El proceso sobre abusos en la iglesia que lleve a cabo la CEE será supervisado a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe.

La Santa Sede ha confirmado que ha remitido a la Congregación para la Doctrina de la Fe, que dirige el español Luis Ladaria, un informe sobre la situación de los abusos sexuales a menores de la Iglesia en España para que se proceda según la «normativa canónica vigente», según ha revelado el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni. (Cadena SER)

El papa Francisco llega a un encuentro con niños en el Dispensario Pediátrico Santa Marta del Vaticano, este domingo / Alberto Pizzoli (AFP)

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Daniel Verdú, Íñigo Domínguez, El País, 20 de diciembre de 2021

El Vaticano ha manifestado la “atención” y “cercanía” del Papa a las víctimas de la pederastia “con las palabras, la oración y con tantos gestos”, tras hacerse pública la gran investigación abierta por la Iglesia española a raíz de un informe con 251 nuevos casos entregado por EL PAÍS al Pontífice. La Santa Sede, en respuesta en la mañana de este domingo a preguntas de este periódico, reitera que Francisco actuó de inmediato tras recibir el estudio, de 385 páginas, y lo envió “a las instancias competentes para que se pueda proceder según la normativa canónica vigente”. La Conferencia Episcopal Española (CEE) por el momento guarda silencio.

Como ha publicado este domingo El País, el Papa encargó la tarea a la Congregación de la Doctrina de la Fe, el organismo que centraliza la investigación de los abusos a menores en el mundo católico. EL PAÍS se lo entregó el pasado día 2, durante el viaje a Grecia en que tiene contacto con periodistas, y la semana siguiente también lo hizo llegar a Juan José Omella, el presidente de la CEE y arzobispo de Barcelona. Omella también actuó con rapidez y lo envió de inmediato al tribunal eclesiástico de su diócesis, que lo registró e inició la investigación, si bien luego el expediente se ramificará hacia las 31 diócesis y 31 órdenes religiosas afectadas. El 77% de los casos son de congregaciones, y este periódico también adelantó a la mayoría los casos que les incumben. Casi todas lo están investigando ya también.

El dosier ha nacido de más de 600 mensajes llegados al correo electrónico abierto por este diario en octubre de 2018. Un centenar se han publicado, 251 se han incluido en este documento y el resto se siguen investigando. En la mañana de hoy han seguido entrando nuevas denuncias, tras la publicación del informe, que se sumarán a la investigación. Este diario también ha creado la única contabilidad y base de datos actualizada de los abusos en España, ante la ausencia de datos oficiales de la Iglesia o las autoridades.

La asociación de víctimas de abusos Infancia Robada ha reaccionado esta mañana con satisfacción: “Creemos que es muy importante y relevante que el Papa por fin obligue de alguna forma a la CEE a que sea proactiva en la investigación de los casos de pederastia. Aplaudimos esta decisión del Papa”, ha declarado su presidente, Juan Cuatrecasas. “Empezamos a confiar de alguna forma en que la Iglesia en España depure sus responsabilidades, y nos ofrecemos a colaborar, pero seguimos insistiendo en que las palabras son palabras, tiene que haber hechos. Las víctimas ya no aguantan más, y consideramos que la Iglesia tiene que acompañar y reparar a las víctimas. Toda la Iglesia, todas las congregaciones y prelaturas, tienen que abrir las ventanas, sacudir el polvo y asumir la responsabilidad que a veces tienen de encubrimiento, ocultación y complicidad”. Cuatrecasas también ha querido expresar su agradecimiento a los medios de comunicación por su labor. “Hay que resaltarla porque creemos que es importante visibilizar el daño causado, para que el resto de la población conozca este problema”.

Miguel Hurtado, que destapó los abusos en la abadía de Montserrat y promovió una recogida de firmas para ampliar la prescripción de los delitos de pederastia, es duro: “El obstruccionismo de la Iglesia española a la hora de realizar una investigación independiente y exhaustiva de los abusos, y su negativa a indemnizar a las víctimas, cuestiona seriamente su voluntad real de llevar a cabo cambios. La Iglesia española no puede investigarse a sí misma, ser juez y parte. Hasta la fecha las escasas investigaciones internas en España han sido un ejercicio de blanqueamiento de la institución. Se afirma que el problema son algunas manzanas podridas y no el encubrimiento realizado durante décadas”. En su opinión, “en nuestro país se han producido graves vulneraciones de derechos humanos, de forma generalizada y sistemática, no solo en la Iglesia. Es responsabilidad del Estado actuar, cosa que se ha negado a hacer hasta la fecha”. Para ello, propone aprobar la imprescriptibilidad penal en delitos de pederastia; garantizar que las víctimas puedan obtener indemnizaciones en la justicia civil “sin tener que mendigar a los obispos”; y crear una comisión de investigación estatal sobre abusos, siguiendo el modelo de Australia o de Gran Bretaña. “En Chile, el candidato Gabriel Boric se ha comprometido en su programa a crear una comisión de la verdad chilena. ¿A qué espera en España, el Gobierno más progresista de la historia, para actuar?”, plantea.

En España, ninguna institución ha hecho nada estos años para investigar los abusos en la Iglesia, y casi todos los partidos guardan silencio. Únicamente en Navarra, el Gobierno foral y el Parlamento han tomado iniciativas, y está en marcha un estudio de la Universidad Pública de Navarra para verificar el número de casos. También en Cataluña, el Sindic de Greuges, Defensor del Pueblo autonómico, elaboró un informe con recomendaciones al Parlament. Pero nada más.

Gemma Varona, investigadora doctora permanente del Instituto de Criminología de la Universidad del País Vasco, subraya en primer lugar “algo obvio: ninguna institución ha hecho este trabajo, ha tenido que ser un medio de comunicación”. Varona es una de las autoras del primer estudio académico sobre la pederastia en la Iglesia española, presentado el pasado mes de junio, y opina que “después de tantos años, el listón de la desconfianza de las víctimas está alto”. “Se tendrán que ganar su confianza y la única manera es asegurar una investigación independiente, la Iglesia no puede ser juez y parte de nuevo, debe ser hecho por profesionales y con transparencia. El mismo proceso de investigación, hecho con honestidad, ya puede ser reparador para las víctimas. Que tengan voz, control y participación. Lo que no puede ser es que este proceso les cree de nuevo falsas expectativas”. Esta experta desea recordar ahora a las primeras víctimas que salieron a la luz en los medios a denunciar los abusos, porque lo hicieron en solitario, “han tenido un alto coste y han sido pioneras en muchas cosas”.

El caso más antiguo del informe de EL PAÍS data de 1943, y el más reciente, de 2018. Todos son inéditos, salvo 13 ya publicados, que se han incluido porque han surgido nuevas denuncias contra esos clérigos. Si esos 251 se suman a los que ya se conocían hasta ahora y que ha contabilizado este diario, único registro existente en España ante la ausencia de datos oficiales de la Iglesia o las autoridades, ascienden al menos a 602 casos —cada uno hace referencia a un acusado— y 1.237 víctimas desde los años treinta. No obstante, se ha aplicado el criterio más restrictivo y, según los testimonios recabados, podrían ser miles.

Tras conocer el informe de EL PAÍS, el papa Francisco y Omella mantuvieron una conversación. El Vaticano, como acostumbra a hacer cuando las denuncias son tan numerosas y no pertenecen a una sola orden, diócesis o abusador concreto, supervisará a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe todo el proceso que lleve a cabo la CEE. Roma esperará resultados, que según su propio código, deberían llegar en no más de tres meses.

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