos asuntos, entre los que destacaba el proceso de investigación de abusos a menores en el que se ha embarcado la Iglesia. Omella, durante la entrevista que concede a EL PAÍS, cuenta que Francisco ha aprobado el tipo de comisión que la Conferencia Episcopal ha encargado al despacho de abogados Cremades& Calvo-Sotelo. “El Papa lo ha visto bien y nos anima a seguir en esa línea. Es una comisión independiente, pero queremos colaborar y esperamos que aporte una buena síntesis”, apunta en una conversación de unos 30 minutos.
Cerca de cuatro meses después de la publicación del dosier de EL PAÍS que incluía 251 casos que afectaban a 31 diócesis y 31 órdenes religiosas, la Iglesia no ha llegado a ninguna conclusión, y muchas víctimas todavía no han sido contactadas. Pero la institución ha dado un importante giro en su acercamiento a la cuestión. Omella, en un tono conciliador, después de haberse reunido con varias asociaciones de afectados, explica algunos de los motivos de este cambio y asegura que está dispuesto a llegar “hasta donde haga falta”. Pero también hay matices. Se abrirán los archivos, apunta, hasta donde permita el respeto a la ley. Y solo aceptarán entrar en la comisión de investigación coordinada por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, cuando conozcan la metodología y los objetivos.
El bufete contratado por la Conferencia Episcopal también trabajará con dos abogados del despacho alemán que publicó un informe sobre la pederastia en la archidiócesis de Múnich
El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, a la derecha, ofrece una rueda de prensa junto a Javier Cremades, del bufete de abogados Calvo Sotelo-Cremades el 22 de febrero / KIKE PARA
El despacho de abogados que recibió el encargo de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para auditar la pederastia en la Iglesia española en las últimas décadas contará con expertos internacionales sobre el tema, como el presidente de la comisión homóloga portuguesa, Pedro Strecht. También participarán los abogados Martin Pusch y Ulrich Wastl del despacho alemán Westpfahl Spilker Wastl (WSW), que elaboró un informe sobre estos delitos en la archidiócesis de Múnich y Frisinga. “Estamos hablando de profesionales con experiencia y de prestigio, con mucha credibilidad en lo que hacen. Hay que tener en cuenta que en España es la primera vez que se lleva a cabo algo de esta envergadura y queremos estar seguros de que se hará bien”, ha explicado a EL PAÍS Javier Cremades, presidente y fundador de Cremades & Calvo-Sotelo, bufete al que la CEE ha encomendado la auditoría sobre los abusos en su seno.
También se han sumado nombres como Patricia Lee Refo, expresidenta de la American Bar Association, una de las asociaciones de abogados más importante del mundo; Carolina Marín Pedreño, abogada de familia, jefa del departamento de menores del despacho británico Dawson Cornwell y experta en sustracción internacional de menores; Katharina Miller, socia fundadora del despacho hispano alemán 3C Compliance y presidenta de la Asociación Europea de Mujeres Juristas; Juan Carlos Gutiérrez, abogado venezolano del despacho Cremades y presidente del Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Mundial de Juristas; la abogada Liza M. Velazquez, del despacho estadounidense Paul Weiss; la psicóloga costarricense Marina Peña; y Juan Pablo Gallego, abogado argentino especialista en abusos sexuales en la Iglesia que encabezó la querella contra el cura Julio César Grassi (condenado a 15 años de cárcel en 2009).Strecht, que recibió el encargo de la Conferencia Episcopal de Portugal de liderar su comisión, es un reconocido psiquiatra especializado en infancia y adolescencia, que había atendido a los menores abusados en el gran escándalo de la Casa Pía hace dos décadas.
El abogado, ex presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, es secretario general de Educatio Servanda, conocida por su ultraconservadurismo y su defensa de los ‘principios irrenunciables’, así como un estilo de educación basado en la segregación por sexos.
En primer término, Cremades junto a Argüello. Al fondo, Alfredo Dagnino
Este pasado jueves, durante las jornadas de responsables de las oficinas de abusos de la Iglesia española, dos laicos (uno del Opus Dei, otro propagandista), presentaron las claves de actuación de la auditoría encargada por la Conferencia Episcopal al bufete Cremades&Calvo Sotelo. Uno de ellos, su presidente, Javier Cremades; el otro, el coordinador del equipo, que se presentará oficialmente el próximo miércoles, Alfredo Dagnino.
Dagnino no es un desconocido para quienes seguimos la actualidad de la Iglesia española. Y no precisamente para bien. Letrado del Consejo de Estado, durante su etapa como presidente de la Asociación Católica de Propagandistas, sustituyendo a Alfonso Coronel de Palma, trató de laminar toda oposición ‘moderada’, poniendo las bases para deconstruir el congreso Católicos y Vida Pública, convirtiéndolo no en un lugar de encuentro para todas las sensibilidades (como lo soñó Coronel), sino en el ‘think tank’ de la ultraderecha católica, algo que han perpetuado, y aumentado, los actuales dirigentes. El mandato intermedio de Carlos Romero Caramelo no pudo frenar esta deriva en la institución creada por Ángel Herrera Oria.
Las víctimas de abuso Alejandro Palomas –escritor que se reunió con Pedro Sánchez–, Miguel Hurtado, Manuel Barbero, Esther Pujol y Jordi de la Mata no colaborarán con la investigación aprobada por el Congreso
Manuel Barbero (izquierda), Esther Pujol, Alejandro Palomas, Vicki Bernadet y Miguel Hurtado, este jueves, antes de la presentación de la Plataforma Tolerancia 0 en el Colegio de Periodistas de Cataluña / Fundación Vicki Bernadet
Golpe a la investigación oficial sobre la pederastia en la Iglesia impulsada por el PSOE y aprobada por el Congreso antes incluso de que eche a andar. La comisión del Defensor del Pueblo sobre los abusos sexuales a menores en la institución católica nacerá lastrada por el rechazo de un destacado grupo de víctimas catalanas, entre las que figuran denunciantes de varios de los más sonados escándalos.
La Plataforma Tolerancia 0 hizo este este jueves pública su constitución en Barcelona con el impulso de quienes se presentan como los «primeros» denunciantes de: 1) el caso de la Abadía de Montserrat, Miguel Hurtado, cofundador de la organización internacional Ending Clergy Abuse; 2) el caso de los maristas, Manuel Barbero, a su vez fundador de Mans Petites; 3) el caso Bellcaire, Esther Pujol; 4) el caso de los jesuitas, Jordi de la Mata (es firmante del informe de la plataforma, pero aún no miembro formal de la misma); y 5) el caso de La Salle, Alejandro Palomas, escritor que llegó a reunirse con Pedro Sánchez. Todos ellos se encuentran entre los rostros más conocidos y las voces más escuchadas de la lucha contra la impunidad de la Iglesia. A la plataforma se suma la Fundación Vicki Bernadet de atención a las víctimas de abuso sexual a menores.
Los promotores se muestran críticos con la fórmula aprobada en el Congreso, una comisión coordinada por el Defensor del Pueblo, y presentarán este jueves un informe detallando su propuesta
Miguel Hurtado, integrante de la Plataforma Tolerancia 0 y autor del informe detallando la propuesta de «comisión de la verdad» / Europa Press
Un grupo de víctimas catalanas de abuso sexual en la Iglesia, entre ellas varias de las que acreditan una trayectoria de denuncia más destacada en toda España, marca distancias con la investigación del Defensor del Pueblo y constituye un lobby para exigir una «comisión de la verdad» que fuerce a la institución católica a cooperar y abrir sus archivos. La Plataforma Tolerancia 0 integra entre otros denunciantes de abusos al escritor Alejandro Palomas, al fundador de Mans Petites, Manuel Barbero, al psicólogo Miguel Hurtado y a Esther Pujol. A ellos se suma la Fundación Vicki Bernadet, nacida en 1997 para ofrecer atención a víctimas de abuso sexual a menores.
El objetivo de la nueva plataforma, que tiene previsto presentarse este jueves en Barcelona, es presionar a los partidos tras constatar que, hasta la fecha, el movimiento de víctimas no ha logrado los objetivos perseguidos ni ve garantía de una investigación a fondo. Su primera medida será presentar un informe detallando su propuesta de creación de una «Comisión de la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición», que según los planes de la plataforma empezaría en Cataluña con voluntad de extenderse a toda España y que requiere de reformas legales en el Congreso para poder tener acceso a los archivos de la Iglesia.
Críticas a la «descafeinada» comisión de Gabilondo
En estos dos países se han creado comisiones independientes, impulsadas por la Conferencia Episcopal nacional, presididas por una personalidad relevante y conformadas por un equipo multidisciplinar
El papa Francisco durante la audiencia semanal general este miércoles en el Vaticano /
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Fuente: Laura Galaup, El Diario, 28 de marzo de 2022
Las pesquisas para conocer qué dimensión han tenido los abusos sexuales en las instituciones católicas españolas están echando a andar. Tras años de reivindicaciones por parte de las víctimas, finalmente en nuestro país se han impulsado dos comisiones que investigarán –en paralelo y a la vez– estos casos.
Otros países llevan años con las conclusiones de esos trabajos encima de la mesa. La experiencia adquirida por estos estados ayudará a los impulsores de las dos iniciativas a perfilar su funcionamiento. En Francia y en Portugal el modelo es parecido al mandato que el Congreso ha dado al Defensor de Pueblo, con comisiones independientes lideradas por una personalidad del país. Por su parte, en Alemania se decantaron por un equipo de investigadores universitarios. En nuestro país, la Conferencia Episcopal ha contratado al bufete de abogados Cremades & Calvo-Sotelo para realizar una auditoría externa. Este encargo ha generado desconfianza entre algunas víctimas debido a la vinculación del presidente del bufete, el letrado
Javier Cremades, con el Opus Dei. El colectivo de afectados Infancia Robada ya ha anunciado que no va a colaborar con los trabajos impulsados por los obispos.
El presidente de la Conferencia Episcopal, en una reunión con Infancia Robada, no ha detallado en qué grado colaborarán con la investigación del Defensor ni si indemnizarán a las víctimas
El cardenal Juan José Omella recibe a varias víctimas de pederastia clerical en la sede de la CEE, este miércoles en Madrid / VICTOR SAINZ
La sede del poder de los obispos ha recibido el miércoles 23 la visita de Ana Cuevas, madre de una víctima de abusos sexuales en un colegio del Opus Dei. El centro educativo continúa sin reconocer la culpabilidad del docente, pese a la condena judicial. También ha acudido Emiliano Álvarez, de quien con tan solo 10 años abusó sexualmente un sacerdote. Ellos y en torno a otra decena de víctimas se han reunido este miércoles con el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, en la sede de la institución en Madrid. Una de las principales conclusiones de la reunión es que el presidente de la CEE ha afirmado que “estudiará” la posibilidad de ofrecer a las víctimas “vías alternativas” al despacho Cremades & Calvo-Sotelo para intermediar con ellas en la auditoría interna de la Iglesia, dada la escasa confianza que el bufete despierta en el colectivo, según fuentes de la asociación a la que pertenecen la mayoría de los afectados que han acudido, Infancia Robada. Preguntada por esta posibilidad, la CEE indica que no comentan “nada” sobre la reunión. “Las víctimas merecen tener todo el respeto”, añade un portavoz.
“Esta asociación”, ha comentado Cuevas al término de la reunión de cuatro horas, “no puede reconocer la autoridad del despacho Cremades & Calvo-Sotelo debido a la existencia de intereses contrapuestos, al ser su presidente miembro destacado del Opus Dei, cuya conducta se ha basado en una postura negacionista y el silencio cómplice. Exigimos una rectificación”. Todas las asociaciones de víctimas han desechado la utilidad de esta auditoría, presentada hace un mes por el propio Omella. La portavoz de Infancia Robada cree que el presidente de la CEE “ha entendido que si nosotros no confiamos en ese despacho, no puede ser realmente un mediador válido”. “Entonces tendrán otro tipo de recursos para atender a víctimas”, ha añadido.
El presidente del despacho, Javier Cremades, defendió en una entrevista en EL PAÍS la capacidad de su bufete para emprender esta tarea: “Comprendo perfectamente [esas acusaciones] y lo vamos a solucionar con un trabajo bien hecho. Solo hay dos opciones: o está bien hecho y ofrece una solución, o está mal y es un fracaso”.
La iniciativa investigadora en la que buena parte de las víctimas tienen puestas sus esperanzas no es la que desarrolla internamente la Iglesia, sino la que dirigirá el Defensor del Pueblo. “Le hemos pedido que colabore con el Defensor, en el que las víctimas depositamos nuestra confianza. Es el modelo adecuado para una investigación neutral y transparente”, ha comentado Cuevas. “La colaboración firme de la Iglesia no se pide en aras de acabar con ella, sino de salvarla de una actitud obstruccionista”, ha dicho.
Cuevas ha notado una actitud “positiva” en Omella: “Nos ha escuchado. No es lo mismo hablar desde fuera que oírlo de primera mano y eso le ha llegado. Espero que a partir de ahora haya un antes y un después”. La portavoz de Infancia Robada, además, ha situado al cardenal en la “parte no negacionista de la CEE”, dispuesta a escuchar a las víctimas.
Más allá de declaraciones de intenciones, Omella no ha expresado compromisos concretos, ni sobre el grado de colaboración de la institución que dirige con la investigación del Defensor, ni sobre indemnizar a las víctimas, ni sobre abordar el encubrimiento. Infancia Robada ha transmitido estas peticiones concretas, que la CEE “estudiará”, según ha explicado Cuevas: “Una condena rotunda y sin paliativos de los abusos, pidiendo un perdón público y sin excusas, que venga avalado por todos y cada uno de los miembros de la Conferencia Episcopal y por los jerarcas de todas las congregaciones, órdenes y prelaturas; terapias psicológicas y psiquiátricas reparadoras de por vida para los supervivientes; ayudas para conseguir un trabajo en el mercado laboral; una reparación económica por los daños causados y una indemnización por incapacidad laboral”. “Nos han dicho que lo van a estudiar, que lo va a hablar con el Papa y estamos a la espera”, ha comentado Cuevas.
Omella no ha respondido a los periodistas, pero sí ha hecho un breve comentario para “agradecer” a las víctimas acudir a la sede de la CEE y “la confianza” con la que han “trabajado”.
Juan Cuatrecasas, uno de los responsables de Infancia Robada, en la puerta de la CEE este miércoles / VICTOR SAINZ
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«Un cambio de rumbo urgente»
Al término de la reunión, la presidenta de Infancia Robada, Ana Cuevas, agradeció al cardenal de Barcelona su “cercanía” y animó a Omella a “dar un paso al frente, con responsabilidad y eficacia, siguiendo la línea del mandato del Papa Francisco”, abriendo los archivos y «depurando» responsabilidades».
«Es lamentable y reprobable que a día de hoy aún se esté debatiendo entre los muros de la CEE si se va a colaborar o no con la comisión del Defensor del pueblo. Por respeto a las víctimas, a todas, hay que exigir un cambio de rumbo urgente, firme e ineludible», recalcó.
“Le instamos a colaborar con la investigación del Defensor del Pueblo, en quien nosotros, las víctimas, depositamos nuestra confianza”, leyó Cuevas, quien pidió “que se reconozca la dignidad que durante años se nos ha robado”.
“Las víctimas vemos en la figura del defensor del pueblo el modelo adecuado para llevar a cabo una investigación neutral, exhaustiva y transparente”. Sin embargo, Omella sólo se comprometió a abordar, junto al resto de obispos, su participación en la misma. «Creemos, sin duda, que la colaboración firme, comprometida y sincera de la Iglesia, no se le pide para acabar con ella, sino para salvarla de una actitud obstruccionista, que algunos jerarcas han venido llevando a cabo durante décadas, comprometidos no con las víctimas, sino con sus verdugos”.
Infancia Robada, además, “no puede reconocer la autoridad del despacho Cremades&Calvo Sotelo”, elegido por la CEE, “por intereses contrapuestos, al ser su presidente miembro del Opus Dei, una prelatura negacionista, donde impera el silencio cómplice y la revictimización”.
«No queremos que se quede en datos estadísticos y un protocolo… y que sigan defendiendo a los agresores, y considerándolos uno de los nuestros, mientras niegan y ningunean a los niños y niñas católicos, hijos de familias católicas», reclamó la asociación, que exigió «una rectificación de la CEE y una solución a los problemas concretos que les presentamos», que se ha de articular en torno a cuatro ejes: «Verdad, justicia, reparación y acompañamiento».
Y cuatro medidas:
-Una condena rotunda y sin paliativos de loa abusos, pidiendo un perdón público y sin excusas, que venga avalado por todos y cada uno de los miembros de la CEE y por los jerarcas de todas las congregaciones, ordenes y prelaturas;
-Terapias psicológicas y psiquiátricas reparadoras de por vida para los supervivientes
-Ayudas para conseguir un trabajo en el merado laboral
-Una reparación económica por los daños causados y una indemnización por incapacidad laboral
¿Respuestas? «Nos ha dicho que lo van a estudiar, lo va a hablar directamente con el Papa, y estaremos a la espera», respondió Cuevas. «Creo que ha escuchado con interés, no es lo mismo hablar desde fuera que oírlo de primera mano. Esperamos que a partir de ahora haya un antes y un después», culminó la presidenta de Infancia Robada.
Intervención de la portavoz de la Asociación «Infancia Robada», Ana Cristina Cuevas en la rueda de prensa tras la reunión / Europa Press
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Una nueva reunión
No es la primera vez que las víctimas se reúnen con el presidente de la CEE para contar sus historias. En 2019, representantes de Infancia Robada dialogaron con el líder eclesial de entonces, Ricardo Blázquez. La principal reivindicación del colectivo en esa reunión era que la Iglesia española iniciase una investigación sobre los abusos sexuales a menores en su seno. Los obispos no atendieron esa reclamación.
Tres años después, la reunión se celebra en un contexto muy diferente: tras la entrega de EL PAÍS al Vaticano de un dosier con 251 casos inéditos a finales de 2021, el asunto se colocó en el centro del debate político. Hace un mes la CEE anunció el encargo al despacho de abogados de emprender una auditoría y hace dos semanas aportaron por primera vez una contabilidad de denuncias recibidas, recogidas a través de las oficinas para víctimas habilitadas por diócesis y órdenes religiosas por imposición del Papa. Hablaron de 506 denuncias, sin precisar el número de afectados o de abusadores. Según los datos de este periódico, en España hay al menos 613 casos y 1.252 víctimas. Estas cifras están lejos de la realidad del problema, según denuncian los expertos. En un país como Francia la comisión investigadora calculó que había al menos 216.000 víctimas desde mediados del pasado siglo.
El despacho asegura que si se le impide el acceso a archivos eclesiales lo hará constar en el informe final
Javier Cremades, presidente del despacho Cremades & Calvo Sotelo, y Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, el 22 de febrero en su rueda de prensa conjunta para presentar el encargo de la auditoría de los abusos sexuales / Europa Press
El despacho Cremades & Calvo Sotelo, al que la Iglesia encargó la «auditoría» de la pederastia en el seno de la institución católica, recibe más de dos denuncias de media al día de posibles víctimas de abusos sexuales desde el 22 de febrero. Aquel día Javier Cremades, presidente del bufete, presentó el encargo de la Conferencia Episcopal Española (CEE) junto a su máximo responsable, el cardenal Juan José Omella, e hizo pública la dirección de correo electrónico para denunciar: denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com. «Entre correos y teléfono, nos han contactado 35 personas», explica a infoLibre Diego Solana, socio del bufete legal, con datos actualizados a viernes 11 de marzo. Es decir, se trata de 35 denuncias en 17 días.
«Quieren ser escuchadas»
Solana es prudente a la hora de «generalizar» sobre el perfil de los denunciantes. «Es muy diverso. Son personas que han sufrido mucho. Diría que quieren que se reconozca que se les ha hecho un daño, que no es culpa suya, que las personas que tenían que protegerlas no lo hicieron. Necesitan ser escuchadas y que haya un reconocimiento de que se ha hecho un mal», afirma Solana.
Todavía no ha habido entrevistas personales cara a cara, aunque están en los planes del bufete . «Va a ser la persona [denunciante] la que decida de qué manera quiere abordar [el proceso] y cómo quiere que se recoja su testimonio», añade Solana, que aclara que las denuncias han llegado directamente de posibles víctimas, no de familiares.
El bufete contratado por la Conferencia Episcopal envía un formulario a los denunciantes, en los que evita llamarlos víctimas (se habla de «afectados») y en el que se les pide una serie de datos. El bufete será el representante de los obispos en la comisión del Defensor del Pueblo
Javier Cremades y Juan José Omella en la rueda de prensa en la que se anunciaba la «auditoría independiente sobre los abusos sexuales en el ámbito de la iglesia católica española»
Los obispos derivarán toda colaboración, o participación directa, de la Iglesia en la comisión deinvestigación aprobada por el Congreso de los Diputados y encargada al Defensor del Pueblo en el bufete al que han contratado, Cremades & Calvo Sotelo. Según ha podido saber elDiario.es, dentro del acuerdo firmado entre la Conferencia Episcopal y el bufete el pasado 22 de enero figura la capacidad de Cremades de representar a la Iglesia española en cualquier ámbito de participación o investigación pública, así como la entrega y análisis de la información referente a víctimas.
Todo ello si, finalmente, la Iglesia acepta participar en la comisión del Defensor del Pueblo. El portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, se encargó de advertir el pasado viernes que “la Iglesia no es una administración pública” a la que el órgano dirigido por Ángel Gabilondo pueda controlar. En todo caso, cualquier contacto oficial se derivará a través del despacho de abogados, que todavía ultima la composición de su equipo de trabajo, pero que ya habría recibido alrededor de unas 40 denuncias.
‘Afectados’ y no ‘víctimas’
«Formulario datos afectados«. Así encabeza Cremades&Calvo Sotelo, encargado de la auditoría externa sobre los abusos a menores en la Iglesia española, el cuestionario dirigido a las víctimas que se ponen en contacto con el bufete, a través del correo establecido a tal efecto, denunciaabusos@cremadescalvosotelo.com.
Según el documento, al que ha tenido acceso RD, se solicitan al ‘afectado’ (el término víctima no aparece por ningún lado) sus datos personales: nacionalidad, estado civil, edad, lugar de residencia, así como los «datos relativos a su condición: sacerdote, religioso, laico, catequista, profesor de centro religioso o de religión…».
Posted by asturiaslaica 
