La jerarquía católica se apropia de una parte del impuesto de la renta, con la complicidad del Estado. Al menos, quienes marcan la casilla de la iglesia católica deberían pagar más.
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Francisco Delgado | Diario Crítico, 06 de abril de 2020
Que en la Declaración de la Renta siga figurando una casilla específica, para que la jerarquía de la Iglesia católica (Ic) financie los gastos de sus diócesis (salarios y seguridad social de obispos y curas), gastos corrientes, proselitismo y propaganda católica, para sus propios medios de comunicación, para “engordar” sus cuentas de resultados etc. etc. además de una aberración jurídica, es un delito político de primera magnitud, que pervive año tras año, gobierne quien gobierne. Es más, el Gobierno presidido por JL Rodríguez Zapatero, aumento la asignación del 0,52 al 0,7%.
Porque esos 285 millones de euros (últimos datos del IRPF 2018) que -año tras año- el Estado le entrega a la Ic provienen de los impuestos que pagamos todos los y las contribuyentes (católicos y no católicos). Por ello, como mínimo, como ocurre en algunos países de centro Europa, ese 33% (más o menos) de personas que -cada año- señalan la casilla, debería de pagar ese 0,7% más, de su propio bolsillo.
Esos 285 millones se detraen del fondo común de toda la ciudadanía que administra Hacienda, para financiar la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales, la Obra Pública… y hasta una parte de las Pensiones…
Hay otra casilla, la denominada para “fines sociales, a la que yo denomino la “casilla coartada” o la “casilla trampa”, … que -en su día- se “colocó” deliberadamente para tratar de “justificar” la casilla de la Ic y, además, porque como la jerarquía católica del dinero que le entrega Hacienda, por su asignación directa, no aporta apenas nada a SU propia Obra de Caridad… por esta otra vía que se vienen recaudando más de 300 millones de euros al año, se financian, también, una muy buena parte de las organizaciones de caridad de la propia Ic, además de otras entidades, como fundaciones y asociaciones sin (aparente) fines de lucro. Y que paganos entre todos, queramos o no, detrayéndolo de la Hacienda Pública. Y para mayor desvergüenza política quienes señalan esa casilla NO DECIDEN a qué entidades desean que vaya esa aportación.
Además de que el impuesto de sociedades, de los actuales PGA (prorrogados de 2018) establece que las empresas puedan destinar -para fines sociales- otro 0,7 y se detrae no de los beneficios de las empresas, sino de las arcas de Hacienda. Un supuesto “compromiso solidario” que también pagamos entre todos y que tampoco decidimos a qué ONGs o fundaciones iría ese dinero. Lee el resto de esta entrada »
Escrito por asturiaslaica 
