El Gobierno prepara para 2021 una nueva ley de Libertad de Conciencia que ‘rescatará’ el proyecto que no llegó a aprobar Zapatero

En la nota de prensa emitida por el Gobierno sobre compromisos y objetivos del departamento de Carmen Calvo también se destaca, entre otros, que se ha constituido ya el grupo de trabajo sobre bienes inmatriculados por la Iglesia Católica -que ha celebrado ya varias reuniones-

Homenaje a las víctimas del coronavirus

Homenaje a las víctimas del coronavirus

Jesús Bastante, Religión Digital, 5 de enero de 2021

En 2021 se cumplen 41 años de la aprobación de la actual Ley de Libertad Religiosa en España. Una norma aprobada al albur de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, negociados y aprobados a la par que la Constitución del 78, y con una realidad religiosa en la que el ‘ser católico’ ocupaba la práctica totalidad del espacio en nuestro país.

Cuarenta años después, las cosas han cambiado. Y mucho. La católica sigue siendo la confesión religiosa mayoritaria, pero los datos son tozudos, y muestran cómo, hoy por hoy, en España ya hay más agnósticos y ateos que católicos practicantes. Cerca de un 60% sigue considerándose católico, con todo, aunque la presencia de otras religiones, y sus reivindicaciones, cada vez son mayores. En España ya no se puede obviar la presencia, estable, de evangélicos, musulmanes, judíos, ortodoxos o budistas.

Precisamente, ese es uno de los objetivos de la futura Ley de Libertad de Conciencia, que la vicepresidenta primera Carmen Calvo espera tener preparada a lo largo de este año. Tal y como ha podido saber RD, el departamento dirigido por la ministra de la Presidencia se ha marcado como principales objetivos para este año 2021 “la aprobación de la Ley de Memoria Democrática y empezar a trabajar en la Ley sobre Libertad de Conciencia“.

Normalización de la diversidad religiosa y de la laicidad

Fuentes del departamento han confirmado a RD que “estamos empezando los trabajos” para elaborar una normativa que habrá de cambiar la cara al modo en que se establecen las relaciones entre un Estado laico y las diferentes formas de entender la religiosidad y la espiritualidad en nuestro país, en un momento en el que se avecinan tiempos difíciles por cuestiones relacionadas con la conciencias, como podría ser el aborto y, especialmente, la eutanasia. De ahí que la futura ley no lleve el nombre de Libertad Religiosa, sino ‘Libertad de Conciencia’, un concepto mucho más amplio que rebasa lo estrictamente confesional.

Parte del trabajo inicial se ha llevado a cabo durante el último trimestre del año, cuando Calvo recibió a los representantes de todas las confesiones religiosas con presencia en nuestro país, que responde, a su juicio, “a la determinación del Gobierno en la normalización de la diversidad religiosa y el reconocimiento de las minorías.

Recuperar la ley que impulsó Zapatero

La futura ley tendrá como base el proyecto de ley trabajado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que quedó aparcado a finales de 2010, en un momento en el que la presión de los obispos, comandados por Rouco Varela, era muy fuerte, después de una legislatura con manifestaciones en la calle que algunos están queriendo retomar en esta nueva etapa de Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos.

La visita de Benedicto XVI a Barcelona y Santiago de Compostela frenó la aprobación de una norma que, como ley orgánica, precisaba de una mayoría con la que el Ejecutivo de entonces no contaba. ¿Y el actual? Como decíamos, las cosas han cambiado. ¿Tanto? Veremos.

Ahora, el nuevo Gobierno del PSOE rescata del cajón una normativa que busca acabar con la presencia de símbolos religiosos en lugares sagrados y la regularización de la laicidad del Estado en todos los ámbitos, algo que ya se está normalizando, como se vio en la promesa de los ministros del Ejecutivo PSOE-Unidas Podemos y en el ‘no funeral’ por las víctimas del coronavirus en la plaza de la Armería, en lugar del tradicional en la catedral de La Almudena (que se celebró, aunque organizado por los obispos, no por el Estado).

Por otro lado, tal y como informa Ep, el departamento de Calvo también destaca que se ha constituido ya el grupo de trabajo sobre bienes inmatriculados por la Iglesia Católica -que ha celebrado ya varias reuniones-, en línea con el objetivo del Gobierno de “profundizar en la neutralidad de los poderes públicos” y “avanzar en igualdad y neutralidad del sistema de relaciones de los poderes públicos con el hecho religioso”.

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