Más allá del vídeo de los “pobres mediocres”: así es el ultraliberalismo educativo de la Iglesia

La Conferencia Episcopal y los grupos católicos se benefician de un modelo que alienta la segregación y debilita la red pública

La jerarquía, soslayando la importancia de la ubicación de los centros, afirma que la concertada “reduce la criminalidad” y “mejora la salud”

El Opus Dei, partidario de penetrar en los centros de poder, controla una red de unos 24.000 alumnos

Fotograma del vídeo proyectado en el proyectado en el colegio concertado Salesianos de Estrecho, en Madrid capital

Ángel Munárriz, InfoLibre, 20 de octubre de 2018

“Vamos a ver las diferencias entre una persona rica y una persona pobre”. “Los ricos son personas de éxito, los pobres son personas mediocres”. La proyección a los alumnos de secundaria del colegio concertado Salesianos de Estrecho, en Madrid, de un vídeo de contenido clasista ha levantado cierta polvareda. A pesar de que la sociedad convive con una normalidad con las muestras de clasismo que ya serían inaceptables, por ejemplo, con el racismo –¿pueden imaginar la misma afirmación sustituyendo “ricos” por “blancos” y “pobres” por “negros”–, las afirmaciones del vídeo eran demasiado llamativas como para pasar inadvertidas. La dirección del colegio ha emitido un comunicado señalando que la emisión es un “error” y que su contenido no responde a su “ideario”. Es obvio que ningún “ideario” explicita la adhesión a ideas como las que defiende el vídeo. Es más, la escuela salesiana está en general entre las que promueve unos valores más solidarios de toda la educación católica en España, en línea con la tradición caritativa de la Iglesia católica española. No obstante, el vídeo sí conecta con una creciente tendencia de la escuela católica, así como de la Conferencia Episcopal, a la exaltación de valores ultraliberales en el ámbito educativo.

Ideología de la LOMCE

El optimismo pedagógico dice que la escuela es el laboratorio del porvenir, que allí se fraguan los cambios que harán de la sociedad futura un lugar mejor. Por sociólogos como Pierre Bordieu sabemos que no es así. La escuela es sobre todo una expresión de la sociedad y la economía en la que nace y del propósito a veces inconsciente del tiempo que le toca vivir. La ley educativa de 1945, redactada a la medida de la Iglesia, se orientaba a la constitución de un sujeto nacional sometido a dogmas, sin capacidad de crítica, rendido al reglazo en las yemas del Estado y la Iglesia y presto a asumir sin rechistar su papel en una sociedad aquietada y rígidamente estratificada. La Ley Villar Palasí (1970), que supuso el gran salto cualitativo, supuso al fin el regreso de la educación a la tutela del Estado. El motivo económico que justificó la ley del 70 era la necesidad de conectar las aulas con el mercado laboral. Era imprescindible una fuerte inversión en mano de obra, que la Iglesia no podía asumir, para mejorar la productividad de una economía expansiva que empezaba a recibir capital extranjero tras más de una década de planes modernizadores pilotados por los ministros tecnócratas del Opus.

El empeño más universalista fue de la Logse, normal a la que la Iglesia declaró la guerra desde el inicio de su tramitación– Su pretensión de formar ciudadanos autoconscientes y críticos, propia de la consolidación democrática española, chocó con la infrafinanciación del proyecto y con la competencia de la red concertada, mayoritariamente católica, que compite con ventaja con la red pública. La Ley Wert –observan los sociólogos de la educación– supuso una adaptación al proyecto de salida de la crisis basado en la devaluación salarial de una economía que fía al turismo, el sector precario por antonomasia, más del 10% del PIB. En la postergación de las metodologías activas y en el protagonismo de los contenidos enciclopédicos y las reválidas memorísticas hay resonancias de la pedagogía católica tradicional.

La escuela ha sido históricamente para la Iglesia un campo fundamental de su lucha por el poder y la influencia en España. “Su imagen [de la escuela pública] de institución limitada a una suerte de guardería de niños de extracción social baja, de pobres y para pobres, y sostenida de manera precaria con los escasos recursos municipales –con maestros mal pagados y locales inadecuados– perduró hasta bien entrado el siglo XX”, señala en El poder de la Iglesia en la España contemporánea (Catarata, 2013) Ángel Luis López Villaverde, que responsabiliza de este atraso a la Iglesia. Es elocuente que fuera durante la Segunda República, que construyó unas 10.000 escuelas, cuando la Iglesia elevó la educación a gran problema nacional. El franquismo le devolvió a la Iglesia y sus congregaciones el control de la educación, que empezó a perder en los años 70. No obstante, el sistema público incorporó la escuela católica mediante el sistema de conciertos, arbitrado por la ley educativa de 1985. De modo que jamás se ha pinchado el boom de colegios congregacionistas. Son parte consustancial del sistema.

En democracia la Iglesia ha jugado a dos barajas. Por un lado, defendiendo su presencia en las aulas públicas a través de los profesores de Religión, contratados y despedidos por decisión del obispo pero pagados por el Estado. Aquí ha obtenido una victoria decisiva con la Lomce, que eleva la consideración académica de la asignatura y crea una alternativa disuasoria, lo cual ha incrementado la demanda de la materia católica. No obstante, la Ley Wert ha sido incluso más generosa con la Iglesia en los favores a su red educativa privada, gran fortín del poder eclesial en España.

“El sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones”, señala la ley, un claro alineamiento con las tesis eclesiales sobre la “libertad de elección”. La redacción da una cobertura clara e inapelable al precepto según el cual el Estado tiene la obligación de cubrir con el presupuesto público la concertada católica, incluso en el caso de que segregue a los niños y niñas por sus supuestas capacidades diferentes. La norma amplía también las opciones de construcción de centros concertados en suelo público. En resumen, otorga más presencia de la Iglesia en la escuela pública y más “libertad” para montar centros privados con mayor financiación estatal. Y todo dentro en un modelo que concibe la escuela como un surtidor de “emprendedores” instruidos en la “libertad personal” para salir adelante en un sistema laboral precaria. Ese es el modelo más aplaudido por la Iglesia católica católica española.

Más concertada, menos pública

El esquema final resultante de la educación en España es este: existe una malla pública, en la que la Iglesia impone los contenidos de Religión y los imparte con docentes pagados por el Estado; y una malla privada, católica en más de un 60%, también pagada por el Estado. La Iglesia cifra su número de alumnos en casi un millón y medio, en un total de 2.591 centros católicos. Aunque en teoría el modelo de concertación era coyuntural, en la práctica se ha consolidado y ampliado. España es el cuarto Estado europeo donde menos escuela pública hay en secundaria y el tercero en primaria, según datos de Eurostat. La educación concertada se aproxima al 30% de toda la oferta estatal. Y la flecha de la dinámica apunta hacia arriba. La media europea no alcanza el 15 por 100. En comunidades como Navarra, Euskadi, Cataluña o la propia Madrid la tendencia en la secundaria es hacia un reparto casi simétrico del “mercado” entre la pública y la privada. El vídeo es el dedo, la luna es este modelo, que es el defendido por la Iglesia.

Dicho modelo queda consagrado por la Lomce, que aporta seguridad a la renovación de conciertos, blindándolos ante posibles tentativas políticas de signo contrario. Además aporta cobertura al discurso de la “capacidad”, el “mérito” y el” esfuerzo”,conceptos santificados por las patronales de la concertada católica. La Ley Wert también incluye el principio de “demanda social” para programar las plazas, que deberán ser “suficientes”, pero sin aclarar si de carácter público o concertado. Este es el punto que quiere retirar el Gobierno. Simplemente esto es lo que la ministra del ramo, Isabel Celaá, ha afirmado que quiere suprimir. Este mero anuncio ha suscitado comunicados de alarma de la Conferencia Episcopal y de la Plataforma Concertada, aglutinante de las organizaciones CECE, Cofapa y Escuelas Católicas, que ha anunciado una larga batalla legal. “Vuelve la dictadura totalitaria“, ha clamado el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz.

El mito del ahorro

De fondo hay un debate ideológico. Ha ido avanzando –y con la Ley Wert se ha coronado– la primacía del principio de libre elección, que empuja al sistema educativo a la lógica del mercado, según el cual los colegios son empresas proveedoras de un servicio y, como tales, deben realizar una oferta atractiva a sus clientes. El propio Luis Centeno, secretario general de Escuelas Católicas, ha explicado a infoLibre que el escenario óptimo sería que toda la programación de unidades se hiciese “tomando como base el criterio de preferencia de las familias”. Es decir, que todo se regulase en función de la demanda en un mercado desregulado. ¿Cuál es el fleco suelto de este discurso? Que la concertada se sitúa mayoritariamente en zonas de renta superior a la media. Claro, los promotores tienden a encontrar pocos incentivos para ubicar un centro concertado en una zona rural dispersa, por ejemplo. O en un barrio marginal.

Eso queda para la pública, lo cual –lógicamente– la encarece. También la encarece que la inversión de la pública en profesionales para atender a alumnos con capacidades especiales es mayor. Y que los profesores cobran más. Todo esto determina que la plaza escolar en la escuela pública sea más cara que la concertada. Sobre esta base, la Conferencia Episcopal y los grupos de presión católicos difunden la idea de que la concertada “ahorra dinero al Estado”, un discurso que replican sin rechistar medios como ABC, la Cope o Trece. En realidad es una afirmación llamativa, teniendo en cuenta que en 2016 –último año del que hay datos oficiales– salieron de las arcas públicas para la educación concertada más de 6.000 millones de euros, superando los umbrales precrisis, mientras la inversión en la pública aún está por debajo de la de 2009. Las 17 autonomías invierten menos en educación pública que en 2009.

Segregación en las aulas

La Conferencia Episcopal y los grupos de presión católicos argumentan que la concertada también es gratuita, como la pública. Lo cierto es que los concertados realizan cobros informales, aprovechando la laxitud legal para solicitar pagos extraordinarios. Se cobra por material escolar, por alquiler de equipos informáticos, por servicios de orientación, por “desgaste de patio” y por un amplio abanico de conceptos imprecisos: “donativo”, “aportación de principio de curso”, “derrama extra”… Además las familias se benefician de desgravaciones en sus aportaciones a las fundaciones de los colegios, creadas para dar cobertura a unos ingresos que sobre el papel son voluntarios, aunque en la práctica pocos padres se oponen. En muchas ocasiones porque no conocen que la normativa establece límites a este tipo de cobros. En la Comunidad de Madrid, según un informe de la patronal de centros privados, más del 75% de los concertados no informa los padres de la voluntariedad. La Organización de Consumidores elaboró un estudio que concluye que más del 90% de los concertados cobra cuotas por la educación obligatoria. La concertada exige a las familias más esfuerzo económico.

La Plataforma Estatal por la Escuela pública denuncia que la concertada concentra un porcentaje de alumnos con necesidades especiales mucho menor que el que le corresponde por su trozo de la tarta. De modo que se acumulan las vías para una segregación social del alumnado: ubicación de los centros, cobros informales, selección del alumnado…España es el sexto país de la UE con mayor segregación social en las aulas, sólo por delante de Bulgaria, Eslovaquia, República Checa, Rumanía y Hungría, según el estudio Magnitud de la segregación escolar por nivel socioeconómico en España y sus comunidades autónomas y comparación con los países de la UE, de Francisco Javier Murillo, Cynthia Martínez-Garrido. Destaca la “altísima” segregación en Madrid, laboratorio de las medidas neoliberales más aplaudidas por la Iglesia.

Salud y crimen

Además de la idea de que ahorra dinero al Estado, la Conferencia Episcopal difunde otra idea-fuerza: la concertada es mejor porque obtiene mejores resultados y prepara mejor para el mercado laboral y el éxito profesional. Lo que hace la jerarquía es darle la vuelta a la relación causa-efecto, obviando las ventajas competitivas de partida. El portavoz económico de la CEE, Fernando Giménez Barriocanal, lo ha explicado con estos términos: “Los colegios de la Iglesia católica generan menor abandono escolar”.

A veces la Conferencia Episcopal llega más lejos. En su memoria económica de 2015 recogió entre las ventajas de estudiar en centros católicos las siguientes: “Mejora de la salud”, “mayor tendencia a las donaciones” y “reducción de la criminalidad”. ¿No está emparentado este discurso con el del vídeo del colegio de los salesianos?

 

La escuela del OPUS

La proclividad de la jerarquía católica a exaltar la riqueza es una constante. Lo dijo Ángel Suquía, que fue presidente de la CEE, en 1992, el año de la Expo y los Juegos. “Tras el fracaso del comunismo, el capitalismo aparece como único sistema en el horizonte”. La cúpula eclesial española, de hecho, encontró perfecto acomodo bajo el papado de Juan Pablo II (1978-2005), marcado por la ostentación desinhibida de la riqueza de la Iglesia, el pacto de familias vaticanas para poner sordina a los escándalos de la banca vaticana y la represión de la Teología de la Liberación. Juan Pablo II convirtió en su prelatura personal al Opus Dei, grupo próximo a la llamada “Teología de la Prosperidad”, que incide en la bendición de aquellos que conquistan la riqueza y el bienestar. El Opus Dei, a través de Fomento y Attendis, acumula una enorme fuerza en el ámbito educativo.

La red opusina, a cuyos centros acuden más de 24.000 alumnos, tiene presencia en Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Galicia, Murcia y Navarra. El Colegio Retamar, en Pozuelo de Alarcón, sólo para chicos, es quizás el mayor emblema del elitismo escolar del Opus. En Retamar estudiaron, por citar dos, Adolfo Suárez Illana y el yerno de José María Aznar, Alejandro Agag. Está considerado cantera de cachorros de la alta sociedad madrileña. El Opus Dei propugna una penetración de sus miembros en las altas esferas del poder.

El manto del Santander

La educación católica española no es sólo cosa del Opus. El movimiento Comunión y Liberación, los salesianos, los jesuitas, los propagandistas católicos y otras muchas congregaciones componen una densa malla. No hay uniformidad ideológica. Lo que sí hay son muestras de elitismo educativo. La Legión de Cristo, fundada por el sacerdote pederasta Marcial Maciel, está detrás los Highlands Schools, privados, ubicados en La Moraleja (Madrid), Boadilla del Monte (a las afueras de Madrid), Pedralbes (Barcelona) y Montequinto (Sevilla). Venden buenos barrios, exclusividad, disciplina, disciplina, notas altas en selectividad, garantía de preparación para el éxito universitario y homogeneidad social. Y educación separada por sexos. La Legión controla también el Everest School, en Pozuelo de Alarcón, el Cumbres School, en Moncada (Valencia), y el Col·legi Reial Monestir de Santa Isabel, en Barcelona. Los nombresmontañososevocan altura de clase, como ha destacado Mariano Sánchez Soler en Las sotanas del PP (Temas de hoy, 2002).

El emblema de cómo el poder empieza a forjarse en el colegio es colegio católico marianista El Pilar, por cuyas aulas han pasado Juan Abelló, Alberto Alcocer y Alberto Cortina, empresarios como Juan Miguel Villar Mir, ejecutivos de medios como Luis María Ansón y Juan Luis Cebrián, ministros como Rafael Arias Salgado, Nemesio Fernández-Cuesta, Gonzalo Fernández de Mora, Francisco Fernández Ordóñez. En el PSOE se llegó a hablar de un clan pilarista, aglutinado en torno a Alfredo Pérez Rubalcaba y Javier Solana. Ambos llegaron a ministro de Educación. Pero donde más claramente se expresa la alianza de la Iglesia católica con la élite empresarial es en el ámbito universitario. El Opus Dei y la Compañía de Jesús destacan en este campo. Lasbusiness schools del Esade (jesuitas) y el IESE (Opus) son dos de los núcleos de formación de élites más reconocidos de España. Un análisis de la revista La Marea de abril de 2018 señalaba que, de los 433 hombres y mujeres que se sientan en los consejos de administración de las empresas del IBEX-35, 170 han tenido relación en calidad de estudiantes, docentes o miembros de órganos de gobierno con una o varias universidades vinculadas a la Iglesia.

“[…] La realidad de nuestra Iglesia en España está totalmente condicionada por la imagen de la Virgen del Pilar cubierta con el manto del banco de Santander, por las relaciones del cardenal Rouco con la cúpula empresarial, por la orientación ideológica de la COPE y 13TV […]”, señala el sociólogo cristiano Alfonso Alcaide en el libroDignidad y esperanza en el mundo del trabajo (Edice, 2016). La huella de Antonio María Rouco Varela, considerado reaccionario en lo ideológico y neoliberal en la económico, sigue marcando el carácter de una parte nada desdeñable de la cúpula eclesial, donde está tardando en calar el mensaje de una “Iglesia pobre y para los pobres” que predica el papa Francisco. Iniciativas de Rouco como la Fundación Madrid Vivo, que hermana a la élite empresarial con la Iglesia, dan todavía hoy testimonio de este legado. “Rasques donde rasques, hay un enfeudamiento con los poderes económicos. Hay muchas alianzas con los grupos de poder”, señala el teólogo Juan José Tamayo. El vídeo de los “ricos” y los “pobres” en el cole de los “salesianos” es una anécdota. Lo que hay detrás, no.

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