El Ejecutivo elude responder a un senador de Compromis por qué no hace pública la relación de los 34.984 bienes inscritos entre 1998 y 2015, en contra de la reclamación del Consejo de Transparencia. En su contestación, en cambio, el Gobierno advierte que las inscripciones eclesiales “no constituyen el título de adquisición de propiedad”.
De izq. a der., algunos templos inmatriculador por la Iglesia: el campanario y ábside de la Iglesia-Fortaleza de Sant Bertomeu (Xàbia, Alicante); la Iglesia de Santa Cruz de Ribas de Campos (Palencia); el santuario de la Fuensanta (Córdoba); y la Iglesia de San Juan de los Panetes
A. Moreno, Público, 30 de marzo de 2020
El Gobierno ha vuelto a dar un portazo a la publicación de los casi 35.000 bienes inmatriculados por la Iglesia católica entre 1998 y 2015. En una respuesta por escrito dirigida al senador por Compromis Carles Mulet el pasado 17 de marzo, el Ejecutivo elude nuevamente hacer pública la relación de fincas inscritas y ni siquiera responde a la razón que se esconde detrás de su negativa.
El listado de bienes inmatriculados por la Iglesia católica en virtud del polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria de 1946 fue solicitado en sede parlamentaria por la coordinadora Recuperando en febrero de 2017. Dos meses después, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó por mayoría una proposición no de ley, formulada por el PSOE, para reclamar el voluminoso inventario de fincas, que incluye la práctica totalidad del patrimonio histórico de España, así como cementerios, plazas públicas, huertos, viviendas y hasta un frontón.
El entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ordenó en octubre de 2017 al Colegio de Registradores de la Propiedad que elaborara la relación de inscripciones de la Iglesia católica y un año después, tras la moción de censura,Pedro Sánchez se comprometió a hacer público el listado.
El Consejo de Transparencia reclamó al Gobierno la difusión de las inmatriculaciones
Han pasado casi dos años y el Gobierno no solo no ha divulgado el inventario sino que ha pleiteado con el Consejo de Transparencia, que en una resolución de septiembre pasado reclamó la difusión del documento por tratarse de “información pública”.
En la pregunta formulada el 27 de enero de 2020, el senador valenciano expone con profusión de detalles la cronología de los hechos y la sorprendente negativa del Ejecutivo de Sánchez, pese a su compromiso programático refrendado en su discurso de investidura de enero. Mulet termina dirigiendo una pregunta concreta: “¿Por qué no hace público este listado?”.
En su respuesta, el Gobierno esquiva la cuestión y se limita a aducir textualmente que “está elaborando el informe relativo a la situación de los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia Católica sobre la base de los listados solicitados a los registradores de la propiedad a través del Colegio de Registradores“.
La contestación oficial y por escrito del Ejecutivo contrasta con la resolución del Consejo de Transparencia, donde subrayaba que el listado facilitado por los registradores y ya en poder del Ministerio de Justicia no era en modo alguno una relación provisional sino definitiva de las inscripciones eclesiásticas realizadas a partir de 1998.
La coordinadora Recuperando, que agrupa a una veintena de colectivos patrimonialistas, cree, sin embargo, que el listado de las casi 35.000 fincas puede estar aún incompleto, eleva a 100.000 los registros desde 1978 y teme que la negativa del Gobierno a hacerlo público obedezca a algún acuerdo opaco con la Iglesia católica que incluya contraprestaciones de distinto signo.
El Gobierno apunta en su respuesta que las inmatriculaciones “no constituyen el título de adquisición de la propiedad”
En su escueta nota de respuesta, el Gobierno recuerda que la “inscripción en el registro no constituye el título de adquisición de la propiedad, sino que tiene valor declarativo, generando la presunción de que el bien pertenece a su titular registral”. Es significativo que el propio Ejecutivo ponga en duda la titularidad de estos bienes pese a figurar en el registro como propiedad de la Iglesia. Los colectivos patrimonialistas, que consideran estos asientos registrales nulos de pleno derecho por inconstitucionales, han insistido precisamente en que las inmatriculaciones de la Iglesia producían una “presunción de propiedad” que no se correspondía con la realidad material.
>No es la primera vez que el senador Carles Mulet reclama al Gobierno por escrito información relativa a los bienes inmatriculados por la Iglesia. Ya en 2016 dirigió una pregunta por el procedimiento reglado y el Ejecutivo sostuvo entonces que el Ministerio de Justicia no disponía de “dato alguno relativo a la inmatriculación de bienes de la Iglesia católica”, porque se trataba de una “cuestión ajena al ámbito de sus competencias”.
Cuatro años después, los hechos han demostrado todo lo contrario
Pregunta de Carles Mulet / Respuesta
Pregunta de Carles Munet enviada por escrito al Senado
27 de enero de 2020
Un año después el Gobierno estatal sigue sin hacer público el listado de inmatriculaciones de la Iglesia Católica. El Gobierno de Sánchez anunció hace un año que disponía ya del listado de bienes inmuebles inscritos de forma irregular por la jerarquía católica, entre ellos la Mezquita de Córdoba y la Giralda de Sevilla, así como decenas de miles de cementerios,plazas públicas, ermitas municipales, iglesias, casas, locales comerciales e incluso frontones.
Un año después el Gobierno estatal sigue sin hacer público el listado de inmatriculaciones de la Iglesia Católica.
Veinte colectivos exigen la restitución de la legalidad y la devolución de miles de inmuebles apropiados, entre ellos la Mezquita de Córdoba.
Un año después de que el Gobierno de Pedro Sánchez anunciara formalmente que ya disponía del listado de inmatriculaciones de la Iglesia católica, la información sigue guardada en un cajón del Ministerio de Justicia. El Ejecutivo ha incumplido, por consiguiente, su compromiso de hacer público el ingente número de bienes inmuebles inscritos de forma irregular por la jerarquía católica, entre ellos la Mezquita de Córdoba y la Giralda de Sevilla, así como decenas de miles de cementerios,plazas públicas, ermitas municipales, iglesias, casas, locales comerciales e incluso frontones.
La publicación del listado es una demanda de la coordinadora Recuperando, que agrupa a una veintena de colectivos ciudadanos. En febrero de 2017, Recuperando formuló ante el Congreso de los Diputados una petición por escrito y en abril de ese mismo año la Comisión de Justicia asumió una Proposición No de Ley para exigir al Gobierno la elaboración del listado de inmatriculaciones.
En octubre de 2017, el entonces presidente Mariano Rajoy ordenó al Colegio de Registradores de la Propiedad que elaborase la relación de inscripciones de la Iglesia un año después, el 2 de agosto, tras la moción de censura, Pedro Sánchez se comprometió a ejecutar la decisión parlamentaria. Han transcurrido ya dos años y cuatro meses desde la aprobación de la PNL, impulsada por el PSOE, y, según ha trasladado esta coordinadora, el Gobierno de Sánchez sigue sin cumplir su compromiso, pese a que su propia vicepresidenta, Carmen Calvo, formó parte de la comisión de la Mezquita de Córdoba que reclamaba su titularidad pública.
La devolución de los bienes indebidamente inmatriculados por la Iglesia forma parte del programa electoral del PSOE y de Unidas Podemos. Recuperando solicitó el año pasado por escrito sendas entrevistas con la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Diez meses después ninguna de las dos ha accedido a reunirse con el colectivo ciudadano.
Recuperando reclama la publicación del listado completo de inmatriculaciones y las notas simples de los bienes irregularmente registrados por la Iglesia católica entre 1946, año de la promulgación del polémico artículo 206 de la Ley Hipotecaria, y 2015, cuando el ministro Alberto Ruiz Gallardón se vio obligado a derogarlo, ante la evidencia de su inconstitucionalidad.
La coordinadora Recuperando está formada por una veintena de colectivos ciudadanos, entre ellos MHUEL, la Plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro, la Plataforma Mezquita Catedral, Europa Laica, Redes Cristianas, la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla o el Grupo de Inmatriculaciones de Asturias.
¿Por qué no hace público ese listado?
Respuesta, 17 de marzo de 2020
En relación con el asunto interesado, se señala que se está elaborando el informe relativo a la situación de los bienes inmatriculados a favor de la Iglesia Católica sobre la base de los listados solicitados a los Registradores de la Propiedad a través del Colegio de Registradores. El listado hará referencia a los bienes que cada Registrador ha detectado como inmatriculados en su Registro a nombre de la Iglesia Católica, ladiócesis o las parroquias correspondientes, así como a nombre de aquellas entidades u órdenes religiosas de las que se haya tenido conocimiento en el respectivo Registro dela Propiedad.
La inscripción en el Registro de la Propiedad no constituye el título de adquisición de la propiedad, sino que tiene valor declarativo, generando la presunción de que el bien pertenece a su titular registral.
