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Antonio Gómez Movellán, Público, 29 de diciembre de 2022
El finalizar el año es siempre un buen momento para hacer un balance de la legislatura, en este caso de los aspectos relativos al laicismo y al gobierno. Debemos subrayar, en primer lugar, los avances que se han hecho en algunas cuestiones; a nivel del gobierno central y durante los dos primeros años se cultivó una simbología laica de las ceremonias oficiales como, por ejemplo, el juramento no confesional de los ministros o la ceremonia laica en memoria de los fallecidos por la covid; aunque fue un impulso que se limitó solo a los primeros años ya que después se volvieron a mantener las celebraciones religiosas de Estado como, por ejemplo, el anacrónico ofrecimiento de la nación al apóstol Santiago, por no hablar de todas las ceremonias religiosas que se hacen oficiales en la mayoría de los ayuntamientos y Comunidades Autónomas o en el seno del Ejército.
En el ámbito de la memoria histórica, pese a todas sus limitaciones, la nueva ley abre la vía para exigir la supresión del simbolismo católico fascista en muchos lugares y también debiéramos exigirlo para el Valle de Cuelgamuros. En cuanto a los derechos individuales cabe hacer mención al avance de los derechos de las personas como ha sido la inclusión del aborto en el sistema público hospitalario- aunque aún no está claro cómo se implementara -o la garantía de los derechos de las personas transgénero; la promulgación de la ley de eutanasia ha sido un avance muy significativo pese a las deficiencias en su aplicación donde hay casos particulares que han llamado la atención.
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