El mantenimiento de los privilegios eclesiásticos amenaza el futuro de la escuela pública

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MANIFIESTO 2022

A los medios de comunicación.
A la comunidad educativa y a la sociedad en general.
Al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo
Al Ministerio de Educación y Formación profesional y al Ministerio de Universidades
A las Consejerías de Educación de las diferentes CCAA y a la Conferencia de Consejeras/os
Al Consejo Escolar del Estado.

Esta Campaña unitaria surgió en el año 2002, como una iniciativa y un compromiso, en torno al objetivo democrático de lograr la plena laicidad del sistema educativo. Ha tenido varias fases y ha sido respaldada por diferentes organizaciones sociales, políticas y sindicales, en según qué momentos y qué color político gobernara. A lo largo de este tiempo ha emitido diversidad de comunicados y declaraciones, se ha reunido, en diferentes momentos, con el poder legislativo y ejecutivo. Antes de cada Campaña electoral se han elaborado y hecho público una serie de propuestas, en base a exigir la construcción de un Sistema educativo público laico. El anterior a éste, a modo de Contrato Electoral, se aprobó con motivo de las elecciones de noviembre de 2019.

Durante la discusión parlamentaria de la última reforma educativa (LOMLOE), también se envió al Mº de Educación y FP y a los diferentes Grupos parlamentarios un amplio documento, en el mes de abril de 2019, exigiendo en primer lugar la denuncia y derogación de los Acuerdos concordatarios de 1979, de acuerdo a la Proposición no de Ley aprobada en la Comisión de Educación del Congreso el 22 de febrero de 2018,como consecuencia de una iniciativa de esta Campaña unitaria, instando al Gobierno a:

A-Garantizar el imprescindible carácter laico que debe revestir la Escuela como institución pública, dejando la religión confesional fuera del sistema educativo oficial, es decir, del currículo y del ámbito escolar.

B-Denunciar y derogar los Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, así como los suscritos en el mismo sentido con otras confesiones religiosas, obligando al gobierno a proceder para el cumplimiento de ese mandato.

Moción que, durante la tramitación de LOMLOE y hasta ahora, no se ha hecho efectiva, ni se ha reclamado por parte de ningún Grupo parlamentario, de los que -en su día, estando en la oposición- la aprobaron en dicha Comisión. Tampoco en los Acuerdos de Gobierno de la actual coalición gubernamental se hizo mención a ello, ni en la tramitación y aprobación de esta última reforma.

Una vez aprobada la LOMLOE, está en fase de desarrollo, de cara a su aplicación prevista para el inicio del curso 2022-23. Por ello se están elaborando los diferentes currículos y demás reformas, además de pasar por las diferentes fases de tramitación administrativa y consultas obligatorias. Cuestión ésta que también- nos preocupa, en cuanto a los contenidos de la nueva asignatura de Educación en Valores Cívicos y Éticos, que se impartirá en un curso de primaria y en otro curso de secundaria y en cuanto a su aplicación en los centros privados concertados de ideario propio (mayoría católicos). También nos preocupa la aplicación y solución que se va a dar, por parte de las diferentes CCAA y de los diferentes centros (en su autonomía) de la no alternativa a quienes no soliciten religión. Para ello, vamos a solicitar reuniones con los diferentes responsables políticos

La actual política educativa de Estado está provocando diversos desajustes, en base a las políticas de los diferentes territorios, los cuales tienen amplias competencias, aumentadas en esta última reforma. Por una parte, se siguen desarrollando diferentes procesos de mercantilización y privatización de la Enseñanza, tanto por vía de precarizar la enseñanza pública, como a través de medidas de apoyo al sector privado, en su mayoría bajo control ideológico de la Iglesia católica. Y por otra parte, se siguen manteniendo en los centros escolares públicos a personas designadas por los obispos, con la misión de, además de impartir clases de religión, cristianizar a la comunidad educativa y hacer proselitismo religioso. A todo ello habría que añadir la entrada, cada vez mayor, en los centros públicos, de personas de religiones minoritarias, también con fines de hacer proselitismo.

Todo ello conlleva un doble grave perjuicio para el alumnado que, por un lado, es segregado por motivos ideológicos, nada más y nada menos desde los tres años, es decir desde edades muy tempranas, vulnerando diversos convenios de la Infancia y, por otro lado, también es segregado por motivos económicos y sociales.

Una vez aprobada esta última reforma, que no aborda la cuestión de la laicidad del Sistema Educativo en toda su dimensión, las entidades que más abajo se relacionan, mantenemos nuestra lucha por:

Garantizar la plena laicidad de la enseñanza, para ello:

1-Hay que sacar la religión confesional de la Enseñanza, de forma inmediata.

2-NO financiar -con dinero público- el adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar.

3.-Potenciar la Red Pública de Enseñanza, como fundamental para vertebrar el Derecho a la Educación de todos y todas, evitando -de forma progresiva- la desviación de fondos públicos hacia intereses privados de todo tipo.

La derogación de los Acuerdos con el Vaticano, por constituir la base “legal” de los privilegios que sigue reclamando la Iglesia, especialmente dentro del sistema educativo y, al mismo tiempo, haberse producido un progresivo rechazo social y político a sus contenidos antidemocráticos. De igual forma deberá procederse a la anulación de Acuerdos con otras confesiones en los que se establece la posibilidad de impartir religión en la escuela.

Para lo cual a partir de enero de 2022, programaremos una serie de acciones encaminadas a tratar de conseguir algún día nuestras reivindicaciones, basándonos en principios constitucionales y en los derechos de la Infancia más elementales, como es preservar la libertad de conciencia y la no segregación por motivos ideológicos y sociales en el ámbito escolar.

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