Del Punto Violeta a la parroquia: Chueca consuma el giro nacionalcatólico de PP y Vox en Zaragoza

Ayuntamiento y Arzobispado ponen en marcha una red de “espacios seguros” en iglesias de la ciudad para mujeres víctimas de violencia machista. La iniciativa desata críticas feministas y de la oposición, que denuncian un retroceso reaccionario y el desmantelamiento de recursos públicos especializados.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, en la iglesia Nuestra Señora de Montserrat | Foto: Daniel Marcos / AZ
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Dora Díaz | Iker González Izaguirre, AraInfo, 14 de mayo de 2026

Zaragoza vuelve a situarse en el centro de la polémica por las políticas municipales contra la violencia machista. Después de convertirse en 2023 en la primera gran ciudad en retirar los Puntos Violeta por exigencia de Vox —rebautizados posteriormente por el gobierno de Natalia Chueca como “espacios seguros unisex”—, el Ayuntamiento da ahora un paso más en su giro reaccionario: trasladar parte de la atención y acompañamiento a víctimas de violencia machista a parroquias católicas de la ciudad.

El acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento y el Arzobispado de Zaragoza ha sido anunciado este martes por la propia alcaldesa, en una comparecencia ante los medios junto a representantes de la Iglesia católica. “Una parroquia es, para muchas personas, un hogar donde alguien te recibe, te escucha, te pregunta cómo estás y se preocupa por ti”, ha manifestado Chueca. En la nota oficial, el consistorio presenta la iniciativa como una red de “espacios seguros” impulsada junto a entidades religiosas.

La medida ha generado una fuerte contestación política y social por lo que supone simbólica e ideológicamente. Diversas voces feministas consideran que el Ayuntamiento está sustituyendo políticas públicas especializadas por un modelo asistencial ligado a instituciones religiosas, en una imagen que retrotrae al nacionalcatolicismo franquista, cuando la Iglesia ocupaba un papel central en el control moral y social de la vida de las mujeres. Las críticas apuntan además al papel histórico de la jerarquía eclesiástica en la defensa de estructuras patriarcales y en la oposición a derechos como el divorcio o el aborto.

En ese contexto, el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, defendió la iniciativa asegurando que “la intención es que, durante el tiempo en que las parroquias permanezcan abiertas, puedan acoger, orientar y proteger a mujeres que estén viviendo situaciones de violencia o que puedan encontrarse en peligro”, añadiendo además que “no es algo nuevo en la iglesia”. Las primeras parroquias en sumarse han sido la iglesia de Nuestra Señora de Montserrat (Ciudad Jardín), la iglesia de San Lamberto (Miralbueno), la Basílica de Santa Engracia, la iglesia San José de Pignatelli (paseo Constitución) y la iglesia de la Sagrada Familia (Torrero-La Paz).

El movimiento se produce además meses después de la polémica financiación pública del acto del Padre Guilherme, el conocido “cura DJ” antiabortista promocionado por el gobierno de PP y Vox en Zaragoza. Aquel evento, duramente criticado por colectivos feministas y laicistas, terminó convirtiéndose en un sonoro fracaso de asistencia pese al despliegue institucional y económico del Ayuntamiento.

Chueca y Escribano firmando el acuerdo entre Ayuntamiento y Arzobispado | Foto: Daniel Marcos / AZ
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De los derechos a la beneficencia moral

El anuncio ha provocado una inmediata oleada de críticas desde sectores feministas y de la oposición municipal. Desde Zaragoza en Común han denunciado duramente la iniciativa. “¡Error!”, resumían desde la formación municipalista, recordando que el gobierno de PP y Vox eliminó los Puntos Violeta y ha recortado recursos en la Casa de la Mujer antes de “habilitar parroquias como espacios para asesorar a las mujeres en materia de violencia machista”.

La concejala Elena Tomás criticó que “el ejecutivo de Natalia Chueca confunde la fe cristiana con la gestión para todos y todas” y añadió que “una institución señalada por el Defensor del Pueblo por hasta 440.000 víctimas de abusos sexuales en el Estado español desde 1940 va a encargarse ahora de la violencia machista en Zaragoza”. “La violencia machista se combate con servicios públicos, no con tutelaje religioso reaccionario”, remachó.

Las críticas conectan además con el precedente de los pasados Pilares, cuando colectivos feministas, asociaciones vecinales y organizaciones de mujeres supervivientes denunciaron la eliminación de los Puntos Violeta y la sustitución de estos espacios especializados por los llamados “espacios seguros unisex”. Entonces, el movimiento feminista zaragozano respondió impulsando un Punto Violeta Virtual de atención y acompañamiento con perspectiva feminista y LGTBIQA+, además de movilizaciones como la bicicletada transfeminista de Bielas Salvajes o los Martes Lilas impulsados desde el tejido vecinal.

Desde CHA, cuestionan además que el Ayuntamiento descarte espacios municipales ya existentes —como centros cívicos o zonas jóvenes— para introducir a la Iglesia católica en recursos “que deberían ser públicos, laicos y accesibles para todas las mujeres”. La Secretaria de Feminismos de CHA, Marina Rodríguez, denuncia que PP y Vox “llevan años intentando vaciar de contenido simbólico y político cualquier medida vinculada al feminismo” y reclama recuperar y reforzar los servicios públicos especializados frente a la violencia machista.

También el PSOE ha cuestionado el nuevo modelo impulsado por Chueca y Vox. La portavoz socialista, Lola Ranera, recordó que “la entrada de la ultraderecha en el Ayuntamiento y las cesiones del PP” han supuesto retrocesos evidentes en la lucha contra la violencia machista. Ranera señaló que “cualquier medida que tenga como único fin combatir la violencia machista siempre será bienvenida”, aunque insistió en que la atención a las víctimas “debe garantizarse de forma prioritaria desde los servicios públicos”. La portavoz socialista reclamó “recursos suficientes, personal especializado y una red pública sólida centrada también en los derechos de las mujeres”.

Además, Ranera criticó que Natalia Chueca siga sin responder al requerimiento de la Delegación del Gobierno en Aragón para incorporar plenamente a la Policía Local de Zaragoza al sistema Viogén, el mecanismo estatal de seguimiento y protección de víctimas de violencia machista. “Luchar contra esta violencia requiere consensos, unidad y también recursos”, concluyó.

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