«Cárceles y obispos: la larga sombra del clero católico incrustado en las instituciones del Estado», Francisco Delgado

El poder real de la Iglesia católica en España va mucho más allá de lo simbólico o ritual. La cuestión es que gestiona servicios que deberían ser laicos y públicos, y ello con la absoluta complicidad del gobierno de turno..

Imagen de archivo / EFE
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Francisco Delgado Ruiz, Público, 9 de diciembre de 2022

Los pasados 21 y 22 de octubre se celebró en El Escorial el X Congreso Nacional de pastoral penitenciaria; más allá de los debates y de la declaración final que pertenece exclusivamente al ámbito privado de la Iglesia, lo que deseo resaltar con esta reflexión, es la larga sombra que el clero católico ejerce dentro de las instituciones del Estado, en esta caso de las penitenciarias.

En un Estado que, después de 44 años desde que se aprobó la Constitución de 1978, no solo no ha dado pasos para separar las instituciones públicas de las religiones, sino que las mantiene, como es en este caso y en otros muchos las aumenta… gobierne quien gobierne.

El poder real de la Iglesia católica en España va mucho más allá de lo simbólico o ritual. La cuestión es que gestiona servicios que deberían ser laicos y públicos, y ello con la absoluta complicidad del gobierno de turno.

Es evidente que dentro de la libertad de tener o no tener religión, el Estado ante las personas que se encuentran en prisión y, por ello, carentes de movilidad les proporcione facilidades para tener asistencia religiosa y ritual de cualquier convicción o creencia, pero -en su caso- con cargo y medios de esa institución religiosa determinada.

Por ejemplo y de hecho el RD 706/de junio 2006 establece que las personas de confesión evangélica, judía o islámica internadas en centros penitenciarios que deseen recibir asistencia religiosa, y a los solos efectos de facilitar la organización de dicha asistencia, podrán manifestar, mediante solicitud dirigida a la dirección del centro, su deseo de recibirla.

Una cosa es este derecho, que yo respeto en base a la libertad de conciencia, y otra muy diferente que los clérigos católicos sean funcionarios capellanes (como los existentes en cuarteles y hospitales, otra vergonzante anomalía), financiados directamente por el Estado (como un funcionario más) en base a los Acuerdos concordatarios de 1979 (Asuntos jurídicos) y al Acuerdo de noviembre de 1993, firmado por el gobierno del PSOE sobre asistencia religiosa católica en los establecimientos penitenciarios.

En España en la actualidad hay unos 140 capellanes penitenciarios que se distribuyen por todas las cárceles con jornadas completas o medias jornadas cobrando un sustancioso sueldo de funcionario y sus correspondientes seguros sociales, personas que designan los obispos de cada diócesis.

Dicho Acuerdo de 1993 también establece que corresponde a las autoridades de las instituciones penitenciaras aportar la cobertura económica de las prestaciones y asistencia religiosa y de ayuda a los presos que gestionarán las diócesis correspondientes.

Pero lo más alarmante de todo ello, por si era poco lo descrito hasta ahora, es que esos capellanes y los obispos son los encargados de prestar y decidir la ayuda (con dinero público) que puedan necesitar en momentos determinados las y los presos a nivel interno a través de una tarjeta magnética de consumo o facilitarles alojamiento externo a quienes carezcan de medios o de familia que les ayude, dé cobertura económica o los aloje cuando salen a la calle con permisos determinados, más o menos cortos e, incluso, con libertad vigilada o definitiva.

Por ello, la labor pastoral (asistencial) de la Iglesia católica va más allá de los muros internos de las cárceles. Cuentan con 67 casas de acogida para las y los presos que disfrutan de permisos o libertad, pero que no disponen de familiares o recursos propios.

Así atienden a alrededor de unas 3000 personas/año, según declara el organismo privado de pastoral penitenciaria… Y muy benéficos -ellos- son personas acogidas de diversidad de nacionalidades, realidades sociales  y/o creencias.

Para ello también cuentan con algunos grupos de personas voluntarias (seglares y religiosas) de asistencia, además de los centros físicos de acogida o la búsqueda de un  lugar concreto para ello, cuyo costo de mantenimiento y atención recae, como tantos otros, en las arcas del Estado, pero que gestionan los obispos.

Un servicio externo más que debería ser exclusivamente público, laico, como apoyo, seguimiento y rehabilitación de la población reclusa, pero que, sin embargo, en este caso en una parte está privatizado a cargo de fondos públicos, pero gestionado -una vez más- por la Iglesia católica, como no podía ser de otra forma en un Estado de características confesionales.

Así «está el patio» en las cárceles y fuera de ellas.

Francisco Delgado Ruiz es miembro del grupo de Pensamiento Laico

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