El primer informe oficial en España sobre las agresiones sexuales a niños, niñas y adolescentes permite trazar el ‘modus operandi’ de los religiosos: se perpetraban de manera repetida y sobre todo en menores de entre 6 y 12 años: “Él iba pasando por las mesas y, al que le apetecía, pues le hacía sus cosas”
Escuela __________________
Sofía Pérez Mendoza, El Diario, 29 de agosto de 2025
El informe elaborado por el Defensor del Pueblo permite una primera aproximación oficial -e institucional– al modus operandi de los abusadores sexuales dentro de la Iglesia. Y lo hace a través de los testimonios de supervivientes que fueron escuchados por los miembros del grupo de trabajo creado para la investigación.
Después de 15 meses de trabajo y la entrevista pormenorizada a 487 personas que relataron ser víctimas, el análisis de la información recogida revela que lo más habitual eran abusos “episódicos”, es decir, que ocurrían varias veces. También deja claro que el escenario más habitual de las agresiones fueron con mucha diferencia, los centros de enseñanza (63,2%).
En el 84% de los casos afectaron a varones y casi la mitad tenían entre 6 y 12 años. El segundo grupo más numeroso eran adolescentes o preadolescentes de hasta 18 años. El grueso de los testimonios se refieren a abusos cometidos entre las décadas de 1960 y de 1980, pero se han registrado también episodios más recientes, de la década de 2010.
La documentación requisada por la policía incluye cartas y denuncias por agresión sexual contra al menos una docena de religiosos a los que los jesuitas encubrieron
El exprovincial de los jesuitas bolivianos Ramón Alaix sale de una audiencia el 17 de abril en Cochabamba, acusado de encubrir un caso de pederastia / Jorge Abrego (EFE) ___________________
La documentación incautada en abril de 2023 por la policía boliviana en los registros de las sedes de la Compañía en La Paz y Cochabamba contiene decenas de cartas e informes internos de la orden que prueban cómo la jerarquía de la orden ―entre los que se encuentran los dos superiores que se sientan en el banquillo, los españoles Ramon Alaix y Marcos Recolons― recibieron denuncias internas y decidieron taparlas, trasladar a los acusados o comprar el silencio de las víctimas.
Han pasado más de dos años desde que las principales instituciones de Bolivia se pusieron en pie y prometieron investigar los casos de pederastia cometidos por clérigos en las últimas décadas. Lo anunció el Ministerio de Educación, la Fiscalía y el procurador general. En el parlamento se registró un proyecto de ley para hacer estos delitos imprescriptibles y el senado dio luz verde a una comisión de la verdad. Incluso el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, prometió públicamente justicia a las víctimas[1]y exigió por carta al papa Francisco los archivos sobre los casos de los que tuviera conocimiento el Vaticano.
Pero poco se ha materializado. La iniciativa legislativa no salió adelante, la comisión del senado se paralizó tras meses de entrevistas, el presidente no ha vuelto a sacar el tema y las denuncias de las víctimas a las autoridades ―que contabilizan casi medio centenar― no han sido suficientes para que los tribunales atisben la posibilidad de una reparación integral para los afectados. “Se han olvidado de las víctimas de pederastia en la Iglesia boliviana”, dice Edwin Alvarado, portavoz de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes.
El Arzobispado de Barcelona ha empezado a pagar este mes las primeras indemnizaciones a víctimas de abusos sexuales en la Iglesia, según publicado el ‘ARA’ y han confirmado al ACN fuentes de la institución.
Se trata de propuestas de indemnización que llegan de la Comisión Asesora de Reparación Integral de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que estudió los expedientes de personas que denunciaron haber sufrido abusos en el seno de la Iglesia católica en España y que pidieron una indemnización.
Cada obispado recibe unos dictámenes, pero es el obispo quien decide en última instancia aceptar la propuesta de indemnización hecha. Según el Arzobispado de Barcelona, el arzobispo Joan Josep Omella ha aceptado todas las propuestas recogidas en los dictámenes.
La Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS) alertó sobre el retraso en los procesos contra los exprovinciales españoles de la Compañía de Jesús acusados de encubrir supuestos abusos a menores por parte de sacerdotes, la mayoría fallecidos, en casos que salieron a la luz el 30 de abril de 2023.
Vemos mucha lentitud en nuestra justicia», dijo a EFE el presidente de la CBS, Wilder Flores, tras identificar que el proceso con mayor avance es el que involucra al jesuita español Alfonso Pedrajas, conocido como ‘Pica’, fallecido en 2009[1].
En ese caso, la Fiscalía presentó la imputación formal contra los exprovinciales españoles Marcos Recolons y Ramón Alaix, por lo que el inicio del juicio oral debía realizarse en enero, pero quedó pospuesto aún sin fecha.
El aplazamiento del juicio se debió a que los exprovinciales no pudieron asistir a la audiencia por problemas de salud, al tener más de 80 años.
La Fiscalía acusa a los españoles Marcos Recolons y Ramón Alaix de proteger al sacerdote Alfonso Pedrajas, ya fallecido, quien admitió en sus memorias que abusó de al menos 85 menores con el amparo de sus superiores
Marcos Recolons, ex alto cargo de los jesuitas en Bolivia y el Vaticano, acusado de encubrir varios casos de abusos, en una imagen de 2018 __________________
Día histórico para las víctimas bolivianas de pederastia clerical. La justicia sienta este jueves en el banquillo a los españoles y ex altos cargos de la Compañía de Jesús en Bolivia Marcos Recolons y Ramón Alaix por proteger al sacerdote español Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009, quien admitió en sus memorias que abusó de al menos 85 menores entre 1972 y comienzos de los años 2000 en varios colegios de la orden con el amparo de sus superiores. Tanto Recolons (ahora con 81 años) como Alaix (de 83) aparecen citados por Pedrajas en su diario como dos de los siete superiores que le ayudaron a eludir las denuncias de sus víctimas. La Compañía de Jesús es la orden religiosa a la que pertenece el Papa Francisco.
El diario del jesuita estuvo oculto hasta abril de 2023, cuando salió a la luz en EL PAÍS. Tras la publicación, la Fiscalía boliviana reaccionó y abrió una investigación: entró en la sede de los jesuitas para recabar documentos, recibió denuncias de víctimas y tomó declaración a los responsables de la orden. El pasado marzo acabó imputando a estos dos jesuitas por encubrimiento. Cabe destacar que, mientras que en España solo los jueces tienen la potestad para imputar a una o varias personas de un delito, el ministerio fiscal boliviano puede hacerlo siempre “que existan suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, debiendo emitir un requerimiento debidamente fundamentado de acuerdo”. Los acusados se sentarán en el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Número 4 de Cochabamba.
Francisco desbloquea el caso tras reunirse con el denunciante, que espera una respuesta desde hace 15 años, un ejemplo de cómo la burocracia de la Iglesia frena la voluntad de limpieza del Pontífice
El sacerdote Pedro Francisco Rodríguez Ramos, acusado de abuso de menores (tercero por la izquierda), en una de sus estancias en Moyobamba, Perú, en 2020, más de tres años después de la denuncia y mientras el caso era investigado por los tribunales / Fuente ______________________
El papa Francisco ha tenido que intervenir personalmente para que tanto el Vaticano como la Iglesia española se muevan y se procese canónicamente a un cura de Toledo acusado de pederastia, Pedro Rodríguez Ramos: lo ha hecho porque han pasado 15 años desde que el denunciante informó a la diócesis manchega, casi cuatro desde que este obispado por fin lo comunicó a la Santa Sede y dos desde que el propio afectado lo denunció directamente en Roma, en el Dicasterio de Doctrina de la Fe, órgano disciplinario vaticano. Sin embargo, este exseminarista aún no había obtenido ninguna respuesta. Al final solo ha logrado mover el caso tras ver al Papa en persona varias veces y manteniendo contacto regularmente con él. Lo mismo ocurrió en 2022 con el caso del colegio Gaztelueta del Opus Dei en Leioa, Bizkaia, que Francisco ordenó reabrir tras reunirse con la víctima en diciembre de 2023. Doctrina de la Fe había cerrado el caso en 2015, aunque el acusado luego fue condenado en firme por el Supremo.
El sacerdote, Manuel Rodríguez Hermelo, niega haber cometido abusos sexuales a menores: “Estuve en el Seminario Menor y hubo unos pequeños juegos, pero no llegaron a eso”
Manuel Rodríguez Hermelo el pasado 19 de diciembre en una eucaristía de acción de gracias por el 65º aniversario de su ordenación en la parroquia de Santa Marta, en Pontevedra / Parroquia de Santa Marta de Vigo ___________________
La parroquia de Santa Marta, en Pontevedra, celebró el pasado 19 de diciembre una eucaristía de acción de gracias por el 65º aniversario de ordenación sacerdotal de Manuel Rodríguez Hermelo, quien fue el primer sacerdote tras la fundación del templo en 1994 y estuvo al frente de ella hasta agosto de 2021. La diócesis de Tui-Vigo permitió el homenaje y lo reportó en su página web y en sus redes sociales, aunque el viernes borró las publicaciones horas después de ser contactada por este diario. Conocía desde el mes de mayo, a través de EL PAÍS, que este cura está acusado por abuso de menores por un exalumno del Seminario Menor de Tuientre 1969 y 1971, un caso que estaría prescrito para la justicia.El testimonio estaba incluido en el quinto informe que este diario entregó el pasado 30 de mayo al Defensor del Pueblo, a la Conferencia Episcopal Española (CEE) y al Vaticano con 79 nuevas acusaciones de pederastia contra 87 clérigos, una información que obliga a los obispos a abrir una investigación, según la normativa dictada por el Papa.
Uno de los acusados es Rodríguez Hermelo. La persona que lo denuncia, cuya identidad estaba protegida en el informe, al igual que la del resto de testimonios, es Gonzalo Tomé Fernández, de 68 años. Ahora desea salir a la luz para reafirmar su acusación, que también ha comunicado a la oficina de atención a las víctimas de pederastia en la Iglesia del Defensor del Pueblo. Él no se muestra sorprendido con el homenaje. “Por desgracia, las cosas funcionan así”, opina.
Un estudio, encargado por la propia abadía cisterciense de Caldey, en el sur de Gales y realizado por la trabajadora social consultora Jan Pickles, documenta los horribles abusos que tuvieron lugar entre finales de los años 1960 y 1992 contra niños, algunos de ellos residentes en la isla y otros que visitaban a sus familias. Muchos se quejaron en su momento de lo ocurrido, pero no se les creyó, se hizo caso omiso de ellos o se encubrieron los abusos.
El informe desvela los abusos que tuvieron lugar entre finales de los años 1960 y 1992 contra niños, algunos de ellos residentes en la isla y otros que visitaban a sus familias, por parte del monje Thaddeus Kotik, nacido en Polonia y fallecido en 1992 sin haber rendido cuentas por ninguno de sus crímenes.
Se dice que Thaddeus Kotik llegó a la isla en la década de 1940, donde, de acuerdo con la página oficial de la misma, la Isla Caldey «hay monjes cistercienses continúan una tradición que comenzó en tiempos celtas, con más de mil años de oración y vida tranquila han hecho de esta remota y hermosa isla un remanso de tranquilidad y paz».
Exalumnos de los colegios de Casp y Sarrià piden a la Fiscalía en una carta una investigación a fondo sobre la presunta ocultación de los delitos por parte de la Compañía de Jesús
Protesta frente al Parlament de Catalunya de víctimas de abusos sexuales por parte de la Iglesia católica, el 10 de septiembre de 2024 / Gianluca Battista ____________________
Exalumnos de los colegios de los Jesuitas de Casp y Sarrià y víctimas de abusos por parte de miembros de la Compañía de Jesús (CJ) han pedido este jueves a la Físcalía que, igual que está haciendo su institución homóloga en Bolivia, investigue si la orden pudo haber encubierto casos de pederastia. En una carta abierta titulada Cielo en otra vida, infierno en esta, avanzada este jueves por El Periódico, emplazan a la Fiscalía a investigar si hay más casos de los denunciados y a que investigue si los jesuitas han podido cometer un delito de encubrimiento. EL PAÍS, en el marco de su investigación de la pederastia en la Iglesia española iniciada en 2018, ha recogido los últimos años testimonios de víctimas de abusos de los Jesuitas de Casp.
Los Jesuitas de Cataluña reconocieron el pasado mes de julio que tenían contabilizados un total de 145 denuncias por abusos sexuales a menores desde el año 1948, aunque en la mayoría de casos sostenían que no había recorrido penal por prescripción del delito o la muerte del agresor.
La orden presentó un informe sobre violencia sexual dentro de su propia institución, con la colaboración del bufete de abogados Roca Junyent, donde el delegado y portavoz de la Compañía en Cataluña, Pau Vidal, hizo público el nombre de 14 agresores sexuales.