«El 80% del patrimonio histórico español es de la Iglesia de forma absolutamente inconstitucional»

La Coordinadora Estatal Recuperando reclama que se declaren nulos los registros de bienes hechos por los obispos desde 1978

Turistas, de visita en la Mezquita de Córdoba /AFP / CRISTINA QUICLER

Juan Ruiz Sierra, El Periódico, 4 de marzo de 2022

El mayor escándalo inmobiliario de la historia de España ocurrió mientras todos miraban hacia otra parte. Todos, salvo la Iglesia. En 1998, con José María Aznar en la Moncloa, el Gobierno aprobó un real decreto que permitía a los obispos registrar como propios, mediante su sola palabra y sin necesidad de aportar ningún documento, los templos de culto. Ni siquiera Francisco Franco había llegado tan lejos: la dictadura facultaba a las diócesis para hacer lo mismo con el resto de bienes inmuebles, un acto que se denominó inmatriculación, pero no con los templos. Así que los prelados, entre finales del siglo pasado y 2015, cuando el Ejecutivo de Mariano Rajoy derogó lo que su antecesor en el PP había aprobado, se entregaron a un pantagruélico ‘me lo quedo’ que incluyó iglesias, ermitas, catedrales, el arte mudéjar, la Giralda de Sevilla y la mezquita de Córdoba.

Ahora mismo, si a Demetrio Fernández, obispo en esta última ciudad andaluza, le diera por ahí, podría vender la mezquita a quien quisiera. Por 15 euros. O por 1.500. O por 15.000 millones. Al fin y al cabo, el templo es de su diócesis, no del Estado. Pero es poco probable que Fernández tome una decisión de este tipo. Su obispado gana millones al año por las visitas turísticas al edificio, un dinero que ni declara ni tributa. 

“Te paras a pensarlo fríamente y te estallan las costuras del cerebro. ¿Se puede vender la pirámide de Keops? ¿Y el Machu Picchu? Es evidente que no”, dice Antonio Manuel Rodríguez, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba y portavoz de Recuperando, una asociación que calcula que “el 80% de todo el patrimonio histórico español está a nombre de la Iglesia de forma absolutamente inconstitucional” y lucha desde hace años para rescatar lo que esta ha registrado gracias a un instrumento jurídico que supone una absoluta anomalía internacional. En Francia y Portugal, por ejemplo, los templos son públicos.

Al principio, los esfuerzos de Recuperando tuvieron escaso eco. Fue el propio Rodríguez quien descubrió que la mezquita cordobesa estaba a nombre de la Iglesia. “En 2010, un amigo y yo nos lo preguntamos y fuimos al registro. Allí comprobamos de quién era la propiedad. Publiqué algún artículo en prensa denunciándolo, pero no tuvo mayor trascendencia –recuerda-. Y eso que la mezquita fue inscrita diciendo que se había trazado sobre su suelo un alfa y un omega con ceniza. Es decir, por consagración. Pero eso no es una forma de adquirir el dominio, ¿verdad? No sea que algún vaya un día un cura a tu casa, la bendiga y se la quede”. 

La opacidad

Las inmatriculaciones han estado hasta hace muy poco rodeadas de oscuridad, un fenómeno que deja en muy mal lugar la capacidad y voluntad de la sociedad española para controlar al clero. Cuando Aznar aprobó el real decreto que permitió que las diócesis se quedaran con la propiedad de los templos, el portavoz del Gobierno en ese momento, Josep Piqué, se limitó a señalar que la reforma pretendía “mejorar el funcionamiento del ordenamiento jurídico en atención al interés público”. Poco más. No dijo nada sobre la nueva facultad de los obispos. Los periódicos, incluido este mismo, no publicaron una línea. 

Mientras tanto, la Iglesia comenzó a inmatricular con frenesí. “Lo hizo de forma casi clandestina –explica Rodríguez-. El registro de muchos de estos bienes debería haberse comunicado a la Administración. Porque si te vas a quedar la mezquita de Córdoba, al menos avisa. Pero no”.

El despertar

Aun así, poco a poco, y gracias sobre todo al trabajo de entidades como Recuperando, la actitud del Gobierno y la ciudadanía comenzó a cambiar. En 2014, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por un caso de inmatriculación. Un año después, a raíz de esta sentencia, el Ejecutivo de Rajoy hizo lo que no había hecho antes el socialista José Luis Rodríguez Zapatero: derogar la capacidad de los obispos para registrar propiedades sin aportar ninguna prueba. En 2017, con la misma mayoría parlamentaria que después dio lugar a la moción de censura, el Congreso instó al Gobierno a publicar la relación de bienes que la Iglesia había registrado desde 1998. El listado no se conoció hasta el año pasado, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa. La cifra total provoca vértigo: 34.961 inmuebles. La mayoría (20.014) son templos o dependencias adyacentes; el resto (14.947), terrenos, fincas, viviendas, locales, viñedos, garajes o incluso castillos. La comunidad más afectada es Castilla y León (8.706), seguida de Galicia (6.210) y Catalunya (3.650). 

Y así es como se llega al pasado 24 de enero, día en el que Sánchez y el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, sellaron un acuerdo por el que la Iglesia reconoce que al menos 912 de esos bienes (solo el 2,86% del total) no son en realidad suyos. Para Recuperando, se trata de un gesto importante, pero por completo insuficiente. El propio jefe del Ejecutivo aseguró que iría mucho más allá en esta legislatura. “El Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia”, anunció en su discurso de investidura

Los mandamientos

“Los obispos han quedado muy mal al reconocer que, en efecto, se han apropiado indebidamente de esos inmuebles. Que yo sepa, los mandamientos no señalan que se pueda robar, pero solo hasta mil”, dice Rodríguez, que insiste en que no le mueve ningún impulso “anticlerical”, sino de pura “defensa del patrimonio público”. Y el Gobierno, continúa el jurista, ha venido a “negociar sobre la Constitución, algo que resulta innegociable”. Porque para Recuperando, todas las inmatriculaciones de Iglesia a partir de 1978, que calculan en torno a 100.000, deberían declararse “nulas” por ser contrarias a la ley fundamental, que señala que España es un Estado aconfesional.

Rodríguez no cree que los obispos vayan a devolver nada. Al menos, no a corto plazo. Pero la suya es una batalla con horizontes temporales muy amplios. “Mira, el tiempo de la Iglesia es la eternidad. Su tiempo es eterno y el nuestro es humano. Tenemos que ajustarnos. Esta es una lucha a muy largo plazo, pero estamos destapando el mayor escándalo inmobiliario de la historia. Nosotros empezamos con esto hace 15 años. Entonces era impensable que se llegara a saber que la Iglesia había inmatriculado 35.000 inmuebles, o que reconociera que al menos mil de esos no son en realidad suyos”, explica el jurista. Y entonces hace una breve pausa. “Hace 15 años –concluye-, era impensable que tú me hubieras llamado para hablar de esto”. 

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