¿Qué hacemos con la Iglesia?

diciembre 15, 2019

Si por fin se conforma un Gobierno de izquierdas entre el PSOE y Podemos, debe asumir como una prioridad la revisión del concordato con la Santa Sede y el fin de los injustificables privilegios de la religión católica

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Clara Usón, El Periódico, 15 de diciembre de 2019

Un ministro de Hacienda denunciaba en un informe que los bienes de la Iglesia católica no tributaban a la Hacienda real, en grave perjuicio a la misma y al resto de contribuyentes. Era el conde de Floridablanca, ministro de Carlos III, en su informe reservado de 1787. Más de dos siglos después, en el año 2019, cuando España ya no es una monarquía absoluta, sino una democracia aconfesional y parlamentaria, ese privilegio de la Iglesia permanece incólume, con el agravante de que en el ínterin ha adquirido muchas más prebendas.

En el siglo XIX, durante los Gobiernos liberales, y también bajo el Gobierno conservador de O’Donnell, la mayor parte de las propiedades de la Iglesia fueron nacionalizadas mediante los procesos de desamortización de Mendizábal y Madoz. En aquella época, España era mayoritariamente católica y se libraron las cruentas guerras carlistas; aun así, se consiguió reducir el inmenso poder material de la Iglesia católica.

Vulneración de un principio constitucional

En el siglo XXI, la Iglesia católica vuelve a ser la mayor propietaria de España, gracias en parte al firme apoyo del franquismo, pero, sobre todo, al descarado (e inconstitucional) favoritismo de los gobernantes de la democracia. En 1979, el Gobierno español firmó con la Santa Sede unos acuerdos que prolongaban el concordato firmado por el franquismo en 1953, en clara vulneración del principio constitucional de aconfesionalidad de la democracia española. Gracias a esos acuerdos, que siguen vigentes, la Iglesia católica continua exenta de impuestos, la religión católica sigue siendo una asignatura evaluable, el Estado paga los sueldos de los profesores de religión y de todo el clero español, las escuelas católicas reciben ingentes subvenciones, a través de la ‘x’ de la casilla de renta la Iglesia ingresa cada año 250 millones de euros, y, en conjunto, según cálculos de Europa Laica, el Vaticano percibe anualmente de los contribuyentes españoles alrededor de 11.000 millones de euros, una cifra escandalosa.

A ello debemos sumar la irregular reforma de la ley hipotecaria del Gobierno de Aznar, que ha permitido a la iglesia inscribir a su nombre 30.000 propiedades, solo con la palabra de los obispos, en un procedimiento opaco donde los haya. Lee el resto de esta entrada »


La conferencia episcopal y la eutanasia

diciembre 15, 2019

Escribe Juan Antonio Salcedo Mata | Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública

Encarnación Isabel Pérez, enfermera, Mario Iceta, obis`po de Bilbao y Jacinto Bátiz, médico, en la presentación del informa de la CEE

Nueva Tribuna, 15 de diciembre de 2019

La Conferencia Episcopal acaba de publicar el documento “Sembradores de Esperanza:acoger, proteger,acompañar en la etapa final de la vida”.

Ha sido publicado recientemente por la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida, estructurado, aparte de la consabida introducción, en siete capítulos y un epílogo. Aborda diferentes cuestiones: el  debate social en relación con la eutanasia (E), suicidio asistido (SA) y muerte digna (MD), los problemas éticos, cuales deben ser los criterios adecuados para aplicar unos cuidados paliativos (CP) y su suficiencia, la obstinación terapéutica, la sedación paliativa y el resultado y consecuencias de  su aprobación en Holanda. Su conclusión es evidente: oposición rotunda a la regularización de estas prácticas. Sin embargo, los argumentos en que se basa están sesgados y algunos tergiversan la realidad de la experiencia previa. Analizaremos algunos de ellos:

  1. Concepto de dignidad: Siguiendo a Ramón Valls,la discusión sobre la E evidencia dos formas de entenderla: una, aquella en la que la dignidad común a todos los seres humanos procede  de su condición de hijos de Dios y reside en su capacidad de acatar y observar la ley moral que no emana de ellos; y otra, en la que la dignidad consiste en la capacidad que tenemos los humanos de darnos ley moral a nosotros mismos. Es evidente que la E y el SA es inmoral para los creyentes al no acatar el precepto divino de no mataras; para los no creyentes, será posible una ley que las permita sin imponerla a nadie pero exigiendo plena libertad a quien la pida y la lleve a cabo. Ambas formas de entender la dignidad son perfectamente respetables y mis creencias no son objeto de imposición a otros.

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