El proyecto prevé que los bienes del Patrimonio Mundial sean dirigidos por un patronato, al que los obispos tachan de «invasivo» y «expropiatorio». El reciente revés judicial por la Mezquita de Córdoba refuerza las posiciones del Gobierno mientras los colectivos patrimonialistas exigen declarar los bienes culturales de dominio público.
Turistas ante la mezquita, julio de 2020 / Cristina Quicler – AFP
Aristóteles Moreno, Público, 28 de agosto de 2021
La reforma de la Ley de Patrimonio Histórico que prepara el Ministerio de Cultura presagia nubarrones en las siempre complejas relaciones con la Iglesia católica. El texto del anteproyecto, que acaba de ser sometido a exposición pública, prevé la creación de un patronato que gestione los bienes culturales catalogados como Patrimonio Mundial por la Unesco, parte de los cuales están en posesión de la jerarquía católica.
Hasta ahora, la inmensa mayoría de los monumentos de alto valor cultural en España de carácter religioso cuentan con la gestión directa de la Iglesia católica, aunque bajo la estrecha supervisión del Estado, que tiene por ley la tutela y vigilancia del patrimonio histórico. Con la reforma planeada, todos los bienes culturales Patrimonio Mundial de la Unesco serán regidos por un patronato, en el que, según el texto, «participen las Administraciones autonómicas y locales afectadas y las entidades privadas que ostenten derechos sobre esos bienes». El patronato, añade el anteproyecto, estará adscrito a la Administración General del Estado a través del Ministerio de Cultura, «que dispondrá siempre de la mayoría de votos del órgano de gobierno respectivo«.
La reacción de la jerarquía católica ha sido inmediata y particularmente hostil. El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, no ha dudado en tildar la normativa como «propia de países dictatoriales». En su opinión, se trata de una «ley invasiva», que no tiene en cuenta la «libertad religiosa». El prelado carga contra la nueva figura de Bien de Interés Mundial (BIM), que el Ministerio de Cultura tiene previsto crear para otorgar un especial amparo a los monumentos reconocidos por la Unesco. Esa nueva figura «expropia a todos los demás», porque, según estima el obispo, las competencias del conjunto monumental las tendrá una «comisión gestora con mayoría de la administración civil». El arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz, también ha arremetido contra los términos de la reforma de la Ley. «Se deben evitar injerencias de las administraciones en instituciones privadas al servicio de la sociedad», declaró hace unos días.
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Posted by asturiaslaica 
