Okupas con sotana

Foto Toni Castillo Quero / Atlántica XXII

Tras el anuncio del Gobierno de hacer público el listado de bienes inmatriculados por la iglesia católica desde 1998, Atlántica XXII recupera un artículo de Patricia Gallo publicado inicialmente en septiembre de 2012, antes, por ejemplo, de que en 2015 una modificación de la Ley Hipotecaria eliminara el privilegio a la Iglesia para realizar inmatriculaciones de bienes en un futuro pero consolidando las apropiaciones hechas hasta ahora al no tener carácter retroactivo o se hubiera resuelto favorablemente para sus propietarios casos como el de Palencia que se cita en el artículo y que condena  al Estado a pagar 615.000 euros por privilegiar a la Iglesia en el litigo por Santa Cruz de la Zarza en Ribas en abril de 2017  por no haber protegido el derecho a la propiedad de una empresa frente a la Iglesia Católica…

Patricia Gallo, periodista. Atlántica XXII, 23 de agosto de 2018

La Iglesia católica se ha hecho con miles de propiedades sin dueño conocido, no solo religiosas, utilizando un privilegio que le otorga la ley hipotecaria desde 1944. Son ermitas, pero también fincas, escuelas, cementerios, garajes y hasta la Mezquita de Córdoba.

La Mezquita de Córdoba fue construida entre los años 780 y 785 por Abderramán I. Doce siglos después, el 2 de marzo de 2006, la Iglesia católica inscribió el inmueble a su nombre en el registro de la propiedad número 4 de esa ciudad. Lo hizo por 30 euros. Solo fue necesario demostrar que nadie tenía escrituras del edificio y que un obispo «certificara», como fedatario público, que era de la Iglesia. La noticia, textual, apareció en la web de la plataforma en defensa del Patrimonio Navarro. Muchos no se la creyeron, pero es tan cierto como la existencia de Dios para los creyentes. La Iglesia alegó que la Mezquita se construyó sobre una catedral cristiana y que desde el año 1235 está catalogada como tal. No hizo un mal negocio. El inmueble está exento de IBI y además los gastos de conservación corren a cargo del erario público.

Mil casos solo en Navarra

Este caso es quizá el más llamativo, pero no el único y demuestra que la llegada de la democracia no nos hizo a todos iguales ante la ley. En concreto la ley hipotecaria de 1944, en su artículo 206, concede a la Iglesia católica, como al Estado, Provincia, Municipio y Corporaciones locales, la potestad de inscribir a su nombre bienes que no estuvieran escriturados. Se llama inmatricular y está levantando ampollas, sobre todo en pequeños pueblos que creían suya la Iglesia, la casa parroquial o incluso la del maestro por haberlas construido y arreglado con sus manos y sus dineros, y que ahora descubren que han pasado, «como por arte de magia», a manos de la Iglesia, que en determinados casos ha decidido vender para sacarse algunos euros.

«Ha ocurrido en pueblos donde ya no hay cura o maestro porque son pocos vecinos», cuenta Pascual Larumbe, miembro de la Plataforma en Defensa del Patrimonio navarro, que lleva ya años luchando contra lo que califican de un «privilegio de la Iglesia católica en un estado aconfesional». Su lucha y su tesón les ha permitido saber el secreto mejor guardado: cuántas posesiones tiene la Iglesia en Navarra y cómo se ha hecho con ellas.

Y lo consiguieron gracias a que un partido político, IU, solicitó al Ministerio de Justicia, vía parlamentaria, una relación completa de los bienes inmatriculados por la Iglesia en esa comunidad desde 1998 hasta hoy, que son más de un millar. El Ministerio no pudo negarse. Pero la Iglesia sí. Ante la pregunta de cuántas propiedades tienen, la respuesta oficial es que «la Iglesia no es un organismo público y por tanto no tiene por qué dar publicidad a sus posesiones ni a lo que hace con ellas». Y responden con otra pregunta «¿Sabemos los bienes que tienen los partidos políticos?».

Navarra es hasta la fecha la única Comunidad que ha podido así acceder al registro. «Imposible conocerlo si desde la Iglesia no te dan pistas de lo que tienen», asegura el registrador de la propiedad de Gijón Emilio García-Pumarino. Cualquier ciudadano puede solicitar una nota simple de registro para saber quién es el dueño de una propiedad por 3 euros y medio y conocer además la forma en que la ha conseguido. A nombre de la Iglesia figuran cientos de propiedades, así que pedir un listado a 3,5 euros la nota nos da idea de lo que supondría obtenerlo para un particular o un medio de comunicación. Además hay otra cuestión, como señala García- Pumarino, y es que no todas las propiedades figuran a nombre de la Iglesia católica. Algunas están inscritas a nombre de congregaciones o de parroquias (unas 22.700) y habría que ir registro por registro y hay cientos en toda España. Además no todos los bienes están registrados ya que no es una obligación. «El registro es una forma de dar seguridad jurídica y publicidad a la propiedad, pero no la crea, sino que la refleja», explican desde el Colegio de Registradores.

Así que de momento solo la Iglesia sabe lo que tiene y la forma por la que lo ha conseguido: compra, donación o inmatriculación. Por esta última solo en Navarra se ha hecho en la última década con 1.087 propiedades. Algunas son lugares de culto, pero otras son de lo más variopinto, desde cementerios a garajes. Aseguran desde la Conferencia Episcopal que «las iglesias son lugares de culto y que, evidentemente, fueron erigidos con ese fin.

Desde tiempo inmemorial han sido dominio incuestionado de la Iglesia y ésta básicamente se limita a registrar sus bienes para protegerse de posibles ataques como haría cualquiera». Pero para hacerlo y en concreto para firmar las certificaciones suelen recurrir a cancilleres episcopales. Nunca los máximos responsables, porque, como afirma el notario Ángel Aznárez, «para los obispos en bastantes casos podría suponer un riesgo o peligro y eso no vale, como no vale que los toreros se escondan detrás de la barrera en vez de hacer la faena en el ruedo».

Una vez que el bien está a su nombre, la Iglesia, «como es lógico» –apostillan fuentes diocesanas–, puede venderlo, arrendarlo o hacer con él lo que le parezca. El párroco de Pravia y Candamo en Asturias, Javier Fernández Conde, recuerda hace unos años un pleito en una pequeña localidad de Burgos. «Vino un americano y compró todo el pueblo, capilla incluida, pero ésta contenía obras de arte y el asunto llegó a los tribunales que obligaron al comprador a entregar el templo al Arzobispado. Era lógico: aunque no tuviera las escrituras, la Iglesia era la auténtica propietaria del templo», sostiene Fernández Conde.

Desde la Conferencia Episcopal aseguran que la Iglesia tiene casi al 90% sus bienes registrados en todo el país, pero que «de vez en cuando se descubre alguna propiedad que no estaba inscrita». Reconocen que en el caso de Navarra ha habido muchas inmatriculaciones últimamente y lo justifican porque «llevaron hasta hace unos años un sistema poco organizado de gestión y lo que se ha querido ahora es ponerlo en orden».

Insisten en que la ley lo permite y no están por tanto cometiendo ninguna ilegalidad aunque, eso sí, reconocen que «se podría discutir en el campo jurídico que la Iglesia tenga que tener esa facultad en un estado aconfesional», cuyos artículos 14 y 16 hacen referencia a la igualdad y libertad religiosa. Y es que este privilegio inmatriculador de las diócesis no lo tienen las confesiones religiosas no católicas, ni siquiera las órdenes, congregaciones y otras entidades de la misma Iglesia.

A pesar de la legalidad muchos vecinos o particulares que se creían propietarios de algunos de los bienes inmatriculados por la Iglesia han decidido acudir a los Tribunales, con mejor o peor suerte. Y en las últimas semanas se han llevado sorpresas.

El Arzobispado de Navarra ha decidido devolver al Ayuntamiento de Leoz tres iglesias que había inmatriculado a cambio de que el consistorio le perdone una deuda contraída de 45.000 euros. Y la deuda responde a que los tres edificios están en ruinas y la «propietaria», la Iglesia, no ha llevado a cabo las oportunas mejoras, ni siquiera, y por motivos de seguridad, el vallado de la zona. Al Arzobispado, dicen los vecinos, «no le interesan las ruinas» y no han tenido que acudir a la justicia para recuperar unos edificios que consideran suyos.

En muchos casos quienes acuden al juez se encuentran con un dilema moral difícil de solventar. Son los mismos que el domingo van a misa y rezan el padrenuestro con quienes luego comparten sala de vistas. Ángel Aznárez, que se declara católico, conoce varios casos de cerca. «Eso me parece terrible, teniendo además en cuenta que esos conflictos en sitios pequeños tienen un gran alcance».

Ante un conflicto por una operación inmobiliaria contra los fieles, lo «pastoral» desaparece y el Evangelio queda muy lejos. «Conocí el drama de un hombre, de profundas raíces y vivencias católicas, que murió con el sufrimiento de tener necesidad, para defender su patrimonio y el de su familia, de pleitear contra su Iglesia, la Diócesis de Palencia». Esa familia llevó su reclamación ante el Tribunal europeo de Derechos Humanos, que, por Resolución de 29 de mayo de 2012, la admitió a trámite.

El Supremo pasa de puntillas

En España sin embargo, hasta la fecha y como señala este experto jurista, «ningún juez de Instancia, Apelación o Casación ha planteado este asunto al Tribunal Constitucional, de oficio o a instancia de parte. El Supremo ha pasado de puntillas al menos dos veces sobre esta cuestión». La primera en 1996, cuando una comunidad de vecinos de Pontevedra pleiteó contra la inmatriculación de fincas por parte de la Iglesia católica. La sentencia dio la razón a los vecinos y considera que el artículo 206 de la ley hipotecaria «va contra los principios constitucionales de igualdad y aconfesionalidad del Estado español». La segunda, de 2006, da la razón al Arzobispado.

El pasado mes de junio el Senado rechazó con los votos del PP y CIU la toma en consideración de una proposición de ley de Entesa y el PSOE en la que pedía la modificación del artículo 206 de la ley hipotecaria. Como explica Aznárez, uno de los articulistas que más ha escrito sobre este asunto, los años 1944-1946 «son los de un radical nacional-catolicismo y cesaropapismo en los que no se distinguía lo político y lo religioso».

¿Por qué entonces hoy se mantiene y ningún Gobierno ha querido derogarla? Pues, a su juicio, porque «desde 1978 hubo Gobiernos (los del PSOE) que, con ignorancia inexcusable, de esto nada sabían; alguno, que si lo supo, pensó, equivocadamente, que era materia concordataria (la ley hipotecaria nada tiene que ver con el Concordato Iglesia-Estado). Los Gobiernos del PP, que sí conocían el privilegio inmatriculador, callaron siguiendo directrices». El actual Ejecutivo de Mariano Rajoy ya manifestó en sede parlamentaria su oposición a derogar este privilegio hipotecario o de Derecho Civil. Ahora el PSOE quiere llevar en su próximo programa electoral el asunto.

Pero para muchos católicos la solución no es solo política sino que también debería venir por parte de la Iglesia y recuerdan las palabras de Benedicto XVI, pronunciadas el 25 de septiembre de 2011 en el Konzerthaus de Friburgo, que a algún obispo debería llevar a meditar: «Liberada de fardos y privilegios materiales y políticos, la Iglesia puede dedicarse mejor y de manera verdaderamente cristiana al mundo entero; puede estar abierta al mundo».

 

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