Este Gobierno puede y debe declarar la inconstitucionalidad de todas las inmatriculaciones hechas a partir de 1978 y cancelar de oficio los asientos practicados con certificación eclesiástica, por ser, amén de inmorales, nulos de pleno derecho. Eso sí, la jerarquía católica mantendría intacto su derecho a registrar aquellos bienes cuya titularidad pueda demostrar por los medios establecidos a tal fin, sin privilegio alguno. Como Dios manda.
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José Mari Esparza, Noticias de Navarra, 25 de febrero de 2021
Estos días se ha logrado parte de lo que llevábamos largo tiempo demandando: la publicación de las inmatriculaciones de la Iglesia católica en todo el Estado a partir de 1998, cuando el Gobierno de Aznar les permitió inscribir los lugares de culto, algo que ni siquiera Franco hizo. Desde el derecho romano, los templos fueron considerados bienes públicos (como lo son en Francia o Portugal), estaban fuera de comercio y no podían ser privatizados. Y, de serlo, basta ver los archivos de cualquier ayuntamiento para comprobar qué propietario pagó las facturas desde la primera campana al último copón.
No son 35.000. Son más que el doble si se cuenta lo inmatriculado desde 1946. Y la mayoría no son templos, sino casas y huertas municipales, tierras comunales, solares, escuelas, cementerios y plazas, registrados a cencerros tapados, sin más título de propiedad que el testimonio de unos obispos ladrones, convertidos en fedatarios públicos por un dictador para arrebañar el patrimonio de los pueblos. Un escándalo monumental. No debe extrañar que llevaran al Caudillo bajo palio. Lee el resto de esta entrada »
Escrito por asturiaslaica 
