El escrito cuenta con el apoyo del Ateneo Obrero, Ateneo Republicano, Famyr, Socialismo y República en Asturias y Asociación Cristino García
22 de abril de 2020
El portavoz de la conferencia episcopal española, Luis Argüello, declaró recientemente en rueda de prensa (Público 20):
«La necesidad perentoria de una renta básica en este momento no debería ser una coartada para una especie de subsidio permanente que retirase del horizonte de las personas –antes hablaba de los jóvenes– el poder ejercer un trabajo, el desarrollar tus capacidades, el poner en juego lo que el trabajo significa de relación con otros, que hiciera desaparecer esto del horizonte de porcentajes grandes de la población«.
Afirmaciones que han levantado una notable polémica.
Desde el punto de vista de Asturias Laica estas declaraciones son inadmisibles, además, por lo que significan de intromisión en la organización política del país.
El representante de la religión que soporta la sociedad de clases en España recuerda a los suyos lo necesario que es que haya pobres. Eso permite que, mantenidos por una caridad controlada por ella, estén siempre en la necesidad de someterse. Y lo hace como portavoz de una confesión religiosa.
Pero como afirma Catherine Kintzler, haciendo referencia a unas declaraciones del presidente francés sobre el “fervor religioso” de determinadas comunidades de musulmanes:
“El problema del fervor religioso no se plantea jamás en una asociación laica. No es chocante que haya musulmanes fervientes. Simplemente creo que hay una confusión de ideas: no son las religiones fervientes las que amenazan al laicismo, son la religiones que no han renunciado todavía a su pretensión de hacer la ley, es decir a reglamentar las costumbres, a reglamentar la sociedad civil. Lo que el laicismo reclama no son religiones moderadas, sino religiones amputadas de sus pretensiones jurídicas.”
En este sentido, para Asturias Laica lo inadmisible de las declaraciones del representante de un poder eclesial, no es la expresión de una necesidad coherente con el sistema de explotación de clases que representa, sino su pretensión de convertirlo en una norma jurídica de funcionamiento de la sociedad.