El movimiento contra las inmatriculaciones alerta del carpetazo político al «expolio» de 100.000 bienes

La Coordinadora Recuperando, que convoca concentraciones este jueves, exige al Gobierno que cumpla su compromiso de cambiar la ley para recuperar los bienes registrados «indebidamente»

Interior de la Mezquita-Catedral de Córdoba / Europa Press
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Ángel Munárriz, InfoLibre, 8 de noviembre de 2022

El movimiento laico intenta que las inmatriculaciones de la Iglesia no sean, como afirma la Conferencia Episcopal Española (CEE), una polémica «definitivamente zanjada». Decepcionadas por la actuación del Gobierno, las asociaciones integradas en la plataforma Recuperando han convocado manifestaciones este jueves en más de 20 ciudades españolas contra el carpetazo político al tema. Exigen «mecanismos para la recuperación para el dominio público de los bienes inmatriculados sin aportar más documentación que una simple certificación eclesiástica», que la plataforma cifra en torno a 100.000.

Recuperando denuncia que «no se ha avanzado un ápice en la formulación de medidas legislativas que reviertan la situación», lo que a su juicio supone un incumplimiento de los compromisos del PSOE y Unidas Podemos. La organización considera insuficiente lo hecho hasta ahora: la publicación de un listado de cerca de 35.000 inmatriculaciones y el cuestionamiento de la legalidad de en torno un millar de los registros.

Las limitaciones del listado

Recuperando, que aglutina a una treintena de organizaciones en defensa de la reversión de las inmatriculaciones de la Iglesia, celebró este sábado su asamblea en Getafe (Madrid). ¿Balance? Amargo, con muy leves toques dulces. «La publicación del listado [de casi 35.000 bienes inmatriculados] de 1998 a 2015 es un éxito que en la anterior asamblea, en Sevilla hace tres años, no veíamos tan cerca. Pero sus limitaciones son enormes. Faltan los bienes entre 1946 y 1998 y todas las notas simples. Tanto los ayuntamientos como los particulares se ven abocados a un callejón sin salida en la vía judicial», explica Andrés Valentín, coordinador de Recuperando, que señala que el callejón se estrecha aún por la escasa colaboración de los registradores de la propiedad.

Valentín afirma que el listado se ha demostrado «absolutamente inútil para la recuperación de bienes», entre otros motivos porque «el Gobierno no ha articulado ningún mecanismo» para canalizar las posibles tentativas de recuperación. «Además, el listado ni siquiera es un logro tan importante como cabía esperar en cuando a transparencia, porque su escaso detalle», señala el coordinador de la plataforma. Es más, Valentín señala que un destacado caso de recuperación, el de unas murallas junto a una iglesia en Artà, en Mallorca, es producto de una lucha municipal anterior y ajena por completo a la publicación del listado. «Los municipios están desorientados y, en los casos en que quieren intentar una recuperación, en muchas ocasiones no saben cómo abordarlo», añade Valentín. Un portavoz de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) señala que el organismo está «a la espera de actuaciones» del Ministerio de Presidencia.

Los compromisos del PSOE y Unidas Podemos

El coordinador de la plataforma considera «incumplidos» los compromisos tanto del PSOE como de Unidas Podemos. El programa socialista de las últimas elecciones generales recogía la recuperación de bienes inmatriculados «indebidamente». El de Podemos, también. «Estas operaciones se han basado, hasta 2015, en el privilegio de inscribir en el registro de la propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros. Esto la ha llevado a inscribir a su nombre bienes que —como se sabe— son de toda la ciudadanía, como la mezquita de Córdoba o ermitas de muchos pueblos […], pero también edificios civiles, como quioscos y plazas. La salud democrática de nuestro país exige que esto se revise a fondo», señalaban los morados.

La recuperación de bienes inmatriculados está en el programa del Gobierno de coalición, que recogía lo siguiente: «Haremos las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia basadas en el privilegio de inscribir en el Registro de la Propiedad bienes a partir de simples declaraciones de sus propios miembros». En esa idea insistió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su discurso de investidura en enero de 2020: «En un Estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la ley, ni disfrute de privilegios que hieran el principio de legalidad y el principio de igualdad y por esa razón el Gobierno realizará las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido inmatriculados indebidamente por la Iglesia».

Un millar de inmatriculaciones en cuestión

El saldo de actuaciones del Gobierno no ha llegado hasta donde lo hacían los compromisos. No ha habido tales «modificaciones legislativas». En febrero de 2021 el Gobierno avaló la legalidad de casi 35.000 inmatriculaciones, lo que esencialmente se traduce en un triunfo de las tesis de la Conferencia Episcopal, que considera la controversia «definitivamente zanjada», como ha declarado su portavoz, Luis Argüello. El Ejecutivo puede anotar en su balance un avance en transparencia, con la publicación del listado de los bienes. Eso sí, quedan fuera todas las inmatriculaciones amparadas por la legislación desde 1946 hasta 1998, que Recuperando sigue queriendo conocer. El Gobierno se resiste a dar por terminada la cuestión, al haber acusado a la Iglesia en enero de este año de haber inscrito en torno a un millar de bienes «sin título ni causa». Serían sólo un 2,8% del total. Y ni siquiera este pequeño porcentaje admite la Iglesia.

infoLibre preguntó este lunes al Ministerio de Presidencia qué había sido de ese millar de bienes en cuestión, sin respuesta. La CEE, que nunca ha llegado a admitir ni siquiera ese pequeño porcentaje de bienes inmatriculados irregularmente que le imputa el Gobierno, afirmó que es una cuestión por la que hay que preguntar al Ejecutivo, no a la Iglesia. La hipótesis de una recuperación a gran escala es desinflada ya por el propio Gobierno. El subsecretario de Presidencia, Alberto Herrera, afirmó en octubre que el procedimiento masivamente utilizado por la Iglesia era de «dudosa constitucionalidad», pero al mismo tiempo aceptó que salvo excepciones no habrá vuelta atrás. Recuperando trata de que la controversia no se centre en este millar de bienes en cuestión. «No son 1.000 sino más de 100.000 los bienes que cuestionamos», señala la plataforma.

 «La treintena de organizaciones del movimiento, que han celebrado una asamblea en Getafe (Madrid), pretenden obtener las notas simples de todos los registros de la Iglesia desde 1946»

Denuncia de «ilegitimidad»

El balance presentado en la asamblea de Recuperando recoge que las vías del Congreso, el Senado y el Gobierno «no han aportado especiales resultados». Andrés Valentín da «no por cerrada, pero sí por obstruida» esta vía. A escala autonómica, Recuperando destaca la implicación del Gobierno de Navarra para la obtención de un listado «exhaustivo» de bienes inmatriculados. Valentín señala que el objetivo de la plataforma es lograr que las inmatriculaciones tengan peso en las campañas electorales de las elecciones autonómicas y municipales. «Es importante que haya gobiernos comprometidos en las comunidades y los ayuntamientos para avanzar en la obtención de información, aunque a la hora de recuperar haya que ir a lo estatal», añade.

La plataforma se propone ahora «conocer el volumen y detalle de los bienes inmatriculados» mediante la obtención de las notas simples de «todas las inmatriculaciones realizadas al amparo del artículo 206 de la Ley Hipotecaria desde 1946», reclamación que será llevada al Congreso los parlamentos autonómicos y los ayuntamientos. Recuperando denuncia la «carencia de legitimidad de las inmatriculaciones», un «privilegio» que ha permitido un «enorme expolio» gracias a la «complicidad, negligencia y oscurantismo de los gobiernos de turno» y a la «anomalía democrática que supone que los bienes de interés histórico-cultural no estén afectos al patrimonio nacional, como así ocurre en la mayoría de los países de nuestro entorno, sino por el contrario que sean titularidad de Iglesia, más aun cuando su conservación y mantenimiento corren a cargo de las administraciones». La plataforma denuncia que además en dichos monumentos la Iglesia cobra entradas mientras se beneficia de exenciones fiscales.

Más de veinte ciudades

La dimensiones de la ofensiva inmatriculadora de la Iglesia fueron conocidas gracias al movimiento asociativo, que desveló el caso en Navarra. Ahora ese mismo movimiento asociativo trata de mantener la tensión reivindicativa para evitar el triunfo definitivo de la Iglesia. Las manifestaciones están confirmadas en más de veinte ciudades: Madrid (Comunidad de Madrid), Barcelona (Cataluña), Valencia, Alicante (Comunidad Valenciana), Zaragoza (Aragón), Sevilla, Córdoba, Granada, Jerez de la Frontera (Andalucía), Valladolid, Palencia, León, (Castilla y León), Albacete (Castilla La Mancha), San Sebastián, Bilbao (País Vasco), Pamplona (Navarra), Oviedo (Asturias), Santander (Cantabria), Cáceres, Badajoz (Extremadura) y Murcia (Región de Murcia).

La carpeta de asuntos políticos pendientes de la Iglesia no se agota con las inmatriculaciones. El Gobierno aún pretende una rebaja de los beneficios fiscales de la institución, aunque considera «muy difícil» forzarla a pagar el IBI incluso en edificios que no sean de culto. Por otra parte, el pacto PSOE-UP recoge una Ley de Libertad de Conciencia, que no consta en las previsiones del Gobierno a corto plazo. Al mismo tiempo, está por ver qué resultado arroja la  la investigación del Defensor del Pueblo sobre la pederastia en la institución.

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