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Antonio Gómez Movellán, Observatorio del Laicismo, 23 de enero de 2023
Luis Arguello, el que fuera portavoz de la conferencia episcopal y actual arzobispo de Valladolid, ha lanzado, en medio de la polémica del aborto en Castilla y León, una perorata en favor de los protocolos denominados provida que el gobierno de Castilla y León quería imponer a las mujeres que deciden abortar y que no es más que una coacción a la libertad personal por razones morales.
En realidad, la Iglesia católica en España ha estado, durante décadas, obstaculizando la legislación sobre el aborto libre y chantajeando a los gobiernos de tal o cual color político para que se imponga la moral católica en la legislación y lo mismo ocurrió con la legislación del divorcio, el matrimonio igualitario o la eutanasia. Que una entidad privada publicite su moral en tal o cual asunto es muy licito, pero no lo es que, desde un privilegio institucional, utilice el chantaje al sistema político e incluso pretenda imponer, en las normas civiles, una moral privada en contra de las convecciones internacionales de derechos humanos suscritas por el Estado español. Lo paradójico es que todavía, en nuestro país, por ejemplo, el matrimonio católico y su nulidad tengan una eficacia directa sobre nuestro ordenamiento civil.
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