La cooperación, sujeta en la ley a la “función social” del patrimonio, se extiende al resto de confesiones “si poseen los necesarios valores culturales”. El Anteproyecto de Reforma de la Ley de Patrimonio Histórico ha sido aprobado esta mañana en Consejo de Ministros.
Ángel Munárriz, InfoLibre, / Agencia EFE, 22 de junio de 2021
El Gobierno de España establece en una nueva ley que el Estado cooperará con la Iglesia para “enriquecer” y “conservar” el patrimonio histórico eclesiástico. Así lo recoge el último borrador del anteproyecto de ley por el que se modifica la Ley del Patrimonio Histórico Español, que está previsto que llegue este martes al Consejo de Ministros y al que ha tenido acceso infoLibre.
El texto, redactado por el Ministerio de Cultura y Deporte y que aún debe pasar por toda la tramitación parlamentaria, recoge lo siguiente en una disposición adicional: “La Administración General del Estado cooperará en la conservación y el enriquecimiento del Patrimonio Histórico eclesiástico, garantizando siempre el cumplimiento de su función social”
La colaboración patrimonial de la Iglesia con el Estado topaba en ocasiones con dificultades técnicas, a pesar de estar recogida en el acuerdo sobre asuntos culturales con la Santa Sede de 1979, señala una fuente autorizada del Ministerio de Cultura y Deporte, que afirma que la reforma legal pretende superar estas dificultades.
¿Qué dificultades, concretamente? “A veces resulta complicado cooperar. Por ejemplo, si quieres ayudar [a una institución religiosa] a arreglar una iglesia que se está cayendo, hay dudas sobre cuál es el título jurídico necesario. Si se está cayendo un ábside de la catedral de Palencia, ¿podemos ayudar? Hay funcionarios que tienen sus dudas y alegan que podría hacer falta un acuerdo con la diócesis”, añade. Del mismo modo, continúa, hay interventores que ahora, a la hora de fiscalizar un gasto, piensan que no es posible establecer la cooperación económica con la Iglesia sin “un título jurídico adicional”. Con la redacción del anteproyecto, la colaboración es más sencilla. Queda tallado en la piedra del BOE que “la Administración General del Estado cooperará”. Fuera dudas.
La Iglesia católica es considerada la mayor propietaria de patrimonio histórico de España, país en el que tiene una implantación secular. La institución acumula 22.993 parroquias, 87 catedrales y 639 santuarios, según la última memoria de la Conferencia Episcopal, que suele alegar –ante las críticas por la aportación de dinero público a su funcionamiento– que su patrimonio tiene un impacto total en el PIB de 22.620 millones de euros y supone 225.000 empleos de manera directa, indirecta e inducida. Los críticos con el apoyo del Estado a la Iglesia, como Europa Laica, denuncian que entre subvenciones, ayudas, asignación vía casilla de la Iglesia en el IRPF, exenciones y salarios, las arcas públicas benefician a la institución religiosa con miles de millones de euros al año.
La institución católica no es la única que se beneficia de la redacción de la nueva ley, que también establece que la cooperación para “enriquecer” y “conservar” su patrimonio histórico se extiende a otras confesiones religiosas “si poseen los necesarios valores culturales”. Las otras tres confesiones con acuerdos de cooperación con el Estado son la judía, la evangélica y la islámica.
El Consejo de Ministros celebrado este martes ha aprobado el Anteproyecto de Ley de Reforma del la ley de Patrimonio Histórico
El Gobierno ha aprobado este martes en Consejo de Ministros, a petición del ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, el anteproyecto de reforma de la Ley de Patrimonio Histórico con el que pretende poner al día la ley del año 1985 y adecuarla, junto a la ley de 2015 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial, en un único texto normativo que integre todas las modificaciones legislativas que se han hecho a lo largo de los últimos años.
Según han explicado a EFE fuentes del Ministerio de Cultura y Deporte, el anteproyecto pasará ahora a los ministerios implicados antes de volver “en unas semanas” al Consejo de Ministros, para iniciar a continuación su tramitación parlamentaria.
Los principales puntos que propone el texto son los siguientes:
— Proteger el Patrimonio Audiovisual y Cinematográfico y las Filmotecas como archivos que guardan bienes culturales.
— Reconocer los Patrimonios Industrial, Inmaterial, Subacuático y Cinematográfico y Audiovisual.
— Regular una nueva categoría de Bienes de Interés Mundial que se aplicará a los monumentos y conjuntos declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco.
— Crear la figura de los Planes de Salvaguardia para los monumentos.
— Prohibir a la Iglesia enajenar los bienes de interés cultural salvo que se transmitan al Estado u otras Administraciones Públicas.
— Dar más precisión al régimen de los bienes que han salido ilegalmente de España.
— Hacer obligatoria la conservación preventiva para que los bienes culturales no se deterioren.
— Prohibir el uso no autorizado de detectores de metales para evitar la destrucción de yacimientos.
— Definir y regular qué es un Paisaje Cultural.
— Regular el entorno de los monumentos.
— Establecer que los estándares de protección que define la Ley estatal para los Bienes de Interés Culturales son obligatorios para las Comunidades Autónomas.
— Solventar disfunciones en el traslado de una Bien de Interés Cultural de una Comunidad Autónoma a otra.
— Hacer obligatorias las reglas sobre el uso de cables y rótulos en los conjuntos históricos.
