Antonio Gómez Movellán: Del nacionalcatolicismo al catolicismo liberal

Aula universitaria

Antonio Gómez Movellán, Viento Sur, 1 de febrero de 2021

El sistema universitario español tiene muchas deficiencias si lo comparamos con países de nuestro entorno, pero se ha convertido en una fábrica de titulaciones eficaz, ya que el número de graduados universitarios está en la media de los países de nuestro entorno, aunque el desempleo de titulados es, por lo menos, el doble. Esta pulsión por los títulos la hemos visto trasladada al ámbito, incluso, de la vida política, donde constatamos que másteres, grados y doctorados se pueden expedir fraudulentamente sin una verdadera acreditación digna del nombre académico (Casado, Cifuentes, Pedro Sánchez…); estos y otros casos similares contribuyen a la desacreditación de las titulaciones legalmente expedidas y ponen en evidencia el poco control en las titulaciones de algunas Universidades privadas. Para una síntesis de la evolución del sistema educativo universitario recomiendo la lectura de un artículo muy explícito en su título: “Historia de un secuestro: de la Iglesia a la Marca. Evolución histórica de la universidad en España de Esther Simancas González y Marcial García Lópezpublicado en la revista Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación, n.º 133, donde se analiza la evolución en España de la extensión de la universidad pública y de la universidad privada, que de ser una Universidad vinculada por completo a las órdenes religiosas católicas ha evolucionado hacia un negocio hoy ya en manos diversas –recientemente la Universidad Europea en Madrid ha sido controlada por un Fondo buitre internacional– aunque predomina el control de las Universidades vinculadas con el catolicismo; efectivamente, de las 37 universidades privadas que existentes 18 son católicas y alcanzan el 72% del alumnado matriculado en la universidad privada. A estas cifras habría que añadir los más de veinte centros adscritos a las Universidades públicas donde se expiden títulos en nombre de aquellas.

Para mucha gente, la Universidad pública en España no es siquiera enteramente funcional, en muchos aspectos, al sistema productivo y es muy mediocre en calidad de investigación; por lo demás, los problemas de sostenibilidad económica también están presentes y asociados a problemas de clientelismo y endogamia (incesto más bien, dijeron algunos); parafraseando a alguien que dijo que la corrupción en España se había convertido en un factor de gobierno, en la universidad pública española la endogamia y el clientelismo también han devenido factor de gobierno.

Mapa Universidades católicas / Para aumentar imagen

En 2015 se promulgó un Real Decreto cuyo objetivo esencial era facilitar la creación de universidades privadas. Los críticos al Real Decreto lo calificaron como el Real Decreto de los chiringuitos educativos. También ha facilitado la creación de las universidades online. Si nuestro sistema educativo, en primaria y secundaria, tiene un problema de segregación social monumental como consecuencia de la concertación con la enseñanza privada, y particularmente con la enseñanza católica, en la universidad vamos encaminados hacia un modelo también muy segregador. Piénsese que en el año 1987 había cuatro universidades privadas, en 1997 trece y en la actualidad hay ya treinta y siete (ver figuras 1 y 2) y en todo este proceso hay un Banco, el Santander, que está siempre presente. Los paneles rojos publicitarios de este banco son el fondo de todas las comparecencias de los rectores en las escuelas de verano de nuestras universidades tanto públicas como privadas: alguien debería investigar esto.

Las universidades privadas han ido ganado peso, ya que aproximadamente el 15% del alumnado matriculado –alrededor de 185.000– lo hace en estas universidades, donde el precio de las matrículas por curso suele rondar entre 12.000 a 21.000 euros. Sin embargo, desde la puesta en marcha de los másteres y estudios de postgrado (el mercado Bolonia) éstas ya agrupan a un 35% de todo el alumnado que estudia másteres, lo que significa y evoca muchas cosas. En el ámbito del mundo empresarial los másteres de estas Universidades de negocio son los que baten récord, ya que están enfocados y tienen vinculaciones con el mundo empresarial, lo que facilita la empleabilidad de las y los titulados. Nos encontramos, por tanto, con un sistema universitario privado que gana peso y que tiene una funcionalidad en cuanto a la preparación de cuadros para el mundo de las empresas y los negocios, donde, además de la mejor o peor preparación académica, nos encontramos con un sustrato de valores de clase social media-alta muy apreciado en la disciplina de la organización empresarial. De tal forma, hemos pasado de una universidad pública clasista en los años 60 del siglo XX a una universidad privada clasista en el siglo XXI que tiene su origen en las universidades católicas del franquismo.

También algunas nuevas universidades privadas han abierto ramas para que las y los privilegiados puedan evadir las notas de corte y los mecanismos de selectividad para algunas titulaciones muy demandadas, como por ejemplo medicina, odontología, enfermería, maestros etc.

El Ministro Castells y su equipo están preparando un real decreto para corregir el de los chiringuitos universitarios del año 2015, pero, en verdad, este proyecto se queda muy corto en su planteamiento y además establece plazos muy largos para adaptarse a los nuevos requisitos.

En la expansión de estas universidades privadas ha funcionado la laxitud de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas y también de varios Ministerios; ha habido complicidad, clientelismo y hasta capitalismo de amiguetes; en muchas ocasiones el origen de estas universidades es confuso y equívoco; ese fue el caso, por ejemplo, de la denominada Universidad Católica de Ávila, que se creó mediante una artimaña utilizando incluso torticeramente los Acuerdos con la Santa Sede y con el respaldo del Ayuntamiento de Ávila, la Caja de Ávila y hasta del propio Ministerio de Justiciaque inscribió en su momento esta Universidad como institución canónica, cuando ya en ese año,1996, no estaba claro que pudiera avalar esa posibilidad. Pero no solo ha sido la Universidad Católica de Ávila.  En los años 70, el CEU (el colegio de los propagandistas de acción católica) era apenas un colegio mayor adscrito a la Universidad Complutense sin posibilidad de expedir títulos y hoy es ya una Universidad con más de 20.000 alumnos y alumnas diseminadas por todo el país, aparte de las decenas de colegios de primera y segunda enseñanza y las escuelas de negocios que está abriendo por todo el país. El propagandismo católico se ha convertido, además, en un gran negocio educativo sustentado por los hijos de las clases medias y altas que pueden pagar sus matrículas.

Evolución Universidades públicas y privadas / Para ampliar imagen

El Ministro Castells y su equipo están preparando un real decreto para corregir el de los chiringuitos universitarios del año 2015, pero, en verdad, este proyecto se queda muy corto en su planteamiento y además establece plazos muy largos para adaptarse a los nuevos requisitos. Ciertamente, se establecen requisitos básicos sobre número de titulaciones y ratio de profesores/alumnos así como porcentaje de presupuesto dedicado a investigación (entendemos que muy raquítico), pero finalmente no va a cambiar demasiado las cosas y seguramente se requerirían también modificaciones legislativas y no meramente reglamentarias para transformar mínimamente el sistema universitario y frenar esta huida hacia adelante hacia un sistema universitario cada año más segregado socialmente que, además, no aporta ni siquiera una mínima calidad, sino la mera mercantilización de las titulaciones por las corporaciones católicas que están detrás de la mayoría de las iniciativas privadas.

Se debería establecer el principio de financiación exclusivamente privada de estas universidades y la prohibición de obtener, directa o indirectamente, fondos públicos para su financiación

En nuestra opinión se debería delimitar claramente la universidad privada de la pública y no equipararla miméticamente en requisitos, e incluso limitar la acción de la privada en determinados ámbitos y titulaciones atendiendo al mercado laboral. Se debería estar atentos a cuestiones tan básicas como la personalidad jurídica en la cual puedan constituirse las Universidades privadas, cuestión que en absoluto es abordada por el Real Decreto; piénsese que en nuestro país hay universidades constituidas como universidades católicas con régimen especial (Deusto, Navarra etc.) y otras como entidades no lucrativas, cuando en verdad son lucrativas utilizando fórmulas de ingeniería fiscal. Igualmente, se debería establecer el principio de financiación exclusivamente privada de estas universidades y la prohibición de obtener, directa o indirectamente, fondos públicos para su financiación y ello para evitar la bochornosa reciente sentencia del Tribunal Constitucional que da amparo a la Universidad Católica de Valencia en contra de un decreto del Gobierno Valenciano que impedía la concesión de becas públicas para estudiar en universidades privadas. Algunas cosas requerirían modificaciones legislativas y no meramente reglamentarias, pero qué duda cabe que se debiera ser más estrictos en cuanto a estas universidades privadas, y aunque el Real Decreto establece algunos requisitos mínimamente exigibles, deja manga ancha para que muchos de estos chiringuitos sigan funcionando bajo otra denominación. Se debe exigir también un criterio riguroso con respecto a la credibilidad de las titulaciones, con supervisión de exámenes de estado o instrumentos similares, y aprovechar el momento para acabar con las titulaciones de las universidades canónicas, que tienen eficacia civil directa merced al concordato franquista con la Santa Sede, que el Real Decreto proyectado parece venerar.

Manuel Castells a lo largo de su vida ha mantenido opiniones zigzagueantes sobre los modelos universitarios, pero siempre ha mostrado una cierta admiración por los modelos anglosajones (universidades públicas y privadas, financiación privada directa de empresas a la universidad, altas tasas educativas con fuerte modelo de becas y créditos escolares etc., etc.). No es el momento de comparar estos modelos con los alemanes o nórdicos, donde la enseñanza universitaria es pública y gratuita en casi un 100%. Nuestro modelo va encaminado a uno que se ha ido consolidando: baja calidad, cada año con tasas más caras y becas muy magras (España es el cuarto país de la UE con tasas universitarias más caras), gran peso del catolicismo en la universidad privada y modelo cada vez más segregado socialmente por la introducción, en los últimos años, de la universidad privada, que ya acapara el 35% de los másteres y el 15% del alumnado de grado. Son muchas las cosas que hay que hacer para aproximarnos a esos modelos de universidades públicas nórdicas y alemanas basados en la gratuidad, la promoción de la igualdad y la elevación de la calidad académica, y alejarnos de un modelo que ha estado promoviendo un elitismo casposo y católico de la universidad privada española y no ha afrontado la necesaria revolución que necesita la enseñanza universitaria pública.

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