El PSOE pide a la Alcaldesa de Gijón «hilar fino» con el reglamento de laicidad

La alcaldesa, Ana González, explicó ayer el documento a los afiliados, en un acto celebrado en la Casa del Pueblo que estuvo moderado por Gladys Vicente Arias, secretaria de Memoria Histórica y Laicidad de la agrupación

Gladis Vicente Arias y Ana González, ayer, durante el acto en la Casa del Pueblo sobre el reglamento. | Á. G.

Pablo Palomo, La Nueva España, 13 de julio de 2022

«Hay que hilar fino para que esto no genere problemas y no se lesione el derecho de nadie a la libertad religiosa». Así se expresó ayer Tino Vaquero, responsable de política municipal de la ejecutiva de la Agrupación Socialista Gijonesa, en referencia al texto previo del documento de laicidad que quiere impulsar el gobierno local, para cumplir con el punto 87.º de los 88 que conforman el pacto firmado por los socialistas con Izquierda Unida para alumbrar el acuerdo de gobierno tras las elecciones de 2019. Lo dijo minutos antes de un encuentro en la Casa del Pueblo a donde acudió la alcaldesa, Ana González, a explicar los pormenores del norma. La primera edil rechazó realizar declaraciones.

«Es un tema complicado porque afecta a un derecho fundamental, que es el derecho a la libertad religiosa que está consagrado en el artículo 16 de la Constitución», arrancó Vaquero, que avisó de que las competencias de un Ayuntamiento en este sentido podrían ser limitadas. «En tanto en cuanto estamos hablando de un derecho fundamental hay que ver hasta donde puede llegar la regulación que un ente local puede hacer de este derecho», puntualizó el socialista. «Hay que ver cómo se plantea, ver que se plantea, si este es el cauce o no, para luego evitar impugnaciones y que esto pueda impugnarse por parte de un concejal o de algún partido político», añadió. Respecto a una posible judicialización del asunto, Vaquero cargó contra la derecha. «Judicializan la política. Hay que estar prevenidos ante cualquier situación de este tipo para que no se generen problemas ni se lesione el derecho de nadie», declaró.

Preguntado sobre si la norma puede afectar a la cabalgata de Reyes o a la promoción turística de la Semana Santa, Vaquero también habló. «Cuando hablamos de un acto religioso no hay que pensar en el acto de culto en sí, sino que estamos ante manifestaciones que exceden la dimensión religiosa y entra dentro de lo cultural y tradiciones populares», valoró. «Hay que ver el proyecto, el texto, ver hasta donde llega y hasta donde podemos llegar», finalizó. El acto con González estuvo moderado por Gladis Vicente Arias, secretaria de Memoria Histórica y Laicidad de la Agrupación. «Es una primera toma de contacto. Tendremos reuniones posteriores para ver cada artículo», finalizó.

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ACLARACIONES desde ASTURIAS LAICA

Desde Asturias Laica entendemos que confundir la libertad religiosa de cada persona individual con la supuesta libertad religiosa de los cargos públicos es un error garrafal. Cada persona tiene pleno derecho a su libertad religiosa individual. Los cargos públicos como tales, al ser garantes de la libertad religiosa de TODOS/AS no tienen, cuando ejercen su función institucional, esa opción. Han de mantenerse al margen de todas las opciones de conciencia, por respeto y por mandato constitucional.

El art. 16.3 de la Constitución proclama que «ninguna confesión tendrá carácter estatal» e impide por ende, como dicen los recurrentes, que los valores o intereses religiosos se erijan en parámetros para medir la legitimidad o justicia de las normas y actos de los poderes públicos. Al mismo tiempo, el citado precepto constitucional veda cualquier tipo de confusión entre funciones religiosas y funciones estatales.

[…] Dicho de otro modo, el principio de libertad religiosa reconoce el derecho de los ciudadanos a actuar en este campo con plena inmunidad de coacción del Estado y de cualesquiera grupos sociales, de manera que el Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia, junto a los ciudadanos, en calidad de sujeto de actos o de actitudes de signo religioso… / Sentencia del Tribunal Constitucional  24/1982, de 13 de mayo

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