¿Hasta cuándo un estado semiconfesional?

Raquel Ortiz, coordinadora de Valencia Laica
Levante, 26 de septiembre de 2018

El pasado martes 18, València Laica celebró un acto en la Universitat de València que desbordó completamente el aforo y cuyo título era El Estado laico, un reto inaplazable. Desde creencias e ideologías variadas hemos coincidido en la urgente necesidad del Estado laico como modelo de convivencia.

Voces desde Redes Cristianas, Europa Laica, desde Juezas y Jueces para la Democracia y tantas otras asociaciones que aunque no estaban allí –Avall, masonería, agnósticos y tantas más– comparten esta exigencia del Estado laico. Diversidad en las conciencias, pero todos reivindicando la necesidad de unas instituciones absolutamente neutrales que realmente representen a toda la ciudadanía y no solamente a católicos.

El laicismo es un modelo de Estado, el más democrático hasta la fecha. No es una ideología, ni una religión, ni una moda. Es el modelo de convivencia por excelencia para que nadie quede excluido y todos quepan. La misma igualdad real y jurídica para todas las personas. Un modelo de transversalidad donde todo el arco político debería implicarse. El laicismo no es de derechas ni de izquierdas, conviene a toda la ciudadanía.

Y mientras estos debates se producen y los índices de secularización se elevan día a día en los nacimientos, en los matrimonios, en las despedidas… la Iglesia Católica no se mueve ni un milímetro y mantiene sus privilegios desde siempre. ¿Por qué ocurre esto?

Es evidente que quienes tienen privilegios no van a renunciar a ellos sin más. Nuestra crítica y exigencia aquí al Estado, a sus instituciones que le siguen permitiendo a la Iglesia escandalosos privilegios de todo tipo: económicos, simbólicos, ideológicos… La financiación por parte del Estado supone unos 12.000 millones de euros, entre lo que reciben directamente y lo que no tributan o pagan. Esto supone más del 1 % del PIB. No hablamos de creencias –todas pueden ejercerse por decisión personal– hablamos de millones de euros.

¿Hasta cuándo van a permitir los partidos que la Iglesia siga exenta de impuestos, que mantenga su dogma en la educación y a sus catequistas pagados con dinero público? ¿No tiene la Iglesia lugares donde practicar su religión? Parece que el expolio de las inmatriculaciones va a tener transparencia y vía para que reviertan de nuevo al común. ¿Lo veremos?

¿Hasta cuando una ley de libertad religiosa y no una de libertad de conciencia? ¿Hasta cuándo la separación de poderes y de espacios entre instituciones y creencias será un deseo y no una realidad? ¿Hasta cuándo mantener estos acuerdos con la Santa Sede, una corporación dentro del Estado vaticano creado por Mussolini en 1929? Un Estado de 950 varones, por cierto. Paradójicamente, el partido del Gobierno aprobó en su último congreso la derogación de esos acuerdos con la Santa Sede y el presidente del Gobierno anunció que los derogaría si llegaba al poder.

No vamos a cejar en esta lucha porque el laicismo es una exigencia de la democracia.

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