“Solo defiendo: que haya educación privada y quien la quiera que la pague de su bolsillo; y educación pública gratuita de calidad, inclusiva, laica y equitativa para quien apueste por la misma”
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Jose Manuel Barreal, 26 de julio de 2020
La enseñanza privada concertada no universitaria, fórmula de los gobiernos socialistas creada por el entonces presidente Felipe González en 1985, que en aquel momento se entendía provisional, ante la insuficiencia de colegios públicos, se ha convertido con la presión de la iglesia católica, que era y es la favorecida y con la aquiescencia de los gobiernos mencionados, al igual que con el actual de coalición, en un derecho por la legislación, además de un negocio que la propia iglesia sigue acaparando, a través de estos años.
De ahí, que actualmente los sectores de la patronal de la privada concertada estén levantando la voz, con el apoyo sindical de la misma, a causa del reparto de los dos mil millones de euros que el gobierno central repartirá con las comunidades autonómicas para la “Educación Pública”. Si bien, desde el mismo gobierno se había vetado, en un principio, al sector de la enseñanza privada concertada, ahora parece han dado marcha atrás y tanto el PSOE como UP defensores, dicen, de la Escuela Pública, consideran que la privada debe de recibir la parte que le corresponde.
Los ingresos del sector de la enseñanza concertada provienen, básicamente, de dos fuentes. Por una parte, las familias los canalizan a través de fundaciones, sobre las que el Ministerio de Hacienda ha comenzado a investigar, ya que parece se trata más de pagos por servicios que de donativos voluntarios. Siendo declarados como esto último, por parte de la empresa de la privada concertada, afectando de manera grave al erario público.
La otra fuente de los ingresos son las subvenciones de las comunidades autónomas y el Estado, que incluyen el pago directo al profesorado, aun siendo elegido por la dirección de los colegios privados; sin embargo, es el Estado, que no pinta nada en esa elección, quien lleva la “socialización” del profesorado de la enseñanza concertada. Estos conciertos con la enseñanza privada que van directamente a la yugular de la Escuela Pública, se llevan más de la quinta parte de los millones de euros que las administraciones públicas dedican a Enseñanza Infantil, Primaria, Secundaria y FP. Incluso, no asumiendo ( la concertada) la enseñanza rural y poniendo, algunos centros, serias trabas a la “Educación Especial”; además de la discriminación entre lo “femenino y masculino”
Si desde 1985 el PSOE traicionó a la escuela pública apuntalando los conciertos educativos, ahora repite la hazaña para que la educación concertada también reciba las ayudas frente al COVID-19. No solo, el PSOE, también Podemos e IU, acompañados por los nacionalistas de ERC; enmendado para ello el punto del Dictamen de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica.
A mi juicio, todo euro que se va de la escuela pública a la escuela privada concertada, más si se trata de gobiernos de “izquierdas”, además de traicionar, contribuye con esa traición a aumentar la desigualdad, que ahora se está acentuando por la pandemia vírica, en las familias ” menos pudientes”. Avanzando, a pasos agigantados.
Está claro que en política hay que negociar, hay que ceder desde las partes. En lo comentado, las únicas cesiones son desde la enseñanza pública. Sin embargo, no ocurre lo mismo en la privada que no hace o no se le exige ninguna. Siempre, bajo la alargada sombra de la iglesia católica. Veamos algunas: Si los colegios privados concertados reciben ayudas estatales, como es el caso, no deberían segregar al alumnado por sexo: si lo hacen, y lo están haciendo, no hay subvención. Si es el Estado quien paga al profesorado, y lo es, que sea también quien contrate al mismo desde de bolsas de empleo o por medios más públicos y democráticos, del ministerio de educación. Tal vez, se pueda entender que las condiciones expuestas defienden tácitamente la educación privada concertada, por quien esto escribe. Nada más lejos de ello. Solo defiendo: que haya educación privada y quien la quiera que la pague de su bolsillo; y educación pública gratuita de calidad, inclusiva, laica y equitativa para quien apueste por la misma.
Finalizo aclarando que para evitar posibles interpretaciones espurias, aquí se cuestionan las subvenciones y a la empresa privada que las recibe. No al profesorado de la misma que, sin duda, tiene derecho al trabajo.
