28 de noviembre de 2019
Se conocía ayer que el Gobierno se resistía a dar a conocer el listado de bienes inmatriculados por la iglesia católica, bienes que pueden alcanzar los 100.000 desde el comienzo de la democracia y que se cifran en 35.000 entre 1998 (ley Aznar) y 2015.
Adelantaba El País que el Ministerio de Justicia ha recurrido ante los tribunales el dictamen del Consejo de Transparencia que instaba al Ejecutivo a publicar el listado de bienes inmatriculados por la Iglesia, elaborado por el Colegio de Registradores, amparándose en una disposición de la ley en virtud de la cual no es obligatorio publicar información en curso de elaboración y añadió que cuando la tenga lista se la entregará al Congreso, que fue quien encargó que se elaborara.
Las primeras reacciones, como cabía esperar, no se hicieron esperar. La Coordinadora Recuperando emitió un comunicado entendiendo que «con esta inexplicable medida, el Ejecutivo busca blindar, de facto, uno de los privilegios de la Iglesia católica» «Este giro insólito del Gobierno evidencia, en opinión de Recuperando, que Pedro Sánchez está utilizando el escándalo de las inmatriculaciones como moneda de cambio para negociaciones inconfesables y en la sombra con la jerarquía católica»…
Esta mañana sería José María Izquierdo en la SER (El ojo izquierdo) quien planteaba el tema:
La Iglesia y sus muchas propiedades
¿Ven alguna razón por la que un gobierno socialista y laico, dispuesto a pactar con la morralla comecuras, la derecha dixit, protege así a obispos, arzobispos y cardenales?
¿Saben ustedes cuántos inmuebles, desde catedrales a pisitos de soltero ha registrado a su nombre la Iglesia Católica en los últimos 20 años? Ni lo van a saber, porque al Gobierno no le da la gana hacerlo público.
¿Pueden ser treinta mil? Pues quizá, pero lo mismo son 35.000 0 40.000, vayan ustedes a saber.
Resulta que en España existe un organismo público que se llama Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con presidencia, vicepresidencias y asesorías, que ya en septiembre le dijo al Gobierno que debía publicar ese listado, solicitado al Consejo por El País. Ni flores, que decimos en Chamberí.
Sería bueno que la ministra de Justicia, la portavoz del Gobierno o la mismísima vicepresidenta, tan presente en nuestras vidas, nos digan por qué se niega a enseñar ese listado, en su poder desde hace dos años y guardado desde entonces bajo siete llaves.
¿Ustedes entienden algo? ¿Ven alguna razón por la que un gobierno socialista y laico, dispuesto a pactar con la morralla comecuras, la derecha dixit, protege así a obispos, arzobispos y cardenales?
