Las denunciantes exigen responsabilidades para aquellos, que durante la dictadura franquista y la transición, violaron los derechos de las mujeres de acuerdo con los tratados y convenciones internacionales.
Una concentración para pedir investigación sobre casos de bebés robados en Valencia / La Nueva España
Fuentes: Público (Ana María Pascual) / Infolibre, 5 de enero de 2021
La Fiscalía ha admitido a trámite la denuncia presentada el pasado mes de noviembre por más de medio centenar de víctimas de desapariciones forzadas infantiles por vulneración de los derechos de la mujer de acuerdo con los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos vigentes en España.
Es la primera vez que se interpone una denuncia colectiva por casos de ‘niños robados’ con una perspectiva de género. Un nuevo enfoque que, de momento, parece surtir efecto. Las denunciantes entienden que el delito se perpetró contra las mujeres, tanto solteras como casadas, en el momento del parto.
La denuncia, que fue presentada el pasado 19 de noviembre, recoge los casos de 56 mujeres que dieron a luz en maternidades e instituciones benéficas para madres solteras de Andalucía, Euskadi, Cataluña, Madrid, La Rioja y Galicia, entre 1952 y 1987, y a las que les informaron por parte del personal sanitario o religioso que sus bebés habían fallecido, sin obtener ninguna prueba de ello. En algunos casos, según ha sabido Público, ni siquiera cuentan con la documentación que acredita haber dado a luz; en otros casos, sus hijos no constan enterrados.
Las asociaciones denunciantes son la Plataforma Internacional de Víctimas de Desapariciones Forzadas Infantiles ‘Te estamos buscando’; las asociaciones SOS Bebés Robados Comunitat Valenciana, Catalunya y Navarra; SOS Bebés Robados/ SOS Haur Lapurtuak; Asociación Sin Identidad Biológica; y Asociación Lucha de Madres de Bebés Robados Andalucía, Alumbra. La responsable de esta ultima entidad, María Bueno, que también es la coordinadora de la Plataforma ‘ Te estamos buscando’ , explica a este diario que las denunciantes “nos encontramos esperanzadas de que esta vez se lleve a cabo una investigación exhaustiva y coordinada, dando respuesta a un problema humano y a una necesidad social”.
La Fiscalía, en una carta dirigida a María Bueno, manifiesta su obligación de dar respuesta a aquellas madres, hijas, hijos y familias que sospechan haber sido víctimas de una sustracción de sus bebés. Incide en que, pese a que algunos casos presentes en la denuncia ya habían sido investigados y archivados por la Justicia, podrían reabrirse en base a nuevas pruebas. Deja claro el Ministerio Fiscal que la investigación deberá ser individualizada, pese a que puedan existir conexiones en el modus operandi de clínicas e instituciones, como las casas-cuna, para madres solteras. Y anuncia que ya ha incoado expediente de coordinación para “el seguimiento centralizado de todas las actuaciones” que ordenará el Ministerio Fiscal en todo el territorio nacional.
No obstante, recuerda la Fiscalía General del Estado que las distintas investigaciones, desde 2011, sobre la sustracción de recién nacidos no han permitido acreditar, de momento, la existencia de una trama como tal.
Foto de archivo de la concentración estatal de bebés robados frente a la Fiscalía General del Estado (27 de enero 2020) / EP
Vulneración de derechos humanos
Según una nota de prensa distribuida este martes por los denunciantes, exigen responsabilidades para aquellos que, durante la dictadura franquista y la transición y por toda la geografía española, violaron los derechos de las mujeres de acuerdo con los tratados y convenciones internacionales de DDHH vigentes en España, ejerciendo violencia hacia ellas en un momento de máxima vulnerabilidad.
En su denuncia, que ha contado con el asesoramiento de la Fundación Baltasar Garzón, las asociaciones antes citadas denuncian delitos de desaparición forzada y crimen de lesa humanidad, que no prescriben. También argumentan delitos de falsedad documental, suposición de parto, alteración de la filiación y violencia de género, porque entienden que “la violencia sufrida por las madres en el momento de su parto formaba parte de la subordinación a la que estaban sometidas de manera cotidiana y normalizada en todas las estructuras de la sociedad del franquismo, el tardofranquismo y la transición“
Sumado a este delito denunciado se añadió la petición, por parte de las víctimas, del delito por alteración de la filiación, exigiendo responsabilidad para aquellos que decidieron ocultar, alterar o modificar la verdadera identidad de un hijo, entregándolo a terceros, siendo dicha acción un delito internacional de “desaparición forzada infantil”, debiendo ser investigado como tal.
Algunos delitos denunciados ante la Fiscalía General del Estado son delito internacional, como la desaparición forzada infantil y los delitos de lesa humanidad, mientras que otros son delitos nacionales como la falsedad documental y la suposición de parto.
