EL PAÍS pregunta a 141 órdenes y diócesis sobre el resultado de sus investigaciones y cuántos casos conocen, después de entregar tres informes con cientos de testimonios. El silencio continúa siendo la respuesta general
__________
Julio Núñez-Íñigo Domínguez, El País, 27 de diciembre de 2022
La Iglesia católica española ha tenido un año para afrontar su primera gran investigación sobre la pederastia en España, que se vio obligada a emprender a raíz del primer informe de EL PAÍS, en diciembre de 2021, con 251 casos inéditos. Esta cifra se ha doblado hasta 500 en este año, con un segundo dosier, entregado en junio, y un tercero, presentado este mes. En total, más de 1.000 páginas. Sin embargo, un año después, el balance es nulo: nada se sabe de la respuesta a estos casos y la transparencia no solo no ha aumentado, sino que ha empeorado. La Iglesia ha cerrado filas y se sigue negando a revelar lo que sabe: este diario ha preguntado a las 141 entidades con acusaciones, entre órdenes y diócesis, sobre el número de casos que conocen, cuántos procedimientos canónicos han abierto y cuántas indemnizaciones han pagado. Más de un mes después, casi ninguna ha facilitado información. El silencio es aplastante, solo el 13% ha aportado algún dato. Los casos de cada entidad y sus respuestas se pueden consultar en las tablas de datos que acompañan esta información.
Por otro lado, la atención a las víctimas ha sido decepcionante en la mayoría de las ocasiones, según denuncian decenas de afectados, con criterios erráticos en función de la sensibilidad personal de cada obispo o la política de cada congregación. Va del ninguneo a recibir, en casos contados, hasta 40.000 euros, según la suerte que tenga cada afectado de con quién le toque. EL PAÍS no facilitó en sus informes la identidad de las víctimas, pero se ofreció a la Iglesia para mediar con ellas y que pudieran colaborar en la investigación, si así lo deseaban. La Conferencia Episcopal Española (CEE), no obstante, se negó en un primer momento a coordinar esta tarea y este diario tuvo que gestionar el contacto entre cientos de denunciantes y decenas de entidades. A raíz del segundo informe, seis meses después, la CEE por fin se decidió a hacerlo. En todo caso, muchas de las víctimas, escépticas con la investigación —pues cada diócesis y orden se investiga a sí misma—, no han accedido a contactar con los organismos eclesiásticos y han preferido hacerlo con el Defensor del Pueblo.
Obligadas por el Vaticano, las diócesis abrieron en 2020 oficinas de atención a las víctimas, pero en muchas de ellas ni se encuentra el contacto en su web. Se desobedece sistemáticamente al Papa en varios puntos: en ocasiones no se abre una investigación si no hay denuncia directa de la víctima, algo que ya no es necesario; no se la informa de la posibilidad de una compensación; cuando se hace, se imponen cláusulas de silencio; y aunque haya una condena del abusador, no se le da a la víctima la información del caso, ni siquiera el nombre del acusado cuando no lo recuerda, pero sí ha sido identificado por la Iglesia. Aunque condene al acusado, tampoco revela luego dónde ha estado destinado: por ejemplo, la diócesis de Orihuela-Alicante se ha negado a informar de los destinos de un cura pederasta durante 35 años.
_____________
Es frecuente que la respuesta se limite a tratar la denuncia de abusos exclusivamente como un asunto jurídico, sin contemplar la escucha y la ayuda. En muchos lugares, la primera reacción con la víctima no es de acogida, sino de desconfianza y cuestionamiento. En poblaciones pequeñas, a veces se acompaña del rechazo social hacia quien denuncia.
Un ejemplo de falta de empatía es el caso de Roberto, nombre ficticio de uno de los denunciantes del primer informe de este diario, en diciembre de 2021. En la diócesis de Orihuela-Alicante lograron identificarlo y fueron a buscarlo directamente a su vivienda unos días más tarde. “Estaba en casa y llamaron al telefonillo. Era la voz de una mujer que me dijo: ‘Abre, que vengo a hablar de los abusos’. Me inundó el pánico, no sabía cómo me habían encontrado”, explica.
Roberto bajó y, según su relato, lo invitaron a que subiera a un coche y lo condujeron a una iglesia donde estaba el fiscal general de la diócesis. Lo sometió a un interrogatorio. “Me dijeron que mis declaraciones tenían contradicciones. Yo estaba muy nervioso por todo lo que estaba pasando. Me sentí como un terrorista”, narra. Esta víctima, que acusa de abusos entre 1998 y 1999 a un sacerdote de iniciales F. N. C., afirma que los encuentros siguieron en su casa: “Se encerraron con mi madre en el salón para hacerle preguntas, quedaron con algunos de mis amigos… No aguanté más, sufrí sarpullidos y tuve que volver al psicólogo. Le dije a la diócesis que no quería saber nada de ellos”. Roberto, de hecho, tiene miedo de que, al contar en la prensa su historia, la Iglesia vuelva a llamar a su puerta.
En todo caso, lo que están haciendo órdenes y diócesis con las denuncias es un misterio. Solo cuatro obispados han respondido a EL PAÍS sobre su actuación en los casos que les afectan: Tarragona, Cartagena, Bilbao y Madrid. Esta última ha sido la única en hacer una descripción precisa del estado de cada proceso, junto con los nombres de los acusados y sus destinos.
La archidiócesis madrileña es una de las pocas que ha demostrado un compromiso creíble por averiguar la verdad y escuchar a las víctimas, con la puesta en marcha del servicio de atención Repara. Ha habido dos diócesis, Astorga y Pamplona-Tudela, que ni han respondido a la consulta. Solo en 12 no constan casos o aseguran no conocer ninguna acusación: Barbastro-Monzón, Cádiz-Ceuta, Huesca, León, Lleida, Menorca, Mondoñedo-Ferrol, Osma-Soria, Sigüenza-Guadalajara, Urgell, Vitoria y el arzobispado castrense. En cuanto a las órdenes, solo ocho han accedido a informar sobre sus casos. El resto, 34 no han contestado.
___________
Respuestas al cuestionario.
Por diócesis
Respuestas al cuestionario
Por órdenes religiosas
______________________
La Iglesia siempre ha ido a remolque del escándalo: ha pasado de negar que hubiera casos en España a reconocer 220, en abril de 2021, y un año después, de golpe, 506, sin dar ningún detalle. Sigue sin haber más cifras que la contabilidad que lleva este diario en una base de datos abierta que se nutre de informaciones de medios y sentencias: ya ascienden a 906 clérigos y laicos acusados y al menos 1.713 víctimas. Hace cuatro años, cuando EL PAÍS inició su investigación, solo se contaban 34 acusados.
El hermetismo se mantiene: ninguna orden ni ninguna diócesis quiere informar de cuántas denuncias, además de las remitidas por este diario y las que han salido a la luz por otros cauces, les han llegado a sus oficinas de atención a víctimas. Algunas que hasta ahora lo hacían, y aportaban detalles de los casos en las investigaciones de este diario, han dejado de hacerlo. Ahora la respuesta más frecuente es que remiten sus datos a la Conferencia Episcopal. Pero la CEE tampoco responde.
El órgano de los obispos ha pasado de sostener que ignoraba el número de casos en España, escudándose en que no podía pedir datos a las diócesis, por no tener autoridad sobre ellas, a indicar a los obispos qué información deben entregar a la Fiscalía y reclamarles que remitan a la CEE toda la información. El resultado sigue siendo el mismo, total opacidad. En teoría, se está centralizando la información para ofrecerla el próximo marzo, según revelan documentos internos.
________________
