El Tribunal estima el recurso de apelación del Obispado de Tortosa y falla que la Carta Puebla otorgada por el Rey Jaume I a los seis primeros pobladores de la localidad en 1246 “no acredita de forma suficiente” que el monumento pertenezca al Ayuntamiento
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Fuentes: Cadena SER, El Diario, 9 de septiembre de 2022
La Audiencia Provincial de Castellón ha revocado la sentencia de un juzgado de Vinaròs que declaraba la propiedad municipal de una torre campanario y una calle aledaña al mismo en Benicarló, que habían sido inmatriculados por la Iglesia en el año 2015. Hay que recordar que en la provincia de Castellón, la Iglesia puso a su nombre 212 bienes durante entre los años 1998 y 2015 gracias a una ley de 1946 y a la reforma posterior del Gobierno en el año 1998.
El origen de esta disputa está en la inmatriculación que hizo la Iglesia en 2015 de esta torre barroca de 37 metros levantada a principios del siglo XVIII en el lugar donde había existido otra anterior, pero que tiene la particularidad de que es un campanario exento, es decir, que no está unido a la iglesia, en este caso la de Sant Bartomeu. Tras conocerse esta inmatriculación en el Registro de la Propiedad por parte del obispado, fue impugnada por el actual gobierno municipal con el apoyo de todos los grupos municipales.
La primera sentencia que se falló en octubre de 2021 señalaba que “su uso y mantenimiento han ido a cargo del Ayuntamiento, lo que demuestra su posesión pública, pacífica e ininterrumpida durante más de 30 años”. Y señala como relevante el hecho de que durante la muestra de la Fundación de La Luz de las Imágenes -iniciativa del gobierno de la Generalitat del PP a través de la cual se restauraba patrimonio eclesiástico valenciano- “no se incluyó el campanario porque no era propiedad de la Iglesia”.
Pero esta decisión no fue compartida por el Obispado de Tortosa que recurrió el fallo ante la Audiencia Provincial de Castelló que ahora le da la razón.
El Tribunal considera que la Carta Puebla otorgada por el Rey Jaume I a los seis primeros pobladores de la localidad en 1236 “no acredita de forma suficiente” que el Ayuntamiento sea el propietario de dichos bienes.
“Ello es así por cuanto consta acreditado que la iglesia medieval (…) fue derribada en el S. VIII y se levantó una nueva construcción, desconociéndose por quién fue costeada”, precisa la Sala en la sentencia de apelación, que estima el recurso formulado contra la resolución de instancia por el Obispado de Tortosa (Tarragona).
A juicio de los magistrados, “resulta difícil asumir jurídicamente que todo este conjunto arquitectónico de nueva construcción con iglesia destinada al culto y la torre-campanario, destinada por su naturaleza al servicio de culto (…), cuyo destino principal ha sido siempre dar los toques horarios del culto hasta la actualidad, no sean ambos propiedad de la Iglesia”.
El Tribunal señala por otro lado que el hecho de que el Ayuntamiento sufragara el coste de las campanas, reparaciones, mantenimiento o suministros “no justifica su título de propiedad”, ni tampoco que la torre campanario “figure inscrita en el registro municipal de bienes, que no es más que un registro administrativo que no constituye prueba de titularidad”.
La Audiencia concluye por tanto que la alegada propiedad desde tiempo inmemorial que aduce la corporación municipal “no ha quedado acreditada frente a la titularidad del Obispado demandado”.
La sentencia de apelación no es firme y puede ser objeto de recurso extraordinario por infracción procesal y/o de casación ante el Tribunal Supremo.
INMATRICULACIONES
La Iglesia católica pudo inmatricular miles de propiedades en toda España gracias a una ley de 1946 y a la reforma posterior del Gobierno en el año 1998. Bastaba con que la propia diócesis dijera que era su titular para poner los bienes a su nombre. La reforma de la Ley Hipotecaria en 2015 impidió que la Iglesia continuara con este tipo de inmatriculaciones prácticamente sin certificación.
Cementerios, viviendas, fincas rústicas y hasta un colegio aparecen en el primer listado de bienes que serán devueltos por la Iglesia por estar indebidamente inmatriculados. Ahora, el Obispado se compromete a devolver 1.000 de los 35.000 bienes inmatriculados en toda España. Es solo un 3 por ciento del total.
En la provincia de Castellón, la diócesis puso a su nombre 212 propiedades, entre ellos cementerios, solares rústicos, casas, ermitas, locales de uso religiosos e incluso la Basílica Catedral de Segorbe. Entre los municipios, Cinctorres encabeza con 14 el listado de propiedades. Le siguen localidades como Albocàsser con siete, o Artana y Zucaina, con seis bienes inmatriculados.
