Más colegios, fin de los privilegios eclesiásticos y voto para todas: los adelantos democráticos de la II República

La Segunda República supuso una ruptura del Estado con la Iglesia, a la que retiró las ayudas públicas y sometió “a todas las leyes tributarias del país”

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Una multitud celebra en las calles de Madrid la proclamación de la II República. EFE

Álvaro Sánchez Castrillo, InfoLibre, 14 de abril de 2021

Martes, 14 de abril de 1931. La luz todavía no ha empezado a iluminar la localidad vasca de Éibar, pero sus vecinos ya se encuentran concentrados en la plaza Alfonso XIII, frente a la Casa Consistorial. Lo hacen al calor de los rumores que han ido llegando al municipio de la mano de los primeros transportistas de pescado fresco que cubrían las diferentes rutas que conectaban San Sebastián con Madrid, Barcelona o Bilbao. El reloj se acerca a las 06.00 horas de la mañana y los concejales electos en los comicios municipales del domingo, los que precipitaron el derrumbe monárquico, acuerdan por unanimidad en el Ayuntamiento la proclamación de la Segunda República. Acto seguido, se iza la tricolor en el balcón central. Esa enseña roja, amarilla y morada que una hora y media después se cuelga en Sahagún (León) y que con el paso de las horas se va dejando ver en cada vez más edificios oficiales de toda la geografía española. A primera hora de la tarde, el fervor republicano se ha adueñado de las calles de Madrid. El rey emprende de inmediato el camino al exilio.

Noventa años después, la Segunda República no es un acontecimiento histórico que perviva en el imaginario colectivo como uno de los más importantes del siglo XX en nuestro país. De hecho, en 2008 sólo el 2,8% de los ciudadanos le daban gran relevancia, por detrás de la Guerra Civil, la Transición, la dictadura o los atentados del 11M. Eso sí, casi cuatro de cada diez españoles se mostraban de acuerdo con la afirmación de que aquel periodo fue la primera experiencia democrática en España. “Fue la culminación de un proceso de democratización profundo y significativo, una genuina revolución política que permitió que la ciudadanía se apropiase de la capacidad de decisión, que modernizó el país y que buscaba una mayor equidad en las relaciones sociales, tanto en el campo como en las ciudades”, resume al otro lado del teléfono Ángel Duarte, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Córdoba. Los avances, dice, fueron significativos. Algunos de ellos tan profundos que terminaron poniendo a los principales poderes fácticos en pie de guerra.

1. EL GERMEN DE LAS AUTONOMÍAS

A ojos del historiador Gutmaro Gómez Bravo, uno de los proyectos ambiciosos de este periodo es el que tenía que ver con la cuestión territorial. Porque en la Segunda República está el origen del actual Estado de las autonomías. “Fue un avance jurídico importante. Incluso dentro de los círculos conservadores se supo valorar”, dice el experto. El problema catalán llevaba tiempo ya sobre la mesa. Y formó parte, por supuesto, de las conversaciones que mantuvieron en agosto de 1930 los principales líderes republicanos para diseñar la estrategia para poner fin a la monarquía de Alfonso XIII. De aquel encuentro salió el compromiso de que Cataluña pudiese redactar en la futura etapa republicana un Estatuto que fuera sometido a referéndum de las Cortes constituyentes. “En este espíritu federalista de la asamblea se dijo también que el mismo criterio habría de seguirse por lo que respecta a otras regiones con personalidad definida, como las Vascongadas, Galicia…”, recogía el diario La Vanguardia un par de días después del encuentro.

La Constitución de 1931 puso sobre la mesa la noción del Estado integral, alejado del centralismo. “El Estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, estará integrado por municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía”, recogía la Ley Fundamental en su octavo artículo. La legislación correspondía al poder central. No obstante, dejaba la puerta abierta a la cesión a las diferentes regiones de asuntos como la educación, la cultura, la vivienda, el desarrollo de la legislación básica sobre actividades económicas, comunicaciones… Eso sí, siempre y cuando los estatutos aprobados así lo contemplasen expresamente. El primero que recibió luz verde fue el catalán, en los últimos compases de 1932. Luego llegaría el vasco. Fue en octubre de 1936. Por aquel entonces, la Guerra Civil ya había estallado.

2. LA SEPARACIÓN IGLESIA-ESTADO

Otro de los aspectos revolucionarios que trajo consigo la Segunda República, y que los historiadores consultados resaltan, tiene que ver con la separación Iglesia-Estado. Una ruptura que quedaba patente en el tercer artículo de la Constitución de 1931: “El Estado español no tiene religión oficial”. No obstante, la Ley Fundamental iba mucho más allá. Los privilegios de la jerarquía eclesiástica se habían terminado. Así, el texto contemplaba que ni el Estado, ni los municipios, ni las provincias auxiliarían económicamente “a las iglesias, asociaciones e instituciones religiosas” y las sometía a una ley especial que les prohibiera “ejercer la industria, el comercio o la enseñanza” y que las sometiera “a todas las leyes tributarias del país”. No había hueco en la Segunda República para una fiscalidad ventajosa. Tampoco para “adquirir y conservar” más bienes que los que se destinasen “a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines”.

Desde el primer momento, cuenta Duarte, la Iglesia se dispuso a “preservar sus posiciones de dominio” con una movilización frontal contra el Gobierno. El 3 de junio de 1933, la Gaceta de Madrid publicaba la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas, el texto encargado de desarrollar las bases de lo que recogía la Constitución. Ese mismo día, desde el Vaticano el papa Pío XI escribió una encíclica en la que ponía de manifiesto su rechazo a la decisión del Ejecutivo republicano. “Frente a una ley tan lesiva de los derechos y libertades eclesiásticas, derechos que debemos defender y conservar en toda su integridad, creemos ser deber preciso de nuestro apostólico Ministerio reprobarla y condenarla”, señalaba el texto, que también hacía un llamamiento a la unidad de “todos los católicos de España” para “la defensa de la fe” y para “alejar los peligros” que, decía, amenazaban “a la sociedad civil”.

Gómez Bravo explica que con este tipo de reformas lo que se buscaba era que la sociedad civil estuviese “por encima” de otros poderes fácticos. Uno de ellos era la Iglesia. El otro, apuntan los historiadores, el Ejército. Una de las primeras líneas de trabajo de Manuel Azaña en cuanto cogió las riendas del Ministerio de Guerra fue impulsar una reforma militar con el objetivo de intentar modernizar las Fuerzas Armadas. “Lo primero que se hizo fue obligarles a jurar lealtad a la República”, cuenta el historiador de la Universidad Complutense. Luego, apostó por adelgazar el enorme número de oficiales o por regular la política de ascensos de ascensos, primando la capacitación profesional a la antiguedad. Y quiso desvincular al Ejército de la política aboliendo la Ley de Jurisdicciones de 1906, que ponía en manos de tribunales militares cualquier ofensa a la patria, la bandera o las Fuerzas Armadas. 

3. EDUCACIÓN Y CULTURA PARA TODOS

Con un analfabetismo que afectaba a un 40% de la población, otra de las preocupaciones de los primeros gobiernos republicanos tuvo que ver con la educación. “La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria”, recogía la Ley Fundamental en su artículo 48, el mismo que reconocía y garantizaba la “libertad de cátedra”, fijaba la educación laica y establecía la obligación de la República de “facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y vocación”. Para ello, se impulsó, explica Duarte, una “nueva escuela” en la que se avanzaba en la “metodología pedagógica”. “Era mucho más activa, de forma que los estudiantes dejaban de ser sujetos pasivos”, señala el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Córdoba.

El primer problema con el que se encontró el nuevo régimen fue la falta de colegios. Ante la ausencia de estadísticas rigurosas, no resultaba sencillo cifrar el agujero. Por eso, uno de los primeros trabajos que el socialista Rodolfo Llopis encargó a los inspectores consistía en determinar con precisión este déficit. El estudio arrojó concluyó que para poder atender a todos los muchachos en edad escolar era necesaria la construcción de 27.151 colegios nuevos. Con estos datos, la República movilizó unos 600 millones de pesetas. Una cifra que representaba “el mayor esfuerzo económico realizado en construcciones escolares en España hasta aquella fecha y también el mayor esfuerzo que en aquellos años realizaba el país”, según recordaba el historiador Mariano Pérez Galán en “La enseñanza en la Segunda República”. El Ejecutivo esperaba construir 5.000 colegios cada año y 7.000 el primero.

Los historiadores también resaltan el enorme trabajo que se hizo a la hora de acercar la cultura a cualquier rincón del país. “Se impulsaron campañas a través de intelectuales de primera línea”, apunta Duarte. Sólo un mes después de la proclamación de la Segunda República, el Gobierno de Niceto Alcalá-Zamora creó las denominadas Misiones Pedagógicas. “Los pueblos rurales en todo el ámbito nacional apenas han conocido otra influencia que la obra modesta de la escuela primaria, la cual dificilmente podría compensar la ausencia de otros recursos culturales y la presencia de egoísmos y afanes nocivos que mantuvieron al pueblo en la ignorancia. La República estima que es llegada la hora de que el pueblo se sienta partícipe de los bienes que el Estado tiene en sus manos y deben llegar a todos por igual”, recogía el decreto.

4. LAS MUJERES ROMPEN LAS CADENAS

Los esfuerzos en materia educativa también abrieron la puerta al acceso a la educación de las mujeres, cuyas tasas de analfabetismo eran todavía más elevadas que las de los hombres. Porque uno de los objetivos que se había marcado también la Segunda República era el de acabar con las distinciones por razón de sexo que habían primado hasta la fecha. “Se pasaba a considerar a las mujeres como sujetos mayores de edad”, dice Gómez Bravo. Uno de los avances más significativos en este ámbito fue a nivel político. Primero, se abrió la puerta al sufragio pasivo. Y el 1 de octubre de 1931 se aprobó en el Parlamento el derecho de las mujeres a votar, aunque no pudieron ejercerlo realmente hasta los comicios de 1933. 

No fue el único paso al frente en busca de la igualdad. La Constitución de 1931 ya dejaba claro que el matrimonio quedaba regido “en la igualdad de derechos para ambos sexos” y contemplaba la posibilidad de disolución “por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa”. Unos meses más tarde, a comienzos de 1932, las Cortes daban luz verde a la Ley de Divorcio, un texto que contemplaba como causas para la ruptura del matrimonio “el adulterio no consentido o no facilitado por el cónyuge que lo alegue”, “la bigamia”, “la tentativa del marido para prostituir a su mujer” o “el atentado de un cónyuge contra la vida del otro, los malos tratamientos de obra y las injurias graves”, entre otras.

5. VACACIONES PAGADAS Y JORNADA DE OCHO HORAS

La Segunda República también trajo consigo, recuerdan los historiadores, avances en materia laboral. En lo relativo al campo, que empleaba a casi el 50% de la población en un país profundamente agrícola, destacan la Reforma Agraria. Se aprobó, entre otros, el decreto de Términos Municipales, que obligaba a los propietarios a contratar primero a aquellos jornaleros que fueran de la propia localidad. O el de laboreo forzoso, que permitía a los consistorios enajenar todas aquellas tierras que o no estuvieran siendo cultivadas o no lo suficiente.

Por aquel entonces, era el histórico sindicalista Francisco Largo Caballero el que llevaba las riendas del Ministerio de Trabajo. Bajo su batuta, se dio luz verde a la Ley de Contratos de Trabajo, que en su artículo 56 establecía el derecho de los trabajadores a vacaciones retribuidas. En concreto, fijaba un permiso ininterrumpido de siete días sin “descuento alguno del salario”. Además, se regulaban los convenios colectivos y se afianzaba el derecho a la huelga estableciendo que los paros, en general, “no rescindirán el contrato de trabajo”. 

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