SUATEA, Movimiento Social por la Escuela Pública y Asturias Laica denuncian el convenio firmado con una entidad privada y confesional como la Facultad Padre Ossó

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Firma del convenio entre Educación del Principado y la Facultad privada católica Padre Ossó

21 de junio de 2019

SUATEA, el Movimiento Social Por la Escuela Pública de Asturias (MSEPA) y Asturias Laica denuncian que el Consejero de Educación en funciones, Genaro Alonso, cierra su mandato con la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y la Facultad Padre Ossó, entidad privada que imparte, entre otros, estudios de Magisterio y que está vinculada a la iglesia. El convenio supone que la entidad privada pondrá a disposición de los centros educativos públicos y concertados un terapeuta ocupacional y un educador social a partir del próximo curso y por un periodo de cuatro años. Aseguran que estas nuevas figuras se ocuparán de los problemas del alumnado de Infantil y Primaria en todo lo relacionado con acoso escolar, bullying,  conductas racistas, inclusión de alumnado con discapacidad, etc.

SUATEA, el MSEPA y Asturias Laica denuncian el oscurantismo y la desinformación con los que se ha llevado a cabo este asunto y, además, que un consejero en funciones tenga la osadía de firmar un convenio de cuatro años que deberá administrar quien le suceda.

En cuanto al contenido del convenio, es sorprendente que el Consejero recurra a una entidad privada y confesional para que le proporcione profesionales que ayuden a atajar los problemas de relaciones del alumnado. En la enseñanza pública hay profesorado formado y experto, algunos de ellos referentes a nivel de todo el Estado, en el tratamiento de este tipo de problemáticas, especialmente en igualdad de género, xenofobia, homofobia, etc.  y son profesionales de la educación que trabajan a diario con todo tipo de alumnado y colaborando codo a codo con los equipos docentes y equipos directivos. La Consejería debería contar con este profesorado que ya está formado y poner en marcha un plan o programa institucional que promueva la Igualdad entre hombres y mujeres, que prevenga la homofobia, el acoso, la xenofobia, etc. y. desde luego, no delegar esta responsabilidad en una entidad privada que va a aportar unos profesionales ajenos al ámbito educativo. En todo caso, si realmente consideran necesario que los centros cuenten con Terapeutas Ocupacionales y Educadores Sociales, la consejería debería crear estas plazas y sacarlas a concurso-oposición.

Por otra parte, el convenio con la entidad religiosa y privada incluye un compromiso de “ahondar” en la formación del profesorado y el desarrollo de programas de innovación e investigación. Llama la atención que en los últimos diez años hemos asistido al desmantelamiento de la red de Centros de Formación del Profesorado (CPRs) y que en este momento sólo existen cuatro centros en Asturias (Oviedo, Gijón, Avilés y Cuencas). Se han cerrado todos los CPRs de las zonas de la periferia (Llanes, Luarca, Cangas de Narcea, etc.) y se obliga al profesorado de estas zonas a recibir formación  en horario de tarde y en centros muy alejados de su centro de trabajo. No es de recibo que se firme un convenio de formación del profesorado con una entidad privada, que sin duda se lucrará con dinero público, en lugar de reforzar  la red de Centros públicos de Formación del Profesorado (CPRs), que son necesarios y muy demandados por el personal docente.

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