¿Pueden los obispos poner peros a la renta básica? La Iglesia sí vive acomodada al “subsidio permanente” del Estado

La Conferencia Episcopal afirma que una renta básica “permanente” llevaría a muchos a vivir “de manera subsidiada” y a desincentivar la búsqueda de recursos propios

La institución católica, que paga sueldos de curas y obispos con dinero público, incumple la autofinanciación recogida en el acuerdo España-Vaticano de 1979

“Preferimos una renta mínima que una cola en el comedor de Cáritas”, indica Europa Laica, que acusa a la jerarquía católica de vivir de la pobreza

Evolución de la asignación a la Iglesia vía casilla de la renta.

Evolución de la asignación a la Iglesia vía casilla de la renta / CEE

Ángel Munárriz, InfoLibre, 22 de abril de 2020

“Que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha”. Pocas frases describen mejor a la Iglesia, tan dada al disimulo, a nadar y guardar la ropa, a la zona de grises, a la selección cuidadosa de cada palabra, a la diplomacia de seda. Así fue –o quiso ser– la respuesta de monseñor Argüello sobre la renta mínima. Un sí, pero no.

Pero a Luis Argüello, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), es decir, portavoz de la jerarquía católica, le salió una respuesta problemática [ver en este vídeo]. Problemática, sobre todo, para su propia institución. Porque al alertar sobre los riesgos de desincentivar la búsqueda de recursos propios que implicaría la medida si se aplicara con carácter “permanente”, hizo lo que parecía de la A a la Z una descripción de la dependencia del Estado que aqueja a la Iglesia. Y condujo a una pregunta: ¿tiene la institución de la cruz autoridad para advertir del riesgo de vivir “de manera subsidiada”?

A tenor del funcionamiento de su economía, no.

Vayamos a las palabras de Argüello. “La necesidad perentoria de una renta básica en este momento no debería ser una coartada para una especie de subsidio permanente que retirase del horizonte de las personas el poder ejercer un trabajo y desarrollar sus capacidades”, dijo. Se diría que estaba hablando del diseño de la financiación pública de la Iglesia que hicieron el Estado español y el Vaticano en la Transición, supuestamente provisional, pero que ha terminado enquistándose. “Una permanencia de grupos amplios de ciudadanos que vivan de manera subsidiada no sería un horizonte deseable a largo plazo”, añadió Argüello. Y es una frase que trae a la memoria cómo la Iglesia ha enterrado la prometida autofinanciación.

A pesar de lo que han señalado las críticas más aceradas, la respuesta de Argüello no fue una reducción al absurdo de la medida de la renta mínima, acariciada por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos pero también por el papa Francisco. No despachó la cuestión con estereotipos binarios –más allá de que sea muy discutible la idea de que los perceptores de una renta básica “permanente” vayan a acostumbrarse a vivir “de manera subsidiada” y a perder el incentivo de una búsqueda de empleo–. Argüello, en una minuciosa respuesta que recorrió el asunto desde las familias que viven de la economía informal hasta “el capitalismo internacional que implementa las máquinas y descarta a las personas”, se mostró a favor de un “salario universal o renta básica” aquí y ahora, pero en contra de un carácter “permanente”.

Ironías de la vida: esa era la idea, la de una ayuda puntual que no debía eternizarse, que subyacía al acuerdo de España con la Santa Sede de 1976-1979. Pero la Iglesia, con el pasar da las décadas, se ha acostumbrado al ingreso público.

El punto 5 del artículo II

La clave está en el punto 5 del artículo II del pacto económico, que dice así: “La Iglesia católica declara su propósito de lograr por sí misma los recursos suficientes para la atención de sus necesidades”. Dicho propósito se ha quedado en eso: en un propósito. Mientras tanto, la Iglesia disfruta de todo un largo catálogo de privilegios económico-fiscales, educativos y simbólicos salidos de dichos acuerdos. Sin cumplir su parte.

Hasta 2017, último año del que hay datos oficiales, la Iglesia ha recibido vía asignación tributaria, más las entregas presupuestarias para suplirla o compensarla, más de 5.500 millones de euros, según los datos facilitados a infoLibre por el Ministerio de Hacienda y los ofrecidos por la CEE en sus memorias. ¿Autofinanciación? Ni está ni se la espera.

Se trata de una financiación pública. Mediada por la equis, pero pública. Y a la que aportan por lo tanto a creyentes y no creyentes. Hay que tener en cuenta que las equis no implican una aportación extra de los que la marcan, sino una detracción del total recaudado. Es decir, dinero público, que aportan cristianos, ateos, agnósticos, musulmanes… Imposible hablar de autofinanciación, como sí podría hacerse si hubiera un modelo como el impuesto religioso alemán, el Kirchensteuer, que implica un recargo individual en los impuestos sobre la renta y los rendimientos de trabajo, y que sí es un dinero que el contribuyente pone de más para financiar a su iglesia.

Cifras récord

Desde la reforma acordada en 2006 por la Iglesia católica y el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero –que adoptó la forma de un Intercambio de Notas entre la Nunciatura Apostólica y el Ministerio de Exteriores–, la cantidad asignada anualmente por el Estado a la Iglesia ha venido superando los 250 millones de euros, con los que se financia el funcionamiento de las diócesis y los sueldos de curas y obispos. Hoy, la asignación está en cifras récord. La Iglesia diocesana –es decir, las 70 diócesis, el cuerpo central de la Iglesia, excluyendo todo esa miríada de miles y miles de entidades que constituyen la Iglesia en sentido amplio– ingresó en 2019, con dinero público recaudado por la declaración de la renta del ejercicio de 2018, 284,4 millones, un incremento del 6,19% con respecto al año anterior, que a su vez también era el récord (268 millones, 16,4 millones menos). La cantidad ha subido ininterrumpidamente desde 2015. A esto se suma que el propio modelo de asignación está en entredicho. El Tribunal de Cuentas ha destapado en un informe preliminar su opacidad y descontrol, como publicó este periódico [ver aquí].

Dicho informe, que no ha sido todavía objeto de aprobación definitiva, recuerda precisamente a la jerarquía católica el talón de Aquiles de su gran tarea pendiente: la anunciada autofinanciación. Así, “sugiere” al Gobierno que “articule los mecanismos internos necesarios” para el “cumplimiento de las obligaciones de las partes derivados del acuerdo de 1979”. El Tribunal de Cuentas señala la inacción del Estado para hacer cumplir el compromiso de la Iglesia de valerse por sí misma.

Dependencia económica

Hay artículos académicos que han destacado no sólo la dependencia económica del Estado que implica este modelo, sino cómo la persistencia de este modelo ha amorrado a la institución católica al erario público, desincentivando la búsqueda de su supervivencia por medios propios y la pedagogía entre sus fieles para que sostengan a su iglesia con su dinero. Rafael Martínez, en La financiación de las confesiones religiosas en España (2014), sitúa como contraste con respecto al modelo español el de países fuera de Europa como Estados Unidos, que asienta su fórmula en dos cláusulas: la establishment clause, que prohíbe vincular al Estado con religión alguna, y la free exercise clause, que protege la libertad religiosa. “El motor de este sistema de financiación es el generoso régimen de beneficios fiscales a las donaciones. De este modo se invita al individuo a llevar a cabo donaciones y se logra un mentalización de este […] y una autosuficiencia financiera”, señala. Su conclusión es que el modelo español presenta un notable “atraso” en derecho comparado porque ancla la financiación de la Iglesia en el Estado y evita promover entre los fieles una cultura del pago.

Justamente al contrario de una cultura de pago de sus fieles, uno de los mensajes de la jerarquía católica en sus campañas Xtantos ha sido: “Ni pagas más, ni te devuelven menos”. El catedrático de Derecho Alejandro Torres, uno de los más reconocidos investigadores de los intríngulis de la relación entre Iglesia y Estado en España, lo explica con elocuencia: “La Iglesia es el eterno adolescente que no se decide nunca a salir de casa. Precisamente las declaraciones [de Argüello] son perfectamente aplicables a su funcionamiento”.

De la dictadura a la democracia

La dependencia del Estado es un fenómeno histórico de la Iglesia en España. Cosa de siglos. Monarquía e Iglesia se fundieron en Trento (1545) en un abrazo de Altar y Trono que nunca se ha deshecho del todo. La Iglesia ha venido garantizando la seguridad de la propiedad y la disciplina social. A cambio, el Estado la ha bañado en poder y riquezas, renovando y blindando un contrato entre el poder político y religioso cuyos efectos –matizados– se prolongan hasta hoy. Es amplio el catálogo de normas que, desde el siglo XVIII e incluyendo el constitucionalismo liberal del XIX; han brindado privilegios a la Iglesia en España. La única interrupción significativa fue la Constitución de la República, abortada por un golpe y una represión que contaron con el apoyo de la jerarquía católica. El franquismo devolvió a la Iglesia corregidos y aumentados todos sus privilegios. Con una ley en 1945 le entregó las aulas, con otra de 1946 le entregó el registro de la propiedad… Y en 1953 devolvió las relaciones entre el Estado y la Iglesia a la Edad Media con un Concordato que nunca ha sido derogado, aunque sí reformado.

Durante la Transición, la Iglesia y el Estado pactaron una revisión de su acuerdo, los conocidos Acuerdos de 1976 y 1979. La institución católica aceptaba, tanto en este pacto como en la Constitución –que contó con el decisivo apoyo de la CEE de Tarancón–, un marco de libertad religiosa, rematado con la ley de 1980 y que en la práctica ha dado lugar a un multiconfesionalismo asimétrico favorable al catolicismo en múltiples órdenes. A cambio, la Iglesia preservaba, traducidos al lenguaje democrático, múltiples privilegios. Y el más delicado era el económico. Porque entonces, como ahora, era el Estado el que pagaba los salarios de los religiosos. Es decir, dinero público, que sale de los impuestos de todos los contribuyentes y termina en pagando servicios de la Iglesia.

Transitoriedad (en teoría)

La fórmula de masivo apoyo económico del Estado franquista a la Iglesia no podía pasar el filtro de la democracia sin modificaciones. Era insostenible seguir igual en un país que se presentaba al mundo con su reluciente democracia aconfesional. El Estado venía de aportar 300.000 millones de pesetas en 33 años a la Iglesia en “construcción de templos, seminarios, centros de caridad y de enseñanza, sostenimiento del culto, etcétera”, como desveló Carrero Blanco en 1972 y recoge Joan Castellá-Gassol en su ensayo ¿De dónde viene y a dónde va el dinero de la Iglesia española? (Dirosa, 1975).

La fórmula elegida para continuar financiando a la Iglesia con dinero público fue la transitoriedad. Debía haber tres fases. Una primera, de asignación directa. Otra posterior, vía declaración de la renta. Y una última, de autofinanciación. Esa era la teoría de los acuerdos España-Vaticano. Pero no. “Transcurridos tres ejercicios completos desde la firma de este acuerdo, el Estado podrá asignar a la Iglesia católica un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta”, dice el acuerdo. Es decir, en teoría tenía que haber tres ejercicios con aportación presupuestaria, antes de pasar a un modelo de asignación vía declaración de la renta. Tas una década de aportaciones presupuestarias directas, la concreción del modelo de financiación vía IRPF no se produjo hasta 1988, desbordando los tres años previstos. El sistema finalmente adoptado consistió en que los contribuyentes que así lo deseen pueden marcar una equis en la “casilla de la Iglesia”, lo cual obliga a Hacienda a destinar un porcentaje de la cuota íntegra resultante, que en principio fue de un 0,5239%, a la institución religiosa. El mecanismo se diseñó de forma que el contribuyente que marque la equis no tiene que poner más de su bolsillo. Tampoco se le devuelve menos.

No hay aportación individual. No hay financiación a través de los fieles. El sistema ancló a la Iglesia al dinero público sine die. Esta forma de funcionamiento sólo ha experimentado tres cambios significativos, los tres beneficiosos para la Iglesia. En 1988, a la par que la casilla de la Iglesia, se incorporó otra: la de fines sociales, de la que se benefician numerosas ONG vinculadas a la Iglesia. A continuación se permitieron las dos casillas a la vez, de forma que los contribuyentes no tuvieran que elegir entre Iglesia y ONG. La elección implicaba una disyuntiva entre “fines religiosos” y “fines sociales”, contra la que la Iglesia se había pronunciado y que comprometía su discurso de “Iglesia social”. La posibilidad de marcar ambas casillas supera esta dicotomía. Hoy si marcas la casilla de la Iglesia, va dinero as las diócesis –y a 13TV–; si marcas la casilla solidaria, va a ONG como Cáritas. La otra modificación sustancial del sistema fue con Zapatero, que elevó el porcentaje de cada equis al 0,7%. La autofinanciación, otra vez, ni está ni se la espera.

Sueldos, subvenciones, conciertos…

Hay que señalar que los entre 250 y 300 millones al año vía IRPF constituyen sólo una pequeña parte de lo que la Iglesia y sus instituciones logran del Estado cada año en forma de sueldos, subvenciones, exenciones y conciertos. Europa Laica cifra el montante total en alrededor de 11.000 millones al año, si bien ahí entra la prestación de múltiples servicios que el Estado tiene delegados en la Iglesia: educativo –la Iglesia es predominante en la enseñanza concertada en España–, sanitario, caritativo… La CEE no ha ofrecido una cifra alternativa.

El Estado abona el salario de los capellanes de hospitales y cárceles y de los profesores de Religión, paga capillas universitarias y restaura patrimonio eclesial, concierta colegios con el Opus, los Salesianos o los Jesuitas y hospitales con la Orden de San Juan de Dios… Además, la Iglesia se beneficia en la práctica de una exención fiscal generalizada, que no sólo abarca a edificios de culto o con finalidad social o educativa, sino también a viviendas, tiendas, aparcamientos… Un estatus que le permite obtener lucro de inmuebles con los que no paga impuestos, en una situación que, en el caso de Italia, ya ha sido declarada contraria al principio de libre competencia por parte de la justicia europea. A esto se suma una consentida opacidad de sus ingresos por entradas a sus templos y un vericueto legal de origen franquista por el que los obispados han realizado miles de inmatriculaciones, incluyendo bienes que han sido objeto de venta posterior.

“La necesidad perentoria de una renta básica en este momento no debería ser una coartada para una especie de subsidio permanente que retirase del horizonte de las personas el poder ejercer un trabajo y desarrollar sus capacidades”, dijo Argüello. Esa “renta básica en este momento” podrían ser los acuerdos del 76-79, imprescindibles para que la Iglesia hiciera su propia “transición” desde la consustancialidad con el régimen nacionalcatólico al modelo aconfesional. Pero ha acabado siendo una “coartada” para “poder ejercer un trabajo y desarrollar sus capacidades”. Es decir, vivir de sus fieles. Sin el Estado, ¿qué sería de la Iglesia?

Europa Laica

El presidente de Europa Laica, Antonio Gómez Movellán, pone el énfasis en el discurso social de la Iglesia, que no suele apuntar a las causas de la desigualdad, sino sólo a su síntoma, la pobreza, de la que se presenta como bálsamo. No en vano, no ha habido empeño del Vaticano más constante en los últimos tres papados que el de neutralizar la Teología de la Liberación, de raíz marxista, el más elaborado intento del siglo XX de vincular cristianismo con transformación social. “En el tiempo del post-covid esperemos que la solidaridad se imponga a la caridad y el Gobierno no tire el dinero público regalándoselo a esta organizaciones religiosas que en nombre de la caridad, condenan a los pobres a la pobreza y a la humillación. Preferimos una renta mínima que una cola de hambre en el comedor de Cáritas. Preferimos los derechos sociales a la caridad. Pero mucho nos tememos que el negocio de la caridad está de vuelta”, señala.

A juicio de Gómez Movellán, las palabras de Argüello demuestran cómo la Iglesia continúa viviendo de la pobreza, no contra la misma. “Todas las iglesias y religiones aspiran a tener influencia entre los más pobres y a ser sus portavoces ante los Estados. Detrás de las religiones y su expansión se encuentran sus organizaciones de caridad, un gran negocio que ya se ha adaptado al tiempo del capitalismo digital”, señala Gómez Movellán, para quien “el mismo concepto de caridad es aberrante y contrario a la solidaridad”. “En nuestro país, entre 2010 y 2012, estas organizaciones tomaron un papel muy protagonista y las colas de pobres y desempleados ante los comedores de Cáritas o del Banco de Alimentos, organización controlada por el Opus Dei, fueron la imagen de la crisis. Hoy ya estas organizaciones de la Iglesia católica ya están pidiendo dinero en las televisiones y redes sociales”, señala.

 

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