La documentación requisada por la policía incluye cartas y denuncias por agresión sexual contra al menos una docena de religiosos a los que los jesuitas encubrieron
El exprovincial de los jesuitas bolivianos Ramón Alaix sale de una audiencia el 17 de abril en Cochabamba, acusado de encubrir un caso de pederastia / Jorge Abrego (EFE) ___________________
La documentación incautada en abril de 2023 por la policía boliviana en los registros de las sedes de la Compañía en La Paz y Cochabamba contiene decenas de cartas e informes internos de la orden que prueban cómo la jerarquía de la orden ―entre los que se encuentran los dos superiores que se sientan en el banquillo, los españoles Ramon Alaix y Marcos Recolons― recibieron denuncias internas y decidieron taparlas, trasladar a los acusados o comprar el silencio de las víctimas.
El difunto líder jesuita mundial, Pedro Arrupe, es candidato a la santidad, pero la demanda de una víctima de abuso reveló evidencia de que no impidió que el abusador de menores Donald Dickerson fuera ordenado después de enterarse de las acusaciones.
Pedro Arrupe en 1967 / Fotografía: Archivo Smith/Obtenida por The Guardian _______________
Ramón Antonio Vargas y David Hammer de WWL, The Guardian, 25 de julio de 2025
Pedro Arrupe, el difunto ex líder mundial de la orden religiosa jesuita y candidato a la santidad católica , reconoció en registros presentados como parte de un caso judicial en Nueva Orleans que fue advertido sobre cómo uno de los aspirantes a sacerdotes del grupo había sido acusado de abusar sexualmente de dos menores y reconoció haber hecho insinuaciones sexuales a un tercero.
El hombre fue finalmente ordenado, y no hay indicios en los registros del caso en el tribunal estatal de Luisiana de que Arrupe -quien acuñó el lema de los jesuitas » hombres para los demás «- tomara medidas para impedirle convertirse en sacerdote. Posteriormente, el hombre fue acusado de abusar sexualmente de otros menores que conoció a través de su ministerio.
Han pasado más de dos años desde que las principales instituciones de Bolivia se pusieron en pie y prometieron investigar los casos de pederastia cometidos por clérigos en las últimas décadas. Lo anunció el Ministerio de Educación, la Fiscalía y el procurador general. En el parlamento se registró un proyecto de ley para hacer estos delitos imprescriptibles y el senado dio luz verde a una comisión de la verdad. Incluso el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, prometió públicamente justicia a las víctimas[1]y exigió por carta al papa Francisco los archivos sobre los casos de los que tuviera conocimiento el Vaticano.
Pero poco se ha materializado. La iniciativa legislativa no salió adelante, la comisión del senado se paralizó tras meses de entrevistas, el presidente no ha vuelto a sacar el tema y las denuncias de las víctimas a las autoridades ―que contabilizan casi medio centenar― no han sido suficientes para que los tribunales atisben la posibilidad de una reparación integral para los afectados. “Se han olvidado de las víctimas de pederastia en la Iglesia boliviana”, dice Edwin Alvarado, portavoz de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes.
La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) alertó sobre el retraso en los procesos contra los exprovinciales españoles de la Compañía de Jesús acusados de encubrir supuestos abusos a menores por parte de sacerdotes, la mayoría fallecidos, en casos que salieron a la luz el 30 de abril de 2023.
Vemos mucha lentitud en nuestra justicia», dijo a EFE el presidente de la CBS, Wilder Flores, tras identificar que el proceso con mayor avance es el que involucra al jesuita español Alfonso Pedrajas, conocido como ‘Pica’, fallecido en 2009[1].
En ese caso, la Fiscalía presentó la imputación formal contra los exprovinciales españoles Marcos Recolons y Ramón Alaix, por lo que el inicio del juicio oral debía realizarse en enero, pero quedó pospuesto aún sin fecha.
El aplazamiento del juicio se debió a que los exprovinciales no pudieron asistir a la audiencia por problemas de salud, al tener más de 80 años.
12 nuevos testimonios se suman a las denuncias judiciales contra el enfermero jesuita del colegio, para el que la fiscalía pide 20 añosde cárcel por abusos a alumnas (el caso penal más grave que afronta la Compañía y una de las peticiones fiscales[1]más elevadas contra un religioso)
El colegio de los Jesuïtes de Casp, en Barcelona. | Jordi Otix _______________________
Paula Ericsson Navarro, El Periódico, 25 de marzo de 2025
¿Qué ocurría en la enfermería del colegio de los jesuitas de Casp? Fiscalía pide 20 años de cárcel para el enfermero jesuita Amado Ardid, de 79 años, por dos presuntos delitos de abuso sexual infantil. Peromás allá de estos dos casos, otros 12 testimonios, sumados a seis denuncias judicializadas, abundan, según la acusación, en un patrón de supuestos abusos, tocamientos y conductas inapropiadas que sufrieron alumnas de primero a sexto de primaria entre 1992 y 2005. «Me tocó y me masturbó, me quedé petrificada», afirma una antigua alumna. «Tras ponerme la mano en los genitales, la imagen se me queda en negro”, asegura otra. La mayoría de afectadas no han acudido a denunciar porque o bien sus casos se encuentran prescritos o no se han visto con fuerzas para enfrentarse a la maquinaria judicial.
Sea como sea, los testimonios recabados en esta investigación –17 mujeres y un hombre que han pedido anonimato, por lo que los nombres que aparecen en esta pieza no son reales– recuerdan con nitidez que al fondo a la derecha de la enfermería había «una sala pequeña, oscura, con una camilla blanca». Una estancia que se cerraba por dentro y donde el alumnado se quedaba a solas con el enfermero, quien utilizaba este cuarto tanto para la revisión médica como para las consultas puntuales. La fiscal es contundente: un enfermero no puede explorar los genitales de una menor. Ardid, por su parte, niega las acusaciones.
Francisco desbloquea el caso tras reunirse con el denunciante, que espera una respuesta desde hace 15 años, un ejemplo de cómo la burocracia de la Iglesia frena la voluntad de limpieza del Pontífice
El sacerdote Pedro Francisco Rodríguez Ramos, acusado de abuso de menores (tercero por la izquierda), en una de sus estancias en Moyobamba, Perú, en 2020, más de tres años después de la denuncia y mientras el caso era investigado por los tribunales / Fuente ______________________
El papa Francisco ha tenido que intervenir personalmente para que tanto el Vaticano como la Iglesia española se muevan y se procese canónicamente a un cura de Toledo acusado de pederastia, Pedro Rodríguez Ramos: lo ha hecho porque han pasado 15 años desde que el denunciante informó a la diócesis manchega, casi cuatro desde que este obispado por fin lo comunicó a la Santa Sede y dos desde que el propio afectado lo denunció directamente en Roma, en el Dicasterio de Doctrina de la Fe, órgano disciplinario vaticano. Sin embargo, este exseminarista aún no había obtenido ninguna respuesta. Al final solo ha logrado mover el caso tras ver al Papa en persona varias veces y manteniendo contacto regularmente con él. Lo mismo ocurrió en 2022 con el caso del colegio Gaztelueta del Opus Dei en Leioa, Bizkaia, que Francisco ordenó reabrir tras reunirse con la víctima en diciembre de 2023. Doctrina de la Fe había cerrado el caso en 2015, aunque el acusado luego fue condenado en firme por el Supremo.
El sacerdote, Manuel Rodríguez Hermelo, niega haber cometido abusos sexuales a menores: “Estuve en el Seminario Menor y hubo unos pequeños juegos, pero no llegaron a eso”
Manuel Rodríguez Hermelo el pasado 19 de diciembre en una eucaristía de acción de gracias por el 65º aniversario de su ordenación en la parroquia de Santa Marta, en Pontevedra / Parroquia de Santa Marta de Vigo ___________________
La parroquia de Santa Marta, en Pontevedra, celebró el pasado 19 de diciembre una eucaristía de acción de gracias por el 65º aniversario de ordenación sacerdotal de Manuel Rodríguez Hermelo, quien fue el primer sacerdote tras la fundación del templo en 1994 y estuvo al frente de ella hasta agosto de 2021. La diócesis de Tui-Vigo permitió el homenaje y lo reportó en su página web y en sus redes sociales, aunque el viernes borró las publicaciones horas después de ser contactada por este diario. Conocía desde el mes de mayo, a través de EL PAÍS, que este cura está acusado por abuso de menores por un exalumno del Seminario Menor de Tuientre 1969 y 1971, un caso que estaría prescrito para la justicia.El testimonio estaba incluido en el quinto informe que este diario entregó el pasado 30 de mayo al Defensor del Pueblo, a la Conferencia Episcopal Española (CEE) y al Vaticano con 79 nuevas acusaciones de pederastia contra 87 clérigos, una información que obliga a los obispos a abrir una investigación, según la normativa dictada por el Papa.
Uno de los acusados es Rodríguez Hermelo. La persona que lo denuncia, cuya identidad estaba protegida en el informe, al igual que la del resto de testimonios, es Gonzalo Tomé Fernández, de 68 años. Ahora desea salir a la luz para reafirmar su acusación, que también ha comunicado a la oficina de atención a las víctimas de pederastia en la Iglesia del Defensor del Pueblo. Él no se muestra sorprendido con el homenaje. “Por desgracia, las cosas funcionan así”, opina.
Kay Schmalhausen publica un testimonio demoledor que describe el grupo religioso como una secta y afirma que la Curia ignoró sus denuncias. El Papa apunta a la disolución de la organización y apoya a los periodistas que destaparon el caso
El papa Francisco, con tres periodistas que han destapado los abusos en el Sodalicio, los peruanos Pedro Salinas y Paola Ugaz y, a la derecha, la estadounidense Elise Ann Allen, en la recepción que les concedió el pasado 9 de diciembre / Paola Ugaz (Paola Ugaz/EFE) ___________________
El escándalo del Sodalicio, grupo religioso ultraconservador de Perú con rasgos de secta y presente en otros países, suma un nuevo episodio en los abusos que salen a la luz desde hace años y que son investigados por el Vaticano. Tras la expulsión este año de su fundador carismático, Luis Fernando Figari, y doce responsables, y las medidas contra su imperio económico, todo apunta a que el Papa se inclina hacia su disolución. Lo que ha estallado ahora es una bomba desde dentro: quien ha hablado es el peruano Kay Schmalhausen, de 60 años, obispo de Ayaviri hasta 2021 y miembro durante 40 años de la organización, que abandonó en 2018. En un artículo demoledor narra años de abusos, describe el grupo como una secta peligrosa y, sobre todo, acusa con nombres y apellidos a altos cargos de la Curia del Vaticano de no haber hecho nada tras su denuncia. Y eso que se trataba de un obispo. Y no fue hace muchos años, sino entre 2015 y 2016.
Cristina Pérez sufrió abusos sexuales por parte de un cura marianista en el elitista colegio de El Pilar, en Madrid. Lo denunció a la orden pero la reparación nunca llegó
Foto familiar de Cristina Pérez, en brazos de su abuela, en el centro de la foto, que acusa al sacerdote Juan Carlos González de Suso de abusar de ella en los años setenta en el colegio de el Pilar. A su izquierda está su hermana Ana, que le ha ayudado en todo el proceso de denuncia ante la orden ___________________________
Julio Núñez, Jimena Marcos, El País, 19 de diciembre de 2024
Desde que en 2018 arrancara la investigación de los abusos en la Iglesia, este periódico no ha dejado de romper el muro de silencio que se encontró el periodista Íñigo Domínguez cuando inició las primeras pesquisas.
Hoy la historia con la que queremos recordar que ese trabajo sigue vivo cuenta con las voces de sus protagonistas: Cristina Pérez, víctima de los abusos que sufrió en el elitista colegio de El Pilar en Madrid, y su hermana Ana, que ha sido su protectora y defensora en vida pero también tras su muerte. Pues Cristina falleció este año sin recibir justicia.
Exalumnos de los colegios de Casp y Sarrià piden a la Fiscalía en una carta una investigación a fondo sobre la presunta ocultación de los delitos por parte de la Compañía de Jesús
Protesta frente al Parlament de Catalunya de víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia católica, el 10 de septiembre de 2024 / Gianluca Battista ____________________
Exalumnos de los colegios de los Jesuitas de Casp y Sarrià y víctimas de abusos por parte de miembros de la Compañía de Jesús (CJ) han pedido este jueves a la Físcalía que, igual que está haciendo su institución homóloga en Bolivia, investigue si la orden pudo haber encubierto casos de pederastia. En una carta abierta titulada Cielo en otra vida, infierno en esta, avanzada este jueves por El Periódico, emplazan a la Fiscalía a investigar si hay más casos de los denunciados y a que investigue si los jesuitas han podido cometer un delito de encubrimiento. EL PAÍS, en el marco de su investigación de la pederastia en la Iglesia española iniciada en 2018, ha recogido los últimos años testimonios de víctimas de abusos de los Jesuitas de Casp.
Los Jesuitas de Cataluña reconocieron el pasado mes de julio que tenían contabilizados un total de 145 denuncias por abusos sexuales a menores desde el año 1948, aunque en la mayoría de casos sostenían que no había recorrido penal por prescripción del delito o la muerte del agresor.
La orden presentó un informe sobre violencia sexual dentro de su propia institución, con la colaboración del bufete de abogados Roca Junyent, donde el delegado y portavoz de la Compañía en Cataluña, Pau Vidal, hizo público el nombre de 14 agresores sexuales.