Las inmatriculaciones de la Iglesia Católica, una cuestión de Estado, por Antonio Manuel

enero 7, 2019

Paradigma, 7 de enero de 2019
Publicado en la edición en papel de Paradigma. Número 11. Anuario 2018.

Aunque denunciamos por primera vez la inmatriculación de la Mezquita de Córdoba en 2010, fue a raíz de la publicación de una tribuna en El País en 2013 y una serie de conferencias en 2014, las que precipitaron la campaña en “change.org” de la Plataforma ciudadana “Mezquita-Catedral: patrimonio de tod@s”. Nuestra postura no ha cambiado desde entonces: la denominación institucional e inclusiva “Mezquita-Catedral”; su naturaleza de dominio público; la nulidad de pleno de derecho de la inmatriculación; y la necesidad de un plan director para su gestión pública y transparente, respetando el uso católico que nadie cuestiona. La petición fue respaldada por cerca de 400.000 ciudadanos, intelectuales de toda índole, y los 100 medievalistas más prestigiosos del mundo. Los exalcaldes de Córdoba, artistas y activistas también se sumaron a la causa, inundando de corazones la ciudad y cantando una bellísima versión del “Paseado por la Mezquita”… Pronto se convirtió en la punta del iceberg del mayor escándalo inmobiliario de la historia de España.

En aquel tiempo, el monumento era denominado por el cabildo exclusivamente “Catedral”. Para no pronunciar la palabra Mezquita en los folletos (llegaron a borrarla incluso de la web y los mapas de google), utilizaron la perífrasis “intervención islámica de la Catedral”. Registraron todas las marcas en las que pudiera aparecer “Mezquita” para impedir su comercialización. Estaba clausurada la visita a la torre-minarete, a pesar de llevar años restaurada con dinero público. Las entradas eran consideradas donativos y sólo se admitía el pago en metálico. También hacían suyos sin declarar los ingresos generados por la visita nocturna, financiada con fondos europeos y municipales. Un examen confesional permitía el acceso a la condición de guía. El Ayuntamiento del PP prohibió la conmemoración ciudadana del 30 aniversario de su reconocimiento por UNESCO como patrimonio mundial… Y el único argumento jurídico que esgrimían para justificar esta apropiación, era el que sigue rezando en el Registro de la Propiedad: haber sido consagrada. Lee el resto de esta entrada »


El modelo italiano que quiere imitar el Gobierno de Sánchez impide a la Iglesia hacer negocios con ventaja fiscal

enero 7, 2019

El decreto de Mario Monti de 2012 que inspira la anunciada reforma del IBI prohíbe la exención cuando otorga una ventaja competitiva

Ángel Munárriz, InfoLibre, 7 de enero de 2019

El modelo italiano de fiscalidad de la Iglesia que el Gobierno quiere implantar en España obliga a la institución católica a pagar la contribución urbana por inmuebles en los que desarrolle actividades comerciales desde una posición de ventaja competitiva. La aplicación en España del sistema transalpino tendría efectos directos sobre la actividad de la Iglesia, poniendo fin al negocio de sus tiendas y al alquiler de inmuebles sin pagar el IBI. Es incierto el impacto que podría tener en los colegios católicos, el principal bastión de influencia de la Iglesia en España, porque el marco legal de esta actividad iguala a la institución católica con el resto de promotores educativos.

La ventajosa fiscalidad eclesial es objeto recurrente de controversia social y política en Italia, al igual que en España. El foco en los últimos años ha estado en la contribución urbana, que en España es el IBI y en Italia ha sido el ICI primero y ahora el IMU, un impuesto similar. No es un tema menor económicamente. Aunque no hay datos oficiales –en el país italiano la Iglesia es también reservada sobre sus bienes–, se estima que entre el 20% y el 30% del patrimonio inmobiliario italiano pertenece a la institución católica. Ahí caben viviendas, parroquias, escuelas, centros hospitalarios, casas asistenciales, infinidad de locales de todo tipo. Parecido a España, en suma.

También igual que en España, Italia fue golpeada por la crisis. Al Gobierno del tecnócrata Mario Monti (2011-2013) le tocó poner en marcha un programa de recortes y subidas de impuestos. La enervada opinión pública reparó entonces en el privilegiado estatus fiscal de la Iglesia en Italia, donde desde una ley de 1992, con el Gobierno de Giuliano Amato, del Partido Demócrata, gozaba de la total exención de la Imposta Comunale Sugli Inmobili (el ICI). En 2006, en uno de esos juegos de sombras a los que tan aficionada es la política italiana, el Gobierno de Romano Prodi había acotado aparentemente los privilegios estableciendo la exención para los inmuebles en los que la Iglesia realizara actividades “no exclusivamente comerciales”. Es un poco enrevesado, pero el resultado es que si en un establecimiento en el que se realizaba una tarea comercial, la Iglesia plantaba una capilla, pues ya no habría actividad “exclusivamente comercial” y por lo tanto la exención seguiría en pie. El propio cardenal Angelo Bagnasco, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, tuvo que admitir que esa reforma dejaba “zonas grises”. Lee el resto de esta entrada »