Grupo de capellanes del Hospital Reina Sofía / Fuente foto
26 de julio de 2020
La regulación vigente sobre asistencia religiosa católica en hospitales públicos tiene su base en el Art. 4 del AJ de 5 de enero de 1979 entre España y la Santa Sede. Este precepto reconoce el derecho de las personas internadas en hospitales a recibir asistencia religiosa y señala la forma y manera de hacer posible su ejercicio efectivo en el ámbito hospitalario público: a través del común acuerdo entre las autoridades eclesiásticas y las estatales.
En cumplimiento de esta norma, recogida en un Tratado Internacional), el régimen jurídico sobre asistencia católica es un régimen pactado, elaborado en común por órganos eclesiásticos y estatales
Y así, en aplicación del Acuerdo sobre asistencia religiosa católica en centros hospitalarios públicos, firmado el día 24 de julio de 1985, y publicado en el BOE. el 21 de diciembre de 1985, el Director General del Instituto Nacional de la Salud y el Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral, en representación de la Conferencia Episcopal Española, siendo Felipe González presidente, se suscribe un Convenio sobre la asistencia religiosa católica en los centros hospitalarios del Instituto Nacional de la Salud. `[Fuente La asistencia religiosa en el ámbito hospitalario público español]
En 2002 el INSALUD desaparece con la transferencia de la competencia sanitaria a cada una de las comunidades autónomas pero, como apunta Carles Munet al formular una pregunta al Gobierno sobre capellanes en hospitales públicos este pasado febrero, «el convenio sirvió de justificación para transferir también este privilegio religioso», aunque ahora los convenios se suscriban en las distintas comunidades autónomas.
Por otra parte, en la Comunidad de Madrid y desde la firma del convenio de asistencia religiosa suscrito en 1997 entre Alberto Ruiz Gallardón y Rouco Varela, los sacerdotes católicos forman parte de los Comités de Ética de los Hospitales. Y así se mantiene en el recientemente firmado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso: El SARC podrá formar parte del Comité de Ética y de los Equipos de Cuidados Paliativos de acuerdo con la normativa que los regule…
Sobre la inclusión de sacerdotes en los Comités de Ética Asistencial de los Hospitales escribe en Nueva Tribuna Armando Azulay Tapiero
Los curas en los comités de ética asistencial: ¿Es necesaria su presencia?
Recientemente, el Gobierno Autonómico de la «constitucionalmente aconfesional» Comunidad de Madrid ha redactado un acuerdo que regula la asistencia religiosa católica, solo ésta y ninguna otra, en los hospitales públicos y con cargo al erario público. En dicho convenio existe una cláusula que permite a los religiosos formar parte de los Comités de Ética Asistencial y Cuidados Paliativos de los centros.
Estos Comités actuarán asesorando al personal sanitario y al enfermo ante la posibilidad de elegir entre varias opciones en la atención sanitaria en caso de conflicto ético.
Esta resolución me lleva a una serie de reflexiones:
Desde hace varias décadas vivimos en una sociedad globalizada, lo que da lugar a la presencia de personas con culturas, creencias, convicciones y ritos distintos que merecen el máximo respeto siempre que se ajusten a la legislación vigente y no atenten contra los derechos fundamentales de las personas.
Por otro lado, también se ha producido un cambio en la relación entre el personal sanitario y el enfermo, que ha pasado de ser un modelo paternalista en el que el médico decidía qué hacer y el enfermo tenía que obedecer, a otro en el que es fundamental el respeto a su autonomía, que obliga a una información correcta para que pueda decidir sobre las actuaciones a llevar a cabo en lo que respecta a su proceso patológico.
Ambos hechos convierten la toma de decisiones en un proceso mucho más complejo ya que en ella intervienen distintos puntos de vista: el acto en sí mismo, sus objetivos, sus consecuencias, los valores y las creencias del enfermo y su entorno y también los valores y las intenciones del personal sanitario. Conceptos como «dignidad», «justicia», «proporcionalidad» o «libertad» adquieren significados distintos dependiendo de la cultura, los valores, las creencias o la concepción de la vida y la muerte de la persona que los considere.
En definitiva, no existe una ética común, de modo que lo que para unos puede ser lo correcto, para otros no lo es, de ahí la importancia de la creación de estos Comités de Ética Asistencial cuyas decisiones no son vinculantes.
La forma de elección de los miembros que lo componen y su perfil académico serán decisivos para cumplir el objetivo de orientar y ayudar en la toma de decisiones.
En la búsqueda de las soluciones adquieren un valor capital las preferencias, los criterios y los valores del paciente sobre el que se delibera, siempre que esté mentalmente capacitado o, en caso contrario, haya dispuesto unas instrucciones previas o haya una persona legitimada para representarle.
La deliberación en las cuestiones éticas que surgen en la asistencia sanitaria debe seguir un procedimiento adecuado y las opiniones de los deliberantes no deben ser meras conjeturas o monólogos sin fundamento. Se debe adoptar una postura abierta y dispuesta a ser modificada, de modo que hay que asumir desde el principio que uno nunca tiene la certeza absoluta, que es posible que esté equivocado en sus criterios y que carece de la capacidad de considerar la cuestión de que se trata desde todos los puntos de vista, de ahí la importancia de la multidisciplinaridad de sus miembros. Sería ideal que la resolución se adopte mediante un consenso, es decir, con un consentimiento o acuerdo de todos; para ello es fundamental asumir y aceptar criterios no compartidos y estar dispuesto a ceder en algunos puntos concretos.
El procedimiento de toma de decisiones debe basarse en la razón y en argumentos, no en dogmas de fe o creencias subjetivas imposibles de razonar por lo que, ante cualquier problema que se plantee, la presencia de un representante de cualquier religión sólo adquiere importancia cuando es capaz de dejar de ver como absolutas verdades que sólo se sustentan en su fe, pero generalmente la fe de éstos es inquebrantable. La presencia de la persona encargada de la asistencia religiosa sólo por su condición profesional y por sus creencias firmes e inamovibles que impiden reconocer la posibilidad de estar equivocado, no tiene sentido en un comité de ética asistencial. Si su misión consiste en representar la postura rígida establecida por su religión, poco podrá aportar en el contexto del debate ético ya que por su posición intransigente e impuesta por su jerarquía nunca tendrá la opción ni aceptará la posibilidad de ceder para llegar a un consenso.
Considero que la opinión de un representante de cualquier religión sólo debería tenerse en cuenta si el enfermo sobre el que se plantea la deliberación comparte esas creencias y asume limitarse a ellas, pero en este supuesto, los miembros del Comité de Ética Asistencial, para actuar correctamente deberán asesorarse de lo que estipula la religión concreta y su dictamen se produciría sin ninguna imposición externa que impidiese llegar a un consenso y teniendo en cuenta y dando el valor justo que le corresponde en el proceso de deliberación lo que estipulan las normas religiosas, por lo que no sería necesaria la presencia de un representante de la Religión Católica, ni de ninguna otra.
Las personas que intentan debatir con unas convicciones impuestas por su jerarquía, convencidas de que están perfectamente consolidadas, que no son capaces de criticarlas o de recibir críticas y que no aceptan la posibilidad de estar equivocadas ya que su fe es inquebrantable, tendrán una gran dificultad para poder deliberar y llegar a un consenso, por lo que su utilidad será nula en un Comité de Ética Asistencial.
Armando Azulay Tapiero | Médico especialista en Medicina Interna
