Así ocultó el franquismo las vejaciones a las mujeres en el reformatorio de Peñagrande

Un informe interno del Ministerio de Justicia en 1968 que constataba los castigos que recibían las jóvenes en ese centro del Patronato de Protección a la Mujer, en Madrid, fue escondido durante décadas y acabó ya en la democracia en los sótanos del Ministerio de Empleo. Un reportaje de 1977 (dos años después de la muerte del Dictador), publicado en El País y firmado por Ángeles García, da buena cuenta de cómo las condiciones para las mujeres no habían cambiado en la “Maternidad” de Pañagrande.

Placa en memoria y homenaje a todas las mujeres que estuvieron internadas en la antigua Maternidad de Peñagrande, colocada en 2018  en el parque situado frente al actual IES Isaac Newton, edificio que albergó, entre 1955 y 1983, la Maternidad de Peñagrande / Fuente foto
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Ana María Pascual, Público, 6 de noviembre de 2023

Una de las primera cosas que hizo el régimen franquista fue oficializar la represión hacia las mujeres, creando en 1941 el Patronato de Protección de la Mujer, ideado por la esposa de FrancoCarmen Polo, que fue presidenta de honor de la institución, inspirada por el nacionalcatolicismo.

Con aquel organismo, que dependía orgánicamente del Ministerio de Justicia y que tuvo delegaciones en todas las provincias, se pretendía reeducar a las jóvenes descarriadas de la rígida moral católica. Las congregaciones religiosas estuvieron al frente de los centros del patronato, donde miles de niñas, adolescentes y mujeres adultas fueron internadas, entre 1941 y 1985(1), enviadas por sus padres y hermanos normalmente, o conducidas allí por la Policía, por el simple hecho de mostrar un comportamiento poco recatado. El destino de las jóvenes embarazadas solteras fue, en su mayoría, los centros de reeducación del patronato.

Uno de aquellos centros fue el de Nuestra Señora de la Almudena, más conocido como Peñagrande por el barrio madrileño donde se ubicaba. Abierto en 1955, fue uno de los reformatorios femeninos más grandes de toda España, especializado en jóvenes embarazadas y madres solteras. También se le conoció como la maternidad de Peñagrande, porque había un paritorio donde daban a luz las internas y que estuvo atendido, entre otros, por el ginecólogo Eduardo Vela, vinculado, como se ha demostrado, con las adopciones irregulares durante la dictadura.

Los testimonios de las mujeres internadas allí, recogidos en los últimos años en documentales y reportajes, apoyados, sobre todo, por la memoria histórica del colectivo ‘Las desterradas hijas de Eva’, de Consuelo García del Cid, dan fe de las penalidades y vejaciones sufridas por las internas a manos de las religiosas.

Pero más allá de los testimonios en primera persona de las víctimas, existen pruebas documentales que los corroboran. Público ha podido acceder a un informe oficial, de 1968, que reseña todas las deficiencias de la vida en el reformatorio de Peñagrande, desde la escasa comida e higiene hasta los castigos físicos y emocionales que recibieron las internas.

Imagen antigua del Colegio de Nuestra Señora de la Almudena, conocido como el reformatorio o maternidad de Peñagrande, en el barrio homónimo de Madrid
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Castigos físicos y trabajo esclavo

“Las internas pasan mucho tiempo dedicándose a la limpieza del centro en detrimento de tareas educativas (…) Se dedican a la limpieza de suelos y cristales, cocinan, friegan, lavan, planchan, repasan la ropa, son niñeras, cuidan de los animales de la granja, y tienen que hacer guardias por la noche”, consta en el informe, que denuncia, en definitiva: “Trabajo excesivo sin remuneración por parte de mujeres embarazadas”.

El Ministerio de Justicia, cuyos fondos nutrían al Patronato, quien a su vez financiaba los reformatorios, con partidas anuales a las congregaciones de monjas, encargó un estudio sobre el centro de Peñagrande. Hasta 1968 ya habían pasado por allí miles de mujeres. Varias funcionarias se personaron en el reformatorio, en el que en aquellos momentos estaban internadas 250 mujeres y niñas, con edades comprendidas entre los 12 y los 24 años, y 200 niños, de hasta cuatro años de edad. Estaba gestionado por 36 religiosas Esclavas de la Virgen Dolorosa. Dos años después, serían las Cruzadas Evangélicas las que se encargarían del centro hasta su clausura, a principios de 1984.

Llama la atención el apartado destinado a los castigos. Las funcionarias constataron que “estos más que castigos son vejaciones que no parecen estar conformes con el respeto debido a la dignidad de la persona humana. Las privaciones de comida y de descanso nocturno impuestas a jóvenes madres gestantes y lactantes que trabajan todo el día no están indicadas”, dice el informe.

El estudio no explicita más castigos, además de las privaciones de alimento y sueño. Para las funcionarias, que son citadas en el informe como ‘visitadoras’, aquellos castigos “deberían desecharse totalmente. Son peligrosos, ‘ineducativos’, anti legales y contrarios al espíritu cristiano”.

Por algunas de las mujeres que fueron recluidas en aquel centro, este diario sabe que otro de los castigos consistía en no poder atender a los bebés ni darles el pecho aunque lloraran a rabiar hasta que no se hubiera concluido la tarea asignada, por ejemplo, coser pantalones vaqueros, que luego las monjas vendían en el exterior.

Las autoras del trabajo sobre Peñagrande criticaron el régimen de vida “severo y carcelario de las internas, la censura en la correspondencia, el poco tiempo que las madres podían pasar con sus hijos y lo deficitariamente vestidas que iban las chicas: “Llevan unas batas mal confeccionadas, desteñidas y en ocasiones no muy limpias”.

En cuanto a la alimentación, las funcionarias constataron lo deficiente que era: pocas proteínas y mucho pan. “Comida insuficiente, abundancia de pan y escasez de carne y pescado (…) Al mediodía, judías estofadas, sin chorizo ni tocino (…) Para cenar, figura chorizo con pan frito (…) que no fue del gusto de las jóvenes”.

Las cuentas de las monjas no cuadran

A las visitadoras les llamó la atención el poco gasto que hacían las religiosas en medicamentos. Considerando que se producen unos 30 partos mensuales y es preciso añadir la medicación de gestantes, madres y niños, ese gasto es muy reducido”, decían.

En el capítulo económico, la congregación religiosa no salía bien parada. “Los datos que nos proporcionó la reverenda madre sobre subvención por acogida y día, dotación de ropa para los niños, etc. no concordaron con los que teníamos del patronato”.

Como conclusión, las visitadoras pidieron que el centro cerrara, “se disolviera, y se reorganizara totalmente con un espíritu nuevo”. Pero nada más lejos de la realidad. El informe se guardó en un cajón, no tuvo efecto alguno pese a las graves irregularidades que denunciaba. Las vejaciones a las jóvenes no solo quedaron impunes, continuaron produciéndose 16 años más, como una marca indeleble de la represión franquista hacia las mujeres.

Imagen de Peñagrande en 1959, publicada en la web de antiguas internas / Fuente foto
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Niños robados y adopciones irregulares

El objetivo del reformatorio de Peñagrande era, sobre el papel: “Acoger a la joven soltera que va a tener un hijo y proporcionarle un ambiente discreto, hogareño, seguro, donde pueda prepararse para ser madre (…) Además prestarle una ayuda que le permita quedarse con el niño si así lo desea”, recordaba el informe, en 1968.

Sin embargo, las presiones a las jóvenes madres para que dieran a sus bebés en adopción, sin que conste en numerosos casos algún certificado oficial que recoja la renuncia de la madre, fue la tónica general en Peñagrande. Las visitadoras proponían que “se organicen urgentemente servicios de adopción, ya que está demostrado que en numerosos casos, esa medida es la mejor solución para el niño y para su madre”.

De aquellas presiones de las monjas a las jóvenes gestantes no hay, al parecer, prueba escrita. Pero los testimonios de muchas de las mujeres que dejaron en el centro a sus recién nacidos, ya fuera porque nacieron muertos, como les aseguraron, o porque no tuvieron más remedio que sucumbir a las amenazas de las religiosas, coinciden en señalar el modus operandi que ya apuntaban las funcionarias del Ministerio de Justicia: “No se trata de sugerirles y menos de imponerles el abandono del hijo, sino de orientarlas para tomar respecto a su hijo la mejor decisión”.

El extraño viaje de los ‘papeles’ de Peñagrande

El reformatorio de Peñagrande funcionó 29 años, hasta principios de 1984. Toda la documentación que generó su actividad, así como los archivos del Patronato de Protección a la Mujer y de Menor de Madrid, fueron trasladados a la recién creada Comunidad de Madrid. Así lo indicaba el Boletín Oficial madrileño en marzo de 1984.

Sin embargo, nunca llegó a producirse ese traspaso, como desveló una investigación de la revista Interviú en 2016. Esos archivos pasaron a la Dirección General de Protección Jurídica al Menor del Ministerio de Justicia, que en 1988 pasó a depender del Ministerio de Asuntos Sociales. Cuando este gabinete se fusionó, en 1998, con el de Trabajo, los papeles del Patronato en Madrid, incluidos los del reformatorio de Peñagrande, fueron enviados a la sede del Ministerio de Empleo, en la madrileña calle Agustín de Betancourt, donde permanecen.

De las 3.000 cajas de documentación que fueron transferidas al Ministerio de Empleo, solo se conservan 1.500. El resto fueron destruidas en 1996 debido a una inundación de los sótanos del ministerio, como confirmó a la citada revista Luis Casado de Otaola, jefe del Área de Documentación Administrativa del Ministerio de Empleo.

Y ahí, entre las cajas que se han conservado –apenas 30 de ellas contienen material sobre la delegación madrileña del Patronato de la Mujer, el resto versan sobre los servicios de protección al menor del franquismo en Madrid–, se halla el informe de 1968 sobre el reformatorio de Peñagrande. La periodista que firma este artículo descubrió el documento en 2017.

Este diario ha podido saber de antiguas fuentes de la Secretaria de Estado de Justicia que entre el material documental del Patronato de la Mujer en Madrid constan expedientes de mujeres internadas en Peñagrande, del nacimiento de sus hijos y de las posteriores adopciones llevadas a cabo por mediación de los servicios sociales de la dictadura, en manos de religiosas –por ejemplo, en Madrid, era la conocida sor María la encargada de las adopciones, muchas de ellas, irregulares, por lo que llegó a ser investigada–.

Pero esos expedientes, vitales para las personas que buscan sus orígenes biológicos, no aparecen. Puede que la mala fortuna provocó que desaparecieran entre las 1.500 cajas destrozadas por la inundación en 1996.

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(1) El Patronato de Protección de la Mujer, anacrónico e inadecuado, Ángeles García

El País, 2 de octubre de 1977

El Patronato de Protección de la Mujer tiene centros dispersos en numerosas ciudades españolas. En Madrid cuenta con dos centros propios y otros dos en los que funciona con colaboraciones de instituciones religiosas. Los centros propios del Patronato son la residencia de Peñagrande Madre de la Almudena, para madres solteras, de la calle de Isla Malaita número 2 y 4 y la Escuela del Pilar de San Fernando de Henares, para jóvenes procedentes de la prostitución. Ambos centros están regidos por la Orden Religiosa de las Cruzadas. Los centros colaboradores del Patronato son el Colegio de las Adoratrices, en Padre Damián, 52, la institución Januacaelli, de Collado Villalba, y el Colegio de las Adoratrices, de Alcalá de Henares. La participación del Patronato en este segundo grupo se reduce a abonar una cantidad aproximada a las cien pesetas por cada una de las internadas y una gratificación mensual de 2.000. pesetas a las monjas encargadas de la tutela de las chicas.

El embarazo, un motivo de internamiento

Cualquier joven mayor de dieciséis años, contra la que el padre presente una denuncia, puede ser internada en los centros del Patronato. Los motivos pueden ser la prostitución, el vagabundeo, una fuga de casa, el embarazo, inadaptación familiar, o conductas inadecuadas, concepto que engloba los más diversos motivos: desde la negativa de una hija a entregar el sueldo íntegro a sus padres hasta la supresión, por vía rápida, de la presencia molesta en el hogar de la joven. El proceso para ingresar a la inadaptada hemos dicho que se inicia con la denuncia del padre, a veces de cualquier familiar, o bien ha sido detenida por la policía. El siguiente paso corresponde a la Junta Nacional, órgano central del Patronato, que debe decidir, a la vista del expediente, el ingreso de la muchacha, aunque, de hecho, quien realmente decide es la secretaria de la junta, María Antonia Caballero, y después, cuando la junta se reúne, en general se ratifican todas las decisiones tomadas por la secretaría, ya que entonces han sido distribuidas por los distintos centros. Todo ello se hace ante la más alarmante ausencia de profesionales capacitados -siquiatras, sicólogos, pedagogos e incluso asistentes sociales- que, al menos teóricamente, están especializados en estos temas; pese a que se cuente con algún siquiatra cuyo trabajo es puramente simbólico, según una asistente social.

Finalmente, el diagnóstico corre a cargo del Centro de- Observación y Clasificación (COC). Aquí, las chicas ingresadas pueden pasar esperando su centro de destino varios días, e incluso a veces llegan a esperar durante un mes; tiempo durante el que permanecen en la más absoluta inactividad.

El mayor problema se presenta en la distribución que se realiza desde el COC, ya que no se tiene en cuenta los motivos que han determinado el internamiento de la joven descarriada. Por ello, las chicas a las que se considera necesitadas de una especial protección y reeducación, punto que se determina en el COC, se quedan irremediablemente bajo la mano tutelar del Patronato. Parte de estás chicas presentan importantes perturbaciones síquicas, pero, en general, este punto no es tenido en cuenta y estas muchachas son destinadas a los mismos centro en los que se encuentran otras, mentalmente sanas, ante las que las familias, y luego el Patronato, han considerado que observaban una conducta irregular.

La mezcla indiscriminada entre unas y otras comporta forzosamente una serie de problemas que alteran la convivencia entre las internadas, dificultades que provienen del inadecuado funcionamiento de la institución. Una de las asistentes sociales en contacto con EL PAIS simplificó el problema de las jóvenes deficientes mentales con la siguiente frase: «Si están locas, las mandan al Alonso Vega, y si no se suicidan». Este es el trato especial que las internas pueden esperar.

La vida que las chicas realizan en los centros tampoco parecen especialmente adecuadas para la adaptación de las muchachas a la sociedad. El caso más sangrante de la actividad de las internadas lo constituye el del colegio de Collado Villalba. Las chicas que aquí habitan tienen en común haber sido rechazadas por los restantes centros debido a que, en general, son las más propensas a grandes depresiones, ataques de histeria, intentos de suicidio; puntos estos que hacen muy difícil la convivencia. Paradójicamente, las monjas encargadas de reeducar a estas chicas son las que presentan el índice cultural más bajo. La mayoría de ellas no han rebasado la enseñanza primaria. Las actividades que se realizan en este colegio se reducen a unos cursillos de secretariado del servicio de Promoción Profesional Obrera (PPO), que se inician en noviembre y finalizan en abril, y a los que asisten, previo pago, chicas del pueblo de Villalba. Aquí se da el caso de que las chicas internas, muchas de las cuales no dominan el castellano, reciben clases de inglés, clases que, evidentemente, son incapaces de asimilar, lo cual multiplica su estado de frustración.

El resto de chicas, consideradas como totalmente incapaces para asimilar cualquier conocimiento, pasan su tiempo realizando trabajos manuales consistentes en doblar pañuelos o montar cajas de algún producto comercial que después se vende a las fábricas.

El resultado de estos intentos de adaptación es el alto porcentaje de chicas que intentan suicidarse y aumento progresivo de sus crisis nerviosas.

Las escasas e inadecuadas actividades cotidianas, falta de trabajo creativo y el mal acondicionamiento de los centros, unido al alto número de oficios religiosos a los que, con carácter obligatorio, tienen que asistir las internas, hacen que la vida en los centros del Patronato sea especialmente dura para chicas que presentan problemas de adaptación.

El personal seglar que trabaja en los centros está formado por visitadoras y asistentes sociales. A las primeras no se les exige ninguna titularidad para trabajar. El único requisito que deben cumplir es poseer espíritu apostólico.

Funcionamiento del Patronato

El Patronato de Protección de la Mujer es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia. Su origen data de 1902. Fue disuelto durante la República, para reaparecer en 1941. Su fin es «velar por la moralidad pública y, muy especialmente, por la de la mujer». Su funcionamiento depende de una Junta Central integrada por una presidencia de honor, dos vicepresidentes, un secretario general, un tesorero, un consiliario designado por la Iglesia, diez vocales de libre designación ministerial y diez vocales natos: el obispo de Madrid-Alcalá, un representante de la Delegación Nacional de la Sección Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las JONS, la presidenta de la rama de mujeres de Acción Católica, el capitán general de la primera región, los subsecretarios de. Gobernación (Interior) y Justicia, los directores generales de Seguridad, Sanidad, Prisiones y Trabajo, el, presidente del Consejo Superior de Protección de Menores, el fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, el presidente de la Federación de Hermandades de San Cosme y San Damián y los presidentes de cada uno de los patronatos centrales de Redención de Penas por el Trabajo de Presos y Penados.

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