La nueva ley de Memoria, Cuelgamuros y cómo «blanquear» a la Iglesia Católica, por Francisco Delgado

______

Foto de archivo de un oficio religioso en la Basílica del Valle de los Caídos / EFE
____________

Francisco Delgado Ruiz, Público, 20 de noviembre de 2022

No hace falta ser Paul Preston ni un avezado historiador para entender que el golpe de Estado nacional católico y fascista de julio de 1936 se empezó a gestar en 1931 en el seno de la Iglesia Católica, a través del papa Pio XI y su relación con el fascismo…  y del cardenal primado Segura, con sus proclamas desde los púlpitos, incluso meses antes del 14 de abril de 1931. Más allá de los apoyos que el golpe de Estado tuvo del fascio internacional, de los partidos católicos, del tradicionalismo navarro y vasco, de la Falange, de los militares, de los caciques, etc. etc. y, también, del cierto apoyo internacional (por acción y omisión) al golpe, desde Francia, Gran Bretaña, EEUU…  etc.

Fue una verdadera Cruzada contra «el infiel» que se extendió hasta los años sesenta del siglo XX. A modo de tribunal inquisidor. La Iglesia católica oficial se convirtió en la principal columna que sostuvo a la dictadura y régimen franquista desde el Vaticano y a través de sus múltiples organizaciones como el Opus Dei, los jesuitas, la CONCAPA, Acción Católica,  etc. etc.

El Gobierno provisional de la II República, antes de aprobarse la Constitución, hizo pública, junto a proclamar la secularización de las instituciones del Estado, su intención de respetar -de manera plena- la libertad de conciencia individual mediante la libertad de creencias y cultos, sin que el Estado, en momento alguno, pudiera pedir a la ciudadanía revelación de las convicciones religiosas individuales, pidiéndose respeto para el culto religioso y sus rituales en el ámbito de lo privado. Incluso el primer presidente de la II República (el liberal Niceto Alcalá Zamora) se declaraba católico, al igual que quien ostentaba la cartera de Gobernación, Antonio Maura. Pero para la Iglesia Católica no era suficiente.

86 años después sigue sin restaurarse adecuadamente aquella afrenta a la ciudadanía y a la legalidad vigente. Ni la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, en tiempos del presidente Zapatero, que ya llegó muy, pero que muy tarde, ni la actual de 2022 llegan a hacer justicia con los muy graves hechos y crímenes de lesa humanidad que el Régimen y su aliada Iglesia Católica cometieron hasta muy avanzado el siglo XX.

El boato, propaganda y despliegue de medios que el actual gobierno de coalición ha hecho es un exceso para «tapar» una realidad, de forma electoralista. Una inmundicia más. Y es que esta nueva ley ni de lejos cumple con los mínimos que una ley de Memoria exigiría, no sólo para restaurar a las víctimas, a todos los muertos, represaliados y sus familias (muchas de ellas ya no existen)… incluso a sus «herederos» morales.

Es más, ciertas acciones deliberada y propagandísticamente tratan de blanquear a la Iglesia Católica y sus criminales hechos que duraron, al menos, casi tres décadas.

Por ejemplo, aunque los monjes se marcharan de allí (ya veremos)… mantener la cruz, es decir el mamotreto de 150 metros del Valle (ahora de Cuelgamuros) es una ignominia para los allí asesinados y sus familias. O sacar los restos de criminales de los muros y subsuelo de las iglesias, que es ahí donde deberían de permanecer, para que la historia relacione una realidad, como es que esos fascistas criminales como Queipo y otros muchos, formaban parte de un «todo»: dictadura fascista e Iglesia Católica.

El ministro Bolaños (en nombre todo el Gobierno), por cierto muy amigo del Vaticano y de la Conferencia Episcopal Española, el día de la publicación de esta última Ley afirmó: -«… con esta ley España salda una deuda pendiente con las personas que lucharon por la democracia y por la libertad. A partir de ahora, nuestra democracia es una democracia más digna, porque reconoce a las víctimas, a quienes trabajaron por que hoy seamos un país europeo, moderno, avanzado, con derechos y con libertades, a la altura de cualquier otro país de nuestro entorno«. Yo, personalmente y, en parte, en contra de la condescendencia de ciertos ámbitos memorialísticos: «niego la mayor».

Tras la del 2007 esta última ley refuerza teóricamente y en parte el compromiso del Estado en la búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil y del franquismo y abre la puerta a estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983. Pero… ¿Qué tendrá que ver esto último con la dictadura nacional católica, entre 1936 y 1966, por ejemplo? Una forma de mezclarlo todo a modo de un gran potaje. Por lo tanto, en mi opinión, incomprensible…

La Ley propone crear una Comisión técnica (¿otra?) que haga un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución 1979 y el 31 de diciembre de 1983… ¿1983? ¿Están de coña?

Por fin se declara la ilegalidad e ilegitimidad de los tribunales, jurados y cualesquiera otros órganos penales y administrativos creados a partir del golpe de Estado de 1936, para la persecución por motivos políticos o de conciencia. Veremos, en la práctica, en qué se traduce. Simbólicamente se retiran condecoraciones, honores, títulos y (posiblemente) se podrán disolver cierto tipo de asociaciones civiles relacionadas con la dictadura y la apología del franquismo. Veremos.

La ley, por fin, considera como lugares de Memoria Democrática «aquel espacio o inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible» donde se han desarrollado «hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva. Han declarado-, caprichosamente, el 31 de octubre como Día de la Memoria (?)… como si -en su caso- no hubiera otras fechas históricas de mayor relevancia, relacionadas con el genocidio nacional católico.

¿Y sobre la responsabilidad penal de la Iglesia católica, qué?

«Reconocimiento, frente al olvido, democracia frente a dictadura»: Según el Gobierno y los grupos parlamentarios que la han avalado. Así se define esta nueva ley. Esas palabras están muy bien desde un punto de vista pedagógico e, incluso, político electoralista. Pero a estas alturas de la historia, poco más.

Las asociaciones memoralísticas, las y los familiares, seguirán luchando y trabajando, muchas en silencio y en solitario, como hasta ahora, para demostrar la verdad, sus razones, para encontrar restos de algún familiar… mientras queden fuerzas, mientras sigan vivos. En un país, en un Estado cuya anomalía raya lo esperpéntico, que fue incapaz (que fuimos incapaces – yo me siento, también, responsable, junto a los de mi generación)… de evitar hacer «tabla rasa» de la historia, de aceptar (vergonzantemente) una especie de «ley de punto final».

La ciudadanía y el alumnado español, sabe mucho más de los genocidios nazis en Alemania, que de los genocidios que se cometieron en España, en donde la Iglesia Católica tuvo un papel fundamental. La propuesta de incorporar en la Enseñanza (según la última reforma: LOMLOE) algunos aspectos memoralísticos de nuestra reciente y criminal historia, relacionada con la Dictadura, veremos en qué y cómo queda. No me fío un pelo, porque la  equidistancia se va a promover en algunos centros y aulas. ¡Y ya… lo que faltaba!.

Mientras, los obispos y sus catequistas siguen en las escuelas, se imparte religión católica en todas ellas, se financian -por parte del Estado- centros de ideario católico… Se les financia sus sueldos, propaganda y saraos, el Estado es cómplice del expolio de las inmatriculaciones, se les cede la industria de la caridad (a modo de privatización de los servicios sociales básicos)… ¿sigo?

Entonces… ¿de qué tipo de justicia y reparación estamos hablando?: Mercadotecnia y «tupido velo» e hipocresía política y social ante el poder omnipresente de la Iglesia católica.

Francisco Delgado es miembro del Grupo de Pensamiento Laico

Deja un comentario

A %d blogueros les gusta esto: