Más de 200 monumentos de Andalucía se encuentran en estado crítico y con amenaza de ruina

marzo 2, 2025

La responsabilidad de conservación recae en administraciones que han ido dejando caer el patrimonio, sin olvidar el caso de la iglesia católica que mediante inmatriculaciones han podido “acumular patrimonio de forma torticera y ahora no tiene medios para conservarlo».

Castillo de Alnazmara en Benaocaz, Cádiz / Hispania Nostra
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Aristóteles Moreno, El Correo de Andalucía, 2 de marzo de 2025

Un total de 204 monumentos de las ocho provincias andaluzas integran la Lista Roja del patrimonio histórico, que recoge los bienes culturales y naturales en preocupante estado de conservación. Jaén y Granada son las provincias con mayor número de monumentos en situación de alerta o a punto de la extinción, según el catálogo elaborado por la prestigiosa asociación Hispania Nostra, que desde el año 2007 vigila la salud del formidable legado cultural de España.

El inventario de bienes culturales gravemente deteriorados es elaborado a partir de la denuncia ciudadana y resulta básicamente orientativo. El número real de monumentos en estado crítico puede ser notablemente superior, subrayan los expertos de la asociación. Con todo, el catálogo es fiable, riguroso, bien organizado y ofrece una radiografía veraz del abandono en que se encuentra parte del patrimonio histórico de España y de Andalucía.

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1 de marzo de 1940: Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo

marzo 2, 2025

Masonería y comunismo fueron retratados como enemigos de la Iglesia Católica y promotores de ideologías ateas, materialistas y antimilitaristas. Franco asimiló como creencia propia la idea de un complot global entre masones, comunistas y otras fuerzas subversivas para destruir la patria española.

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Lucio Martínez Pereda, Nueva Revolución, 2 de marzo de 2025

La Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo fue promulgada en España el 1 de marzo de 1940 por la recientemente instituida dictadura franquista. La ley consideraba delito pertenecer a la masonería, al comunismo y a otras “sociedades clandestinas” Para su ejecución se creó el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, activo entre 1940 y 1963. Durante su existencia, el tribunal incoó 27.085 expedientes y condenó a 8.918 personas. Las penas impuestas iban desde inhabilitación perpetua para cargos públicos hasta prisión (20-30 años para los líderes y 12-20 años para masones de baja graduación )La composición del Tribunal incluía un presidente, un general del Ejército, un jefe de Falange y dos letrados, todos ellos nombrados directamente por el Jefe del Estado.

La ley violaba el principio básico de la irretroactivad penal, juzgando hechos considerados legales antes de su promulgación. Los juicios del TERMC carecían de los principios básicos propios del derecho moderno, como la presunción de inocencia o el derecho a una defensa efectiva. Se llevaban a cabo en sesiones secretas que limitaba las garantías procesales de los acusados. Las delaciones servían para que el tribunal iniciase sus investigaciones y los procesos judiciales posteriores. La denuncia anónima fue un instrumento para la identificación y persecución de masones presentado por la la propaganda como un acto de lealtad al régimen.

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