Francisco desbloquea el caso tras reunirse con el denunciante, que espera una respuesta desde hace 15 años, un ejemplo de cómo la burocracia de la Iglesia frena la voluntad de limpieza del Pontífice
El sacerdote Pedro Francisco Rodríguez Ramos, acusado de abuso de menores (tercero por la izquierda), en una de sus estancias en Moyobamba, Perú, en 2020, más de tres años después de la denuncia y mientras el caso era investigado por los tribunales / Fuente ______________________
El papa Francisco ha tenido que intervenir personalmente para que tanto el Vaticano como la Iglesia española se muevan y se procese canónicamente a un cura de Toledo acusado de pederastia, Pedro Rodríguez Ramos: lo ha hecho porque han pasado 15 años desde que el denunciante informó a la diócesis manchega, casi cuatro desde que este obispado por fin lo comunicó a la Santa Sede y dos desde que el propio afectado lo denunció directamente en Roma, en el Dicasterio de Doctrina de la Fe, órgano disciplinario vaticano. Sin embargo, este exseminarista aún no había obtenido ninguna respuesta. Al final solo ha logrado mover el caso tras ver al Papa en persona varias veces y manteniendo contacto regularmente con él. Lo mismo ocurrió en 2022 con el caso del colegio Gaztelueta del Opus Dei en Leioa, Bizkaia, que Francisco ordenó reabrir tras reunirse con la víctima en diciembre de 2023. Doctrina de la Fe había cerrado el caso en 2015, aunque el acusado luego fue condenado en firme por el Supremo.
El sacerdote, Manuel Rodríguez Hermelo, niega haber cometido abusos sexuales a menores: “Estuve en el Seminario Menor y hubo unos pequeños juegos, pero no llegaron a eso”
Manuel Rodríguez Hermelo el pasado 19 de diciembre en una eucaristía de acción de gracias por el 65º aniversario de su ordenación en la parroquia de Santa Marta, en Pontevedra / Parroquia de Santa Marta de Vigo ___________________
La parroquia de Santa Marta, en Pontevedra, celebró el pasado 19 de diciembre una eucaristía de acción de gracias por el 65º aniversario de ordenación sacerdotal de Manuel Rodríguez Hermelo, quien fue el primer sacerdote tras la fundación del templo en 1994 y estuvo al frente de ella hasta agosto de 2021. La diócesis de Tui-Vigo permitió el homenaje y lo reportó en su página web y en sus redes sociales, aunque el viernes borró las publicaciones horas después de ser contactada por este diario. Conocía desde el mes de mayo, a través de EL PAÍS, que este cura está acusado por abuso de menores por un exalumno del Seminario Menor de Tuientre 1969 y 1971, un caso que estaría prescrito para la justicia.El testimonio estaba incluido en el quinto informe que este diario entregó el pasado 30 de mayo al Defensor del Pueblo, a la Conferencia Episcopal Española (CEE) y al Vaticano con 79 nuevas acusaciones de pederastia contra 87 clérigos, una información que obliga a los obispos a abrir una investigación, según la normativa dictada por el Papa.
Uno de los acusados es Rodríguez Hermelo. La persona que lo denuncia, cuya identidad estaba protegida en el informe, al igual que la del resto de testimonios, es Gonzalo Tomé Fernández, de 68 años. Ahora desea salir a la luz para reafirmar su acusación, que también ha comunicado a la oficina de atención a las víctimas de pederastia en la Iglesia del Defensor del Pueblo. Él no se muestra sorprendido con el homenaje. “Por desgracia, las cosas funcionan así”, opina.
Kay Schmalhausen publica un testimonio demoledor que describe el grupo religioso como una secta y afirma que la Curia ignoró sus denuncias. El Papa apunta a la disolución de la organización y apoya a los periodistas que destaparon el caso
El papa Francisco, con tres periodistas que han destapado los abusos en el Sodalicio, los peruanos Pedro Salinas y Paola Ugaz y, a la derecha, la estadounidense Elise Ann Allen, en la recepción que les concedió el pasado 9 de diciembre / Paola Ugaz (Paola Ugaz/EFE) ___________________
El escándalo del Sodalicio, grupo religioso ultraconservador de Perú con rasgos de secta y presente en otros países, suma un nuevo episodio en los abusos que salen a la luz desde hace años y que son investigados por el Vaticano. Tras la expulsión este año de su fundador carismático, Luis Fernando Figari, y doce responsables, y las medidas contra su imperio económico, todo apunta a que el Papa se inclina hacia su disolución. Lo que ha estallado ahora es una bomba desde dentro: quien ha hablado es el peruano Kay Schmalhausen, de 60 años, obispo de Ayaviri hasta 2021 y miembro durante 40 años de la organización, que abandonó en 2018. En un artículo demoledor narra años de abusos, describe el grupo como una secta peligrosa y, sobre todo, acusa con nombres y apellidos a altos cargos de la Curia del Vaticano de no haber hecho nada tras su denuncia. Y eso que se trataba de un obispo. Y no fue hace muchos años, sino entre 2015 y 2016.
Cristina Pérez sufrió abusos sexuales por parte de un cura marianista en el elitista colegio de El Pilar, en Madrid. Lo denunció a la orden pero la reparación nunca llegó
Foto familiar de Cristina Pérez, en brazos de su abuela, en el centro de la foto, que acusa al sacerdote Juan Carlos González de Suso de abusar de ella en los años setenta en el colegio de el Pilar. A su izquierda está su hermana Ana, que le ha ayudado en todo el proceso de denuncia ante la orden ___________________________
Julio Núñez, Jimena Marcos, El País, 19 de diciembre de 2024
Desde que en 2018 arrancara la investigación de los abusos en la Iglesia, este periódico no ha dejado de romper el muro de silencio que se encontró el periodista Íñigo Domínguez cuando inició las primeras pesquisas.
Hoy la historia con la que queremos recordar que ese trabajo sigue vivo cuenta con las voces de sus protagonistas: Cristina Pérez, víctima de los abusos que sufrió en el elitista colegio de El Pilar en Madrid, y su hermana Ana, que ha sido su protectora y defensora en vida pero también tras su muerte. Pues Cristina falleció este año sin recibir justicia.
Exalumnos de los colegios de Casp y Sarrià piden a la Fiscalía en una carta una investigación a fondo sobre la presunta ocultación de los delitos por parte de la Compañía de Jesús
Protesta frente al Parlament de Catalunya de víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia católica, el 10 de septiembre de 2024 / Gianluca Battista ____________________
Exalumnos de los colegios de los Jesuitas de Casp y Sarrià y víctimas de abusos por parte de miembros de la Compañía de Jesús (CJ) han pedido este jueves a la Físcalía que, igual que está haciendo su institución homóloga en Bolivia, investigue si la orden pudo haber encubierto casos de pederastia. En una carta abierta titulada Cielo en otra vida, infierno en esta, avanzada este jueves por El Periódico, emplazan a la Fiscalía a investigar si hay más casos de los denunciados y a que investigue si los jesuitas han podido cometer un delito de encubrimiento. EL PAÍS, en el marco de su investigación de la pederastia en la Iglesia española iniciada en 2018, ha recogido los últimos años testimonios de víctimas de abusos de los Jesuitas de Casp.
Los Jesuitas de Cataluña reconocieron el pasado mes de julio que tenían contabilizados un total de 145 denuncias por abusos sexuales a menores desde el año 1948, aunque en la mayoría de casos sostenían que no había recorrido penal por prescripción del delito o la muerte del agresor.
La orden presentó un informe sobre violencia sexual dentro de su propia institución, con la colaboración del bufete de abogados Roca Junyent, donde el delegado y portavoz de la Compañía en Cataluña, Pau Vidal, hizo público el nombre de 14 agresores sexuales.
El magistrado considera que, tras los últimos cambios legales, los hechos no han caducado y pedirá un informe a la fiscalía. El religioso, que defiende su inocencia, declaró ante el magistrado el pasado 29 de octubre
El jesuita Francesc Peris, con un alumno en Bolivia. / El Periódico ______________________
Guillem Sánchez-J.G. Albalat, El Periódico, 21 de octubre de 2024
El Juzgado de Instrucción número 29 de Barcelona ha abierto diligencias parainvestigar al sacerdote Francesc Perispor presunta agresión sexual, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO. Este profesor jesuita ha abusado de decenas de alumnos del colegio de Casp de Barcelona y también del colegio Juan XXIII de Cochabamba (Bolivia). Pero hasta la fecha no había sido denunciado por ninguna víctima cuyo delito no estuviera prescrito para la justicia. Hasta ahora.
El jesuita, al que la orden envió a Valladolid para mantenerlo alejado del escándalo, acudió a declarar ante el juez en Barcelona el 29 de octubre
Tras la emisión del documental de ‘La Fugida’ –una coproducción de 3CAT y EL PERIÓDICO– el pasado junio, una exalumna nacida en 1987, y que sufrió supuestamente abusos sexuales por parte de Peris en el colegio de Casp, contactó con este diario a través de otras víctimas de la cuenta @metoojesuites de Instagram. Como han hecho otros afectados en su situación, mostró su voluntad de denunciar los abusos cometidos por parte de Peris y EL PERIÓDICO trasladó ese interés a los Mossos d’Esquadra, que atendieron su denuncia, a pesar de que parecía estar relatando unos hechos prescritos.
Las víctimas de abusos esperamos un gran acuerdo entre PP y PSOE en favor de los derechos de la infancia, que se comprometan a aprobar de forma urgente una ley para que estos crímenes no caduquen
Un grupo de alumnos del Colegio El Pilar de los Maristas en Vigo, delante del centro donde denuncian que sufrieron abusos / Óscar Corral ________________
Alejandro Palomas, Miguel Hurtado Calvo, El País, 11 de noviembre de 2024
Por primera vez en la historia de nuestro país, el informe del Defensor del Pueblo sobre pederastia en la Iglesia puso cifras a la magnitud de la violencia sexual perpetrada contra niños, niñas y adolescentes en las instituciones católicas españolas. Las cifras son escalofriantes. El 1,13% de la población ha sufrido abusos sexuales en la iglesia española, mientras que un 0,6% ha sufrido abusos de un religioso, lo que corresponde a 440.000 víctimas de abusos en la Iglesia católica española y de 233.000 personas por parte del clero. España pasa de negar institucionalmente la existencia del problema a liderar el ranking mundial de pederastia clerical, un dudoso honor que se explica por el poder omnímodo que ha tenido la jerarquía católica en nuestro país y la secular sumisión del poder civil al religioso, tanto en dictadura como en democracia. Tras la muerte del dictador, los obispos españoles lo dejaron todo bien atado para poder seguir disfrutando de sus múltiples privilegios, entre los cuales se encontraba la impunidad de las perversiones sexuales del clero.
Cristina Pérez murió hace dos meses y su historia se publicó en El País y en El Periódico. La congregación afirma que parte de su testimonio es una invención de su hermana, a quien la afectada designó como representante, pero dos grabaciones desmontan este discurso
Cristina Pérez, segunda por la derecha, y su hermana Ana, sexta por la derecha, durante su Comunión en los años setenta en la parroquia marianista de Nuestra Señora del Pilar, en Madrid ____________________
El día que Cristina Pérez murió repentinamente a los 57 años en el hospital estadounidense de Minot, en Dakota del Norte, se marchó sin recibir la carta de perdón que desde hacía un año la orden de los marianistas le había prometido. Tampoco recibió la reparación económica por los abusos que sufrió en Madrid a manos del sacerdote Juan Carlos González de Suso durante los años setenta. Falleció este septiembre con el único alivio de que, al menos, la congregación religiosa le subrayó que daba credibilidad a su relato y que su proceso de reparación avanzaba a pesar de que su agresor falleció en 2014. Dos meses después de su partida, la orden ha cambiado de parecer.
En la presentación del informe intervinieron el Presidente de la Comisión, Cardenal Sean Patrick O’Malley, O.F.M. Cap., Arzobispo emérito de Boston; Maud de Boer-Buquicchio, jurista, encargada del Informe Anual; el Secretario de la Comisión, Monseñor Luis Manuel Alí Herrera; y la Subsecretaria de la Comisión, Dra. Teresa Morris Kettelkamp.
Este informe piloto está dividido en cuatro secciones y examina la situación de varias Iglesias locales y continentes, la eficacia de la Curia Romana en la salvaguardia, cómo la Iglesia ayuda a la sociedad a salvaguardar y cómo la Comisión ofrece una herramienta de responsabilidad y transparencia.
Cristina Pérez sufrió abusos sexuales cuando era una niña en los años setenta por un cura marianista en Madrid. Lo denunció a la orden, que le prometió una carta de perdón y una reparación que nunca llegaron. Pérez murió hace un mes sin recibir justicia
Foto familiar de Cristina Pérez, en brazos de su abuela, en el centro de la foto, que acusa al sacerdote Juan Carlos González de Suso de abusar de ella en los años setenta en el colegio de El Pilar. A su izquierda está su hermana Ana, que le ha ayudado en todo el proceso de denuncia ante la orden _______________________
En una pared de su casa en Minot, en Dakota del Norte (Estados Unidos), Cristina Pérez tiene un altar donde exhibe los logros personales que ella y su difunto marido Roger, un marine que participó en la guerra del Golfo, consiguieron a lo largo de su vida. Las medallas militares y varias fotografías de la pareja comparten espacio con la camisa repleta de insignias que Pérez vistió cuando trabajaba como bombera y conductora de ambulancias en el departamento de bomberos de Brookline, en Misuri. Solo quedaba un hueco libre que decidió tapar hace un año con un folio con los bordes garabateados y la frase manuscrita “CARTA DE LA IGLESIA”.
Ese pedazo de papel guardaba el sitio donde iría, enmarcado, el último gran triunfo de Pérez: una carta oficial de la congregación de los marianistas de España donde le pedía perdón por los abusos que sufrió de niña a manos del sacerdote Juan Carlos González de Suso, fallecido en 2014, durante los años setenta en Madrid. El provincial de la orden, Iñaki Sarasua, le garantizó en noviembre de 2023, poco después de que Pérez le denunciase su caso, que la misiva de perdón no se demoraría mucho y le aseguró que paralelamente llegarían a un acuerdo para pagarle una reparación económica. La carta nunca llegó. Pérez murió el pasado 3 de este septiembre en el hospital de Minot por culpa de una repentina y breve enfermedad respiratoria. Tenía 56 años y, como decenas de víctimas de pederastia clerical, jamás encontró justicia.